Cuando en semanas anteriores se aprobó en la Asamblea Legislativa una de las leyes tendientes a evitar o al menos prevenir el blanqueo de capitales relacionados con narcotráfico y terrorismo, quedó más que claro que cualquier esfuerzo relacionado con el combate al crimen organizado, no puede asumirse como un problema de características nacionales, ni pueden seguir usándose viejos conceptos de soberanía que han sido superados por la realidad.
Si en algo ha sido exitoso eso que hoy llamamos la aldea global es precisamente en el uso y abuso de la miseria humana.
Mercaderes y víctimas se relacionan gracias a la complacencia, la indiferencia, la poca experiencia o incluso la participación de autoridades nacionales e internacionales, que por acción u omisión, se vuelven cómplices de la tragedia que tenemos ante nuestros ojos y que hoy constituye material de las más populares series de la televisión.
En los últimos años y particularmente los últimos meses hemos pasado a ser los campeones de todo tipo de listas oscuras. La más reciente es la que nos coloca según la CEPAL como el número 1 de América Latina en lavado de dinero.
Mientras tanto, el Informe Mundial contra la Trata de Personas 2016 nos ubica por segundo año consecutivo dentro de los países en la categoría 2, lo que quiere decir que el país no cumple plenamente con las normas mínimas en el combate del delito, con riesgo de pasar a ser parte de los países que no cumplen con las normas mínimas ni realizan esfuerzos importantes para erradicar la Trata.
La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, tras el narcotráfico y la venta de armas. Datos de la Organización Internacional del Trabajo revelan que “la esclavitud moderna” cobra alrededor de 21 millones de víctimas, 19 millones de las cuales son explotadas en la economía privada donde un 25% son con fines sexuales.
Esta cifra implica que tres de cada 1.000 personas en todo el mundo sufren de una situación de trabajo forzoso en algún momento de su vida.
En lo que a nuestro país compete, la situación es cada vez más grave y aumentada ahora con el fenómeno migratorio y la proliferación del coyotaje. Recientemente, la operación Spartacus III a cargo de la Interpol en 25 países de América del Sur y Central culminó con el rescate de más de 2.700 víctimas, la detención de 134 personas y el desmantelamiento de al menos 7 redes de crimen organizado.
Estas redes tenían ramificaciones en Costa Rica. Puntualmente, en la zona de Paso Canoas se detectó un grupo importante de mujeres explotadas sexualmente. Y a la vez se detectaron redes para el tráfico de personas de origen africano y asiático.
Diversas Administraciones incluyendo la presente, han hecho esfuerzos como el reforzamiento de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, se han impulsado reformas al Código Penal, a la Ley General de Migración y Extranjería, la creación del Equipo de Respuesta Inmediata, así como la Ley Contra la Trata de Personas, la cual entre otras cosas, prevé penas de prisión de 4 a 20 años.
Pese a ello, el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre Trata y Tráfico de Personas señala que en materia de persecución del delito, el gobierno sigue sin condenar a los tratantes y ni a las personas que pagaron por llevar a cabo actos sexuales contra niños. Son pocos los esfuerzos para responsabilizar penalmente a los tratantes, y la escasa protección para las víctimas identificadas constituyen un serio vacío al que se suma la limitación de servicios especializados los cuales en su mayoría fueron proporcionados por organismos internacionales y la sociedad civil.
Lo crítico de la situación es que ello sucede a pesar de que se cuenta con una importante cantidad de recursos provenientes del impuesto de salida que el gobierno sigue sin desembolsar para los fines con los que fue creado.
Además y aparentemente por problemas relacionados con la dificultad de manejo del Fideicomiso en el Banco de Costa Rica, el Ministerio de Gobernación y Policía en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería no han podido ejecutar los US$3,6 millones de dólares acumulados en el fondo gubernamental.
Existiendo las leyes y el dinero para ejecutarlas, habría que preguntarse a que obedece esta situación. ¿Por qué no se ejecutan los dineros? ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones en este tema?
Es hora de abordar este tema de manera prioritaria y multidimensional. Estamos a tiempo de que el Gobierno incluso, lo lleve entre los temas de agenda a la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre próximo, ya que por buenas que sean las acciones que desarrollemos a lo interno, la temática requiere el compromiso y la atención de la comunidad internacional.