Una de las principales características que ha distinguido a este Gobierno y al anterior ha sido el no participar a los usuarios y consumidores de los servicios de transporte de personas en la modalidad “taxi” en las discusiones y análisis sobre la actualidad y el futuro de esta importante actividad económica y su eventual regulación como política pública.
La movilidad colaborativa y las distintas ofertas comerciales que operan en plataformas tecnológicas tales como Uber, Beego y otras que desean incursionar en el país sin duda llegaron para quedarse, y por una razón esencial, le ofrecen mejor calidad, servicio y costo al usuario, frente al mayoritario y tradicional servicio defectuoso que han ofrecido los taxis rojos.
La normativa que regula actualmente a los taxis se elaboró en el año 1965 con la supuesta intención de proteger al usuario, para lo cual no lo convocó a consulta. Los hechos demuestran que hoy día las Autoridades Nacionales continúan ignorando la opinión de los consumidores, a pesar de que existe un derecho reconocido en la Constitución -desde el año 1996- de respetar sus derechos a la seguridad económica y de garantizar su libertad de elección y de trato equitativo y de fortalecer las asociaciones que los defienden.
Las entidades “Consumidores de Costa Rica” y “Consumidores Libres” hemos solicitado de manera formal y expresa que se nos permita participar en las mesas de diálogo y análisis conducidas por el MOPT con el propósito de fortalecer el estudio técnico, pacífico y democrático sobre la regulación que afecta directamente al usuario y la única respuesta ha sido el silencio arrogante e indiferente de quienes ostentan el poder.
Nuestra razón de existencia es la protección del consumidor, no nos ajustamos a cálculos ni compromisos políticos con gremios de poder enquistados en el blindaje de sus privilegios que usan la Ley como estandarte ético. Es parte del conocimiento general las gollerías y abusos que rodean el otorgamiento y acumulación de placas de taxi en pocas manos.
Nuestra posición siempre ha sido y será de incorporar al mercado la mayor cantidad de oferta de transporte posible, ya que en la competencia radica la excelencia del servicio y su mejor precio, no en los usuales arreglos de “compadre hablados”.
En este momento las organizaciones de taxistas de la mano con el MOPT están consensuando un proyecto de ley que regulará a su conveniencia y voluntad la exclusión de los sistemas y plataformas que tanto han beneficiado al consumidor y que por otro lado ha significado una marcada solución al grave problema de desempleo que sufre el país. Y todo esto, sin haber invitado al análisis a quienes representamos los intereses del que paga el servicio.
La Ley es un instrumento que debe proveer paz y seguridad en la sociedad a la mayoría de los ciudadanos, los consumidores constituimos ese segmento poblacional, y nuestra opinión no le ha merecido ningún respeto al Ministro de Transportes ni a este Gobierno. ¿Señores, para quienes gobiernan Ustedes? Los hechos demuestran que no lo hacen en función de la mayor cantidad de ciudadanos.
¿Qué opinan del sastre que haga un “traje a la medida” sin conocer a quien lo va a usar? Es imposible considerar que la actuación sea lógica, profesional y adecuada.
Sin la opinión del consumidor los taxistas y el MOPT se están garantizando que el servicio, calidad y precio que pagará el usuario no estará ajustado a su mejor interés.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.