La problemática planteada por la situación de inseguridad que vive el país representa un reto para el conjunto de la sociedad costarricense y es motivo de profunda preocupación para nuestros conciudadanos.
A los robos y hurtos ahora tenemos que sumar, todos los días, los homicidios y entre estos, el sicariato. La muerte por encargo llegó a incrementar de manera atroz el clima de inseguridad. Además, las balas perdidas enlutan hogares de inocentes, víctimas de daños colaterales en medio de tiroteos violentos. Hace poco, en Puntarenas, un homicidio dejó más de 130 casquillos de bala en la escena del crimen y hace unos meses sufrimos una fuerte impresión por el ametrallamiento de un taxi al este de la capital.
En la mayoría de estos casos el mandante del homicidio lo retribuye con dinero y el ejecutante del homicidio sacia su codicia con ese dinero manchado de sangre. Los compatriotas honrados, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, sufre indefenso tras las rejas de su casa este clima de terror colectivo y padece la angustia de esperar a sus familiares que tienen que salir cada día a trabajar sin saber si serán la víctima del día de esta ola de violencia.
Por el otro lado, vemos cárceles saturadas, y una legislación penal que tiende a criminalizar muchas conductas que podrían sancionarse sin necesidad de llegar a la prisión. Mientras en Europa varios países están cerrando cárceles, nosotros enfrentamos el hacinamiento, sin que esa política de persecución criminal nos haga la vida más segura. Sin duda que debemos estar haciendo las cosas de forma equivocada como sociedad, cuando la expectativa de vivir en paz se esfuma. Se imponen cambios urgentes
En esta dirección, se debaten varios proyectos importantes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Allí se está discutiendo un proyecto para introducir la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad y promover la inserción social de la personas infractoras de la ley penal, particularmente en un contexto donde la capacidad carcelaria de alojamiento alcanza las 9130 personas mientras que las personas privadas de libertas suman 13.157, arrojando una cifra de sobrepoblación y hacinamiento de 44.1%. El nuevo proyecto busca salidas institucionales para evitar la sanción carcelaria a una persona que robó unas picaritas, atunes o quesos, que son delitos asociados al hambre, situaciones de pobreza, enfermedad adictiva y vulnerabilidad social como lo reconoció la Defensa Pública, varios magistrados y autoridades académicas.
Dentro de esa dinámica nueva, la Comisión acaba de dictaminar el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que es una herramienta para atacar la delincuencia organizada, afectando directamente su patrimonio sin necesidad de tener que superar un proceso penal. En este Proyecto, se regula la figura de la extinción del dominio de las fortunas mal habidas pues la extinción del dominio está orientada a afectar los capitales obtenidos mediante la nacro-criminalidad o que son utilizados por ella o por el crimen organizado, y se plantea como una forma de limitar su ámbito de acción.
La iniciativa plantea la creación de un Juzgado especializado en esta materia, con un procedimiento especial que regula los derechos de las personas afectadas y da los instrumentos procesales para proteger su patrimonio si fue obtenido de forma lícita y normal. Así las cosas, otorga la competencia al Ministerio Público y a la Policía Judicial para investigar los casos que muestren un incremento injustificado del patrimonio obtenido mediante actividades no permitidas por el ordenamiento jurídico, o los bienes que fuesen utilizados para realizar alguna de las conductas ilícitas descritas en el proyecto de ley. Para garantizar el debido proceso, este Proyecto crea un juez de garantías en la fase de investigación, y obliga a una etapa de juicio oral y público, que finaliza con una sentencia de un juez especializado en esta materia, quién determina si se extingue el dominio sobre ese bien o no. Además, garantiza la oportunidad de apelar e incluye etapa de casación, de considerarse necesaria.
Finalmente, otorga al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) la competencia de administrar los bienes a los que se le extinguió el dominio. Además determina una distribución entre la Corte Suprema de Justicia (que lo debe utilizar para financiar los gastos que con ocasión de esta ley incurra la Jurisdicción Especializada, el Ministerio Público y la Policía Judicial) y el ICD, quien utilizará una parte en inversión de proyectos preventivos para atacar la delincuencia organizada.
Otra iniciativa importante tiene que ver con la inteligencia estratégica y la institución a cargo de recopilarla, interpretarla y trasladarla. La transformación institucional de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN) como la institución del Estado rectora y especializada en las actividades de inteligencia como proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, dirigido a los poderes del Estado para la toma de decisiones de carácter preventivo o correctivo, en el ámbito de sus competencias constitucionales.
Especialistas en la materia se han manifestado a favor de la modernización de la actual Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una institución con un perfil más moderno y amparada en una legislación que le dé cobijo dentro de una institucionalidad democrática, con las capacidades de obtención de información y procesamiento de la misma que permitan defender nuestra institucionalidad y a nuestra población. Dentro de un mundo globalizado e interconectado, y en medio del pleno apogeo de la era de la información, es cuando más necesario y estratégico se hace el aprovechamiento de las enormes cantidades de información disponible, y la obtención de otra de más difícil acceso, de tal manera que se convierta en insumo útil para la toma de decisiones, o sea, se convierta en inteligencia. Le corresponderá al Ministerio de Presidencia la responsabilidad de su ejecución
Si bien la incertidumbre es parte inherente a la vida humana y el futuro es incierto por naturaleza, las consecuencias de tomar decisiones tienen que ver incluso con la viabilidad o hasta la supervivencia del Estado. Se debe buscar la reducción de esa incertidumbre, desarrollando técnicas aplicadas por instituciones dedicadas a traducir esa incertidumbre en riesgo. Una vez identificado el riesgo, este procede a medirlo en función de escenarios de acción con el objeto de trazar las líneas que reducen esos riesgos y permiten manejarlos y convertirlos en oportunidades.
El reto es transformar la incertidumbre en riesgo y el riesgo en oportunidad.
La inseguridad pública, el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, el cibercrimen, las amenazas a la soberanía, a gobernabilidad deficitaria con respecto a las expectativas ciudadanas, la competencia internacional, el tráfico de personas, el riesgo financiero, la crisis alimentaria, el desempleo, la crisis energética, la pobreza, son temas presentes en las sociedades modernas. Estas incertidumbres y amenazas pueden ser enfrentadas con mejor información que sirva de insumo para elaborar las estrategias apropiadas y tener así mayores probabilidades de éxito. Por ello se requiere el desarrollo de una cultura de inteligencia que transforme la incertidumbre en riesgo y diseñe las estrategias para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades.
Si bien es cierto que el balance entre la efectividad de la inteligencia y la transparencia no es fácil de resolver, es ese equilibrio se debe solventar por medio de legislación nueva.
El objetivo de este proyecto es despolitizar y transparentar el organismo de inteligencia actual, para llevarlo hacia la modernización y profesionalización, pasando de organismo de inteligencia de gobierno, a un organismo de inteligencia de Estado. Una visión que necesitamos como país en este y otros campos.
También se tramita una nueva ley de armas cuyos puntos más sobresalientes pueden ser la búsqueda de mejora en los mecanismos de registro y trazabilidad de armas de fuego y aclarar las potestades de fiscalización de las actividades comerciales atinentes a las armas de fuego, sus partes y municiones así como de explosivos, pólvora y los materiales utilizados en su fabricación.
También se reconoce la tenencia de armas de fuego como una concesión Estatal sujeta a una estricta regulación y limitación.
Se incluye la promoción de la educación para la paz y prevención de la violencia desde varios ámbitos de gestión institucional y como una acción de coordinación interministerial y se separa la regulación del proceso de obtención del permiso de tenencia de armas de fuego del proceso de obtención del permiso de portación de armas de fuego. Se establece como requisito de inscripción cumplir con todos los requisitos para la tenencia y para la portación.
Todo este conjunto de iniciativas buscan, como escribiera Beccaria, que: “bien lejos de disminuir la legítima autoridad, sirvan para aumentarla, si puede en los hombres más la razón que la fuerza, y si la dulzura y la humanidad la justifican a los ojos de todos”. Atacar el patrimonio criminal, racionalizar la cárcel como último recurso represivo y no como depósito de pobres, generar instrumentos e información con la que prevenir graves amenazas locales y globales y modernizar la legislación referida a armas de fuego son parte importante de la agenda para mejorar las condiciones de convivencia en una sociedad más segura pero que mantenga su esencia democrática.