Nueva York, 10 ago (elmundo.cr) – La New York City Bar Association expresó su preocupación por lo que califica como un “desmantelamiento presupuestario y operativo” del Poder Judicial de Costa Rica, y advirtió que las recientes decisiones sobre los recursos y el funcionamiento de la institución pueden comprometer su independencia.
En un pronunciamiento publicado en agosto, la organización jurídica estadounidense cuestionó el recorte de aproximadamente ₡27.000 millones al presupuesto del Poder Judicial, una reducción que, según señala, fue impuesta por el Poder Ejecutivo y que podría afectar investigaciones criminales, atención a víctimas, defensa pública y el funcionamiento de los tribunales en todo el país.
La New York City Bar Association, fundada en 1870 y con más de 20.000 integrantes entre jueces, fiscales, abogados, académicos y profesionales del derecho, sostuvo que la autonomía presupuestaria constituye una garantía fundamental para la independencia judicial.
“Los tribunales no pueden funcionar de manera independiente sin recursos adecuados”, señala el documento, al advertir que la asignación de recursos puede convertirse en una herramienta de presión cuando las reducciones presupuestarias terminan debilitando la capacidad de los órganos judiciales para cumplir sus funciones.
Preocupación por la Sala Constitucional
El pronunciamiento también pone el foco sobre la situación de la Sala Constitucional, que enfrenta una falta de magistrados suplentes que puede impedirle alcanzar el quórum necesario para resolver determinados asuntos cuando alguno de sus integrantes titulares debe apartarse de un caso.
La organización estadounidense considera que ambos problemas, el recorte presupuestario y las dificultades para completar la integración de la Sala Constitucional, deben analizarse como parte de una preocupación más amplia sobre las condiciones institucionales que permiten garantizar la independencia judicial.
El documento señala que la falta de quórum ha dejado asuntos pendientes de resolución y menciona, entre ellos, la solicitud relacionada con el levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves.
La situación de las plazas vacantes en la Sala Constitucional ya había generado cuestionamientos dentro y fuera del país. A finales de julio, la propia Sala extendió el nombramiento de magistrados suplentes y ordenó a la Asamblea Legislativa retomar el proceso para llenar nueve vacantes.
Invocan principios de Naciones Unidas
La New York City Bar Association fundamenta buena parte de su pronunciamiento en los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados en 1985.
Según la organización, estos principios establecen que los Estados deben proporcionar al Poder Judicial los recursos financieros y humanos necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones.
También recuerdan que las instituciones del Estado tienen la obligación de respetar la independencia judicial y que las decisiones relacionadas con nombramientos deben responder a criterios de mérito e integridad y no a conveniencias políticas.
La organización aclara que no cuestiona la potestad soberana de los Estados para establecer sus prioridades presupuestarias. Sin embargo, advierte que una reducción de recursos puede dejar de ser una decisión fiscal ordinaria cuando, por su magnitud o efectos, termina presionando, desestabilizando o debilitando al sistema judicial.
Piden actuar al Gobierno y a la Asamblea
Ante esta situación, la organización estadounidense hizo un llamado tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa.
Entre sus recomendaciones se encuentra evitar utilizar la asignación presupuestaria como mecanismo de presión sobre el Poder Judicial, establecer un diálogo institucional transparente para determinar las necesidades reales de la institución y crear mecanismos que garanticen una asignación presupuestaria mínima y estable.
También pidió garantizar el pleno funcionamiento de la Sala Constitucional mediante la aprobación de suficientes magistrados suplentes.
Finalmente, la New York City Bar Association instó a organismos internacionales y regionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, a dar seguimiento a la situación de Costa Rica.
El pronunciamiento se suma a otras expresiones internacionales de preocupación. La International Association of Judges también emitió el 25 de julio un pronunciamiento sobre los recursos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
La advertencia adquiere especial relevancia en un país cuya Constitución y legislación reconocen la independencia del Poder Judicial, mientras el debate sobre el tamaño de su presupuesto, la seguridad ciudadana y la eficiencia del gasto público se mantiene como uno de los principales conflictos entre las instituciones del Estado.
