Evaluar si una declaración oficial es “acertada” depende en gran medida del cristal con que se mire: el realismo político, el derecho internacional o la ética social. Dice el dicho que el ojo solo ve para afuera. Sin embargo, podemos analizar la coherencia de estos tres pilares (Neutralidad, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible) para entender su peso estratégico. Pareciera que las tensiones con otros poderes han disminuido con relación al gobierno Chaves Robles, pero escuchando a Laura Fernández pareciera que continuo igual
1. EL DILEMA DE LA NEUTRALIDAD
La neutralidad no siempre significa “indiferencia”. En el contexto actual, se interpreta de dos formas:
- Neutralidad Activa: El país no toma partido en conflictos armados, pero se posiciona como mediador. Es acertada si busca proteger la soberanía y evitar represalias económicas.
- El Riesgo: En temas de violaciones graves a los derechos humanos, la neutralidad puede percibirse como silencio cómplice. La crítica suele surgir cuando la “neutralidad” se usa para evitar condenar regímenes autoritarios o guerras.
2. DERECHOS HUMANOS COMO EJE TRANSVERSAL
Si el Canciller coloca los Derechos Humanos (DD.HH.) por encima de la ideología, la declaración gana legitimidad internacional.
- Coherencia: Una política exterior es sólida si aplica el mismo estándar de HH. tanto a aliados como a opositores.
- Imagen País: Mantener un discurso Proderecho Humanos facilita el acceso a créditos internacionales y tratados de cooperación, especialmente con bloques como la Unión
3. ATAQUE AL PODER JUDICIAL
Se le señala como un “cuello de botella” que favorece la impunidad y protege a criminales. Las críticas del gobierno hacia las decisiones judiciales y la Sala Cuarta cuentan con un respaldo significativo (superior al 50% según encuestas recientes), lo que refuerza la estrategia de polarización discursiva del Ejecutivo. Lo ataca, pero defiende con nombramientos para lograr inmunidad de muchos con cuentas pendientes con este poder.
4. TENSIÓN CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Existe una tendencia a ignorar la deliberación parlamentaria, priorizando la comunicación directa con el pueblo para presionar por reformas que el Ejecutivo considera urgentes. Inclusive el pasado gobierno dijo que los diputados no lo dejan trabajar: sin embargo, leyes importantes como la de extradición fueron apoyadas por partidos de oposición y préstamos como la carretera a San Ramón fue aprobado por los diputados de diferentes fracciones de esta nueva Asamblea Legislativa.
5. ANTE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA
La relación con sectores organizados y centros de pensamiento es de distanciamiento y desconfianza mutua.
- Debilitamiento de Contrapesos: Informes como el de la Agenda Estado de Derecho y el Estado de la Nación advierten sobre un “deterioro de la calidad democrática”. Se señala que el gobierno impulsa cambios regresivos en el modelo de desarrollo nacional sin una verdadera deliberación democrática.
- Cuestionamiento a la Auditoría y Control: Las opiniones jurídicas y los controles técnicos son vistos por el oficialismo como “herramientas de élites parasitarias” que impiden la eficiencia gerencial del Estado.
6. EL DISCURSO POPULISTA Y LA OPINIÓN PÚBLICA
El comportamiento del gobierno se asienta en lo que analistas de la UNED definen como un “populismo cimentado en discursos polarizantes”.
- Legitimidad por Resultados: El Ejecutivo justifica su estilo confrontativo basándose en logros de infraestructura y estabilidad macroeconómica, argumentando que la “fidelidad es hacia el pueblo” y no hacia las instituciones. En cuanto a infraestructura no hay un solo proyecto país desarrollado por este gobierno. Duro casi 4 años para terminar el 20% de circunvalación. Estabilizó la microeconomía, pero descuido la microeconomía.
7. DESARROLLO SOSTENIBLE: EL LENGUAJE DEL SIGLO XXI
Hablar de desarrollo sostenible ya no es opcional; es una necesidad de supervivencia económica.
- Atracción de Inversión: Hoy en día, el capital global migra hacia países con políticas ESG (Environmental, Social, and Governance).
- Seguridad Futura: Alinear la cancillería con la Agenda 2030 permite al país participar en fondos de financiamiento climático y transición energética. Esa contradicción toca el núcleo del debate político y ambiental en la Costa Rica de Es lo que en diplomacia y ecología se llama “disonancia de gobernanza”: mientras el país proyecta una imagen de vanguardia verde para captar fondos internacionales, la ejecución local enfrenta cuestionamientos severos por decisiones que parecen favorecer el desarrollo inmobiliario sobre la protección de ecosistemas críticos.
CONCLUSIÓN
La declaración es estratégicamente acertada porque toca los puntos que la comunidad internacional valora hoy. Sin embargo, su éxito real no reside en la palabra, sino en la congruencia: de nada sirve hablar de desarrollo sostenible si internamente se descuidan las leyes ambientales, ni de derechos humanos si no se defienden en todos los foros. Cuando se queda solo en el discurso (“Greenwashing”). Palabra usada para (lavado de imagen verde), es precisamente el gran temor de muchos sectores científicos y civiles en la Costa Rica actual. Se refiere a la práctica de utilizar el prestigio ambiental del país como una estrategia de mercadeo político o económico, mientras las acciones internas caminan en la dirección opuesta.
