La rendición de cuentas anual que deben realizar los mandatarios se ha convertido en extensas descripciones de pequeñas obras o directrices, ejecutadas por los ministerios y por las instituciones descentralizadas. La actual del 2018, no ha sido la excepción.
Frases como “construimos lo que otros no habían construido”, “realizamos la mayor inversión en educación e infraestructura” dichas en este último informe, en honor a la verdad, no son veraces.
De todos es sabido que el rezago en infraestructura educativa es de enorme proporciones, pues el empréstito por $163 millones BID-MEP-BID-Banco Nacional, aprobado hace más de 5 años, apenas ha logrado ejecutarse en un 10% del mismo. Ha faltado mayor agilidad y cumplimiento en la construcción de los centros educativos programados en ese ambicioso proyecto.
También este gobierno fue poco diligente para utilizar los más de $1600 millones para obras en carreteras y puentes aprobados por el anterior cuatrienio legislativo, y por el cual pagamos grandes intereses cada día por ese dinero ocioso o subutilizado.
Sí es loable la labor realizada por el sector turismo, donde casi se llega a la cifra de los 3 millones de visitantes al año, la atracción de más aerolíneas al país y el aumento a 9 vuelos semanales directos a Europa; así como la conclusión de un Centro de Convenciones de proyección internacional.
La obsesión monotemática de establecer nuevos y abusivos impuestos, consumió los 48 meses de gobierno y fracasó; pues atacar el déficit solo por la vía de los ingresos, sin control del gasto en la planilla del sector público y algunos privilegios en pluses y anualidades, así como en las transferencias presupuestarias, era de esperarse que nunca habría un acuerdo legislativo al respecto.
La vía de imponer gravámenes por medio del artículo 208 bis para trámite acelerado, nunca ha dado los frutos esperados. El actual, es el tercer paquetazo impositivo en 14 años que muere en el intento de utilizar ese procedimiento legislativo.
En el área de la salud pública también nos quedó debiendo esta administración. Existe un deterioro evidente en los servicios médicos de la seguridad social, y el crónico problema de los prolongados tiempos de espera para citas médicas y procedimientos diagnósticos tampoco pudo mitigarse.
Hay deuda también en el sector vivienda, con millones de colones en soluciones habitacionales no ejecutados por ese ministerio, y el Presidente Solís nunca quiso atender la necesidad de un cambio en la jerarquía ministerial que era obvio y necesario.
También hay deuda en materia de seguridad ciudadana, se acentuó la tasa de homicidios y los atracos a viviendas y comercios también se incrementaron.
Hay deuda con las transgresiones éticas evidentes de altos funcionarios en relación con el “affair” del cemento chino, y permanece la duda de que no están todos los que son, ni son todos los que están. Sin embargo, por una coyuntura electoral bien aprovechada, sobre temas religiosos y de opiniones consultivas de la CIDH, el electorado les dio una segunda oportunidad. No fue un aval a la gestión de esta administración, eso es evidente y no se llamen a engaño.
Mención positiva merece el apoyo del Ejecutivo al gran esfuerzo Legislativo para poner tope a las pensiones abusivas y para darle un nuevo régimen jubilatorio sostenible a los funcionarios del Poder Judicial.
Coincido, para finalizar este sucinto análisis, con la tesis presidencial-como buen historiador- que las viejas estructuras de nuestra cultura política se tambalean; hay nuevos actores que llegaron para quedarse, y estamos en presencia de un nuevo pacto social más inclusivo, que se orienta cada vez al multipartidismo. Esto nos obliga a intentar de nuevo algunas reformas al estado, que faciliten la toma de decisiones dentro de este nuevo paradigma político que hemos establecido.
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