En los últimos meses, los costarricenses hemos escuchado una historia que parece salida de una novela policiaca estadounidense. Un grupo de periodistas descubrió una especie de red interinstitucional que –aparentemente- manejó en forma inapropiada las relaciones políticas, modificó regulaciones administrativas, intercedió en favor de intereses particulares y desaplicó los controles financieros sobre los fondos de los bancos estatales, para beneficiar un grupo económico liderado por un empresario que daba sus primeros pasos en un sensible sector de la economía nacional. Ese enredo sigue en desarrollo y, por ahora, no sabemos cómo va a terminar.
Toda esa trama hace que uno se pregunte si existe alguna solución para el problema generado por el comportamiento indebido de nuestros dirigentes políticos, porque, seamos realistas, en qué puede terminar una historia donde todos son conocidos o amigos.
Algunas reacciones que procuran evitar la impunidad de esos hechos, ilusionan el golpeado espíritu cívico costarricense. La Asamblea Legislativa realiza una investigación política que cada día ofrece mejor semblante, y el Poder Judicial, a través del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y los despachos judiciales, toma medidas apropiadas para recabar prueba, descubrir la verdad de los hechos y, en caso de resultar procedente, fijar las responsabilidades correspondientes.
Eso está bien. Es necesario que los aparatos político y represivo investiguen y juzguen imparcialmente a las personas involucradas en los hechos cuestionados. Si las pruebas demuestran que son inocentes, bien por esas personas, pero si demuestran que son culpables, esperamos que se apliquen las sanciones legales pertinentes.
El inconveniente es que persiste el problema de fondo. Se sanciona a las personas que participaron en el escándalo de turno, pero se mantienen en el poder los políticos que saben cómo funciona el sistema y lo aprovechan.
En nuestro país, hoy en día, es común leer en los periódicos o escuchar en los noticiarios que los integrantes de las agrupaciones políticas nacionales elegidos o designados para ocupar puestos importantes en el organigrama estatal son acusados por hechos impropios en el ejercicio de la función pública.
Y como si nada pasara, cuando sus nombramientos finalizan, son sustituidos por personas que provienen de sus mismos partidos políticos o del partido que gana las elecciones y que se encuentra en el poder en ese momento. Lo que es peor, al cabo de unos meses, estos nuevos funcionarios también resultan acusados por hechos similares a los atribuidos a sus antecesores. No sé ustedes, pero tengo la sensación de haber visto esa película varias veces, y ya me aburre.
Curiosamente, el origen de ese problema reside en nuestra Constitución Política, cuyo artículo 98 otorga a los partidos políticos el monopolio del acceso a los puestos de elección popular, que corresponden al Presidente, Vicepresidentes, Diputados, Regidores y Alcaldes Municipales.
Con el agravante de que el Presidente y los Diputados son los encargados de designar a las personas que desempeñan altos cargos públicos en Ministerios, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Defensoría de los Habitantes e instituciones autónomas y semiautónomas que manejan gran cantidad de temas relevantes para nuestra sociedad (y sus respectivos fondos económicos).
A mí, eso me suena como un buen plan para concentrar la posibilidad de acceder al poder público en las estructuras partidarias dominantes. No me mal interpreten. No estoy en contra de nuestro sistema político electoral.
Reconozco el rol que desempeñan los partidos políticos en la implementación del principio democrático que rige nuestra organización social, y su papel en el desarrollo social y económico del país. Además, entiendo la necesidad de contar con un sistema de acceso a puestos de elección popular que imponga límites a los bandidos que pretendan incursionar en la vida pública para servirse a su antojo.
Pero me incomoda pensar que, actualmente, la –única- vía para llegar a los puestos de dirección pública importantes en el país, pasa por los intereses partidarios. Considero que eso provoca que lleguen al sector público muchas personas que piensan solamente en sus intereses gremiales o particulares, porque todos sabemos que los integrantes de las estructuras de los partidos políticos responden a los intereses de las tendencias que conforman esas agrupaciones.
Eso hace que las personas destacadas en puestos importantes orienten su comportamiento a partir de intereses partidarios, dejando de lado los intereses de la mayoría de costarricenses. O será que yo me equivoco y nuestros partidos políticos sí representan los intereses generales de la sociedad costarricense. Estoy seguro que cada uno puede responder esa pregunta, sin necesidad de mayores explicaciones.
La única forma de modificar esa situación es reformando la Constitución Política. Sin embargo, la más reciente propuesta para modificar la Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente –también- fue víctima de las reglas electorales de acceso a los puestos de elección popular. Suena a algo así como el poder autoprotegiéndose.
El proyecto de convocatoria proponía elegir los diputados constituyentes entre partidos políticos y sectores de la sociedad costarricense, promoviendo la incorporación de personas destacas por sus méritos profesionales.
Sin embargo, antes de resolver la admisibilidad de la propuesta para convocar la asamblea constituyente destinada a revisar el modelo político constitucional costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones le pidió a los promoventes ajustar la designación de los constituyentes a las reglas constitucionales de acceso a los puestos de elección popular.
Con esa decisión, solo pueden ser constituyentes quienes militan en partidos políticos, y es de conocimiento público que las agrupaciones políticas les exigen a sus integrantes una residencia de años para poder acceder a las candidaturas de los puestos de elección popular. Permanencia que otorga el tiempo necesario para probar la lealtad partidaria de las personas. Ergo, solo los que siguen línea de partido, o sea los políticos de siempre, serían los candidatos a diputados constituyentes. Otra vez, el poder se autoprotege.
Adicionalmente, se le quitó la posibilidad de formar parte de la Asamblea Constituyente a cientos de costarricenses con méritos académicos y profesionales que superan los atestados de miles de políticos partidistas.
La solución de este problema puede surgir de una reforma constitucional promovida por los ciudadanos preocupados por el tema, o por una propuesta de algún partido político consciente del encajonamiento electoral que producen las reglas de acceso a los puestos de elección popular. Pero, me pregunto si existirá ese partido. No lo creo. Nos tocara a los ciudadanos promover la reforma aludida, teniendo presente que la decisión final le corresponde a la Asamblea Legislativa. Impactante, no.
Otra alternativa sería promover una consulta destinada a preguntar a los ciudadanos si apoyarían el rompimiento del monopolio de los partidos políticos para acceder a los puestos de elección popular. Espero que el futuro cercano traiga cambios en este tema, porque nuestra sociedad los necesita.
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