Tributos, corrupción e historia

» Por Marco Vinicio Monge Mora - Estudiante de secundaria en Colegio Salesiano Don Bosco

Existen quienes, cuando hablan del desequilibrio tributario, recuerdan con pesimismo aquella frase de Vicente Fox, en el contexto del rechazo por parte de los legisladores a su plan de reforma hacendaria (y en general a todas sus llamadas reformas estructurales): “el Presidente propone y el Congreso dispone”. Empero, una reforma fiscal -mucho más en el caso costarricense- requiere ser tomada con harta celeridad, pero también con cautela y estoicismo. Desde épocas pasadas, se puede apreciar cómo un mal sistema de impuestos y la corruptela desmedida, son capaces de destruir el progreso:

Épocas Coloniales. – Como proponen Daron Acemoğlu y James A. Robinson en: “Por qué fracasan los países”, el colonialismo español tuvo unas consecuencias mediatas nocivas para Iberoamérica. Verbigracia, la mita de Potosí, con un sistema de regulación de precios represivo, unos tributos en demasía extractivos y el abandono por parte de la Corona, causaron pobreza en los territorios abarcados por esta estructura social y afectaron las prácticas comerciales junto al patrimonio de los oriundos. En la actualidad, la amplia desigualdad de ingresos entre zonas como Acomayo (antes bajo la influencia de la mita de Potosí) y Calca, continúan aquejando a la República del Perú.

Imperio Otomano. – Fue fundado en 1299, creció hasta ser capaz de tomar Constantinopla en 1453 y llegó a su apogeo hasta 1566 con la muerte de su líder por antonomasia: Solimán el Magnífico. Como desarrolla Roberto Marín Guzmán, los otomanos adoptaron dos métodos fundamentales de organización: timar para las provincias europeas e iltizam (“finca de impuestos”) para las árabes. Durante esta época existía una clase denominada emanet (conformada en su mayoría por policía urbana y recaudadores de tributos), esta era tan corrupta y cobraba tasas tan draconianas que obligó a los habitantes de las regiones más fértiles a abandonar sus tierras para poder evitarlos. Cuando llegó el tanzimat como intento de restructuración, el costo demanial y poblacional era ya demasiado oneroso.

Riesgos tras cada medida. – Cuando el pánico cunde, pueden surgir propuestas desesperadas, las cuales incluso violen derechos tan sagrados como el de la libertad y la intimidad (artículo 24 de la Constitución Política y Sentencias 2129-08 y 19896-10 de la Sala Constitucional), como la descartada previamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa (expediente 19.639).

Se requieren reformas al empleo público y más herramientas para combatir la evasión fiscal -como la Ley 9416-, tal vez una modificación a la Ley de Concesión de Obra Pública podría ser oportuna, también. Aumentar o ampliar un gravamen requiere justificación y garantes de uso correcto. Así como la Ley 7972 fue creada para brindar liquidez a la Caja Costarricense del Seguro Social y recursos al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (con el fin de asegurar derechos humanos y mejorar indicadores sociales), ningún impuesto puede tener por objetivos facilitar privilegios y empobrecer a la ciudadanía. Aunado a ello, se requiere seguridad de contar con el presupuesto necesario para tomar acciones y no simplemente aprobarlas sin conocer la capacidad del erario público para darles abasto, pues según el Programa Estado de La Nación, más del 50% de las leyes aprobadas entre 1991 y 2014 carecieron de sustento económico.

La pobreza ronda el veinte por ciento y el déficit fiscal el seis, sin importar los colores, en los momentos dificultosos lo único que debe abanderarse es el bien común. Por ello (no con el fin de “minimizar la corruptela a la jurispericia”, como escribió Javier Pradera), se debe respetar la plenitud del articulado de la Ley 8422 -Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública- con el fin de orientar este proceso de renovación hacia la licitud y la probidad, y se han de hacer cumplir los artículos 338, 339, 347, 348, 349 y 363 del Código Penal, pues el gasto superfluo, el abuso del poder, la malversación y el peculado, no tienen lugar en una democracia consolidada ni en presupuesto nacional sano.

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