Imagine por un momento el mercado de las papas en cualquier feria del país. Un saco de papas tiene un precio visible, claro, y lo paga cualquiera que quiera llevarlo a su mesa. Lo paga la familia más humilde y lo paga el profesional que llega en un carro nuevo. Ambos entregan el mismo dinero y reciben el mismo producto. Porque en un mercado normal, el precio es el mismo para todos los compradores. Y si alguien intentara cobrar más caro a quien parece más necesitado, la indignación sería inmediata. Así funcionan los mercados cuando hay sentido de justicia.
Pensemos ahora en una escena absurda. Una familia humilde llega al puesto de papas porque tiene hambre. El vendedor la observa y le dice: “A ustedes les voy a cobrar el doble, porque sé que tienen más necesidad”. Luego llega una familia acomodada y el mismo vendedor le ofrece las papas a mitad de precio. La reacción social sería explosiva. Nadie aceptaría que se castigue al que más comida necesita. Sería visto como una crueldad moral y económica inaceptable. Ninguna sociedad decente toleraría semejante abuso.
Sin embargo, algo muy parecido ocurre todos los días en el mercado del crédito. Allí se ha instalado una práctica que parece normal, pero que en realidad es profundamente injusta: cobrar más caro el dinero precisamente a quien menos tiene. El prestamista examina con lupa la capacidad de pago del solicitante, verifica ingresos, calcula riesgos y solo presta cuando está convencido de que la persona podrá pagar. Pero una vez que se asegura de eso, le cobra una tasa de interés mucho mayor si el solicitante es pobre, y mucho menor si es rico. Es la misma discriminación que jamás aceptaríamos en el mercado de las papas.
La lógica resulta difícil de justificar. Si el prestamista ya confirmó que el deudor puede pagar, entonces el riesgo está cubierto por ese análisis previo. El dinero que se entrega es el mismo, los billetes son idénticos y el compromiso de pago también. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué el precio del crédito debe ser mayor para quien tiene menos recursos? En cualquier otro mercado eso se llamaría discriminación económica. Pero en el crédito se ha convertido en costumbre, y esa costumbre es profundamente injusta.
Las consecuencias son brutales para las familias más vulnerables. Cuando el crédito es más caro para las familias de menores ingresos, una parte mucho mayor de su salario termina dedicada a pagar intereses. El resultado es un círculo de angustia financiera: trabajan más, pagan más, y aun así les cuesta salir adelante. Mientras tanto, los más pudientes reciben dinero mucho más barato, lo que les permite acumular riqueza con mayor facilidad. Así se amplía la desigualdad desde el propio sistema financiero.
Costa Rica conoció otra realidad. Después de la transformación institucional impulsada por José Figueres Ferrer en 1948, el país estableció reglas que limitaron la usura y promovieron condiciones equilibradas en el acceso al crédito. Durante décadas, la idea de que el dinero no debía convertirse en un instrumento de explotación tuvo respaldo político y social. Pero desde mediados de los años ochenta esa lógica comenzó a diluirse, y hoy el debate vuelve con fuerza. La pregunta es si el país retrocederá o recuperará el sentido de justicia.
Hoy existen tasas que superan el 51% anual para los sectores más empobrecidos, mientras que los clientes más acomodados pueden acceder a crédito cercano tasas del 7% o menos aún. Es decir, el mismo dinero tiene dos precios radicalmente distintos dependiendo de quién lo pide. No se trata de una pequeña diferencia técnica: es una brecha gigantesca que castiga a quienes ya enfrentan mayores dificultades económicas. Es como vender papas carísimas al hambriento y baratas al que tiene la despensa llena.
Incluso voces internacionales han cuestionado estos abusos. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que cobrar intereses por encima del 20% es una forma de estafa financiera. La advertencia refleja una preocupación global: cuando el crédito deja de ser una herramienta de desarrollo y se transforma en un mecanismo de explotación, algo está profundamente mal en el sistema. La economía pierde su brújula moral cuando el dinero castiga al más débil.
Por eso conviene volver a la imagen inicial del mercado de las papas. Allí todos entienden una regla simple: el producto tiene un precio y quien pueda pagarlo lo compra. Nadie aceptaría que el vendedor castigue al que tiene hambre con un precio más alto. Si esa lógica es evidente para algo tan cotidiano como las papas, debería ser aún más clara para algo tan determinante como el crédito. Porque cuando una sociedad tolera cobrar más caro al pobre por el mismo dinero, no está defendiendo el mercado: está legitimando la injusticia.