La Asamblea Legislativa de Costa Rica se aproxima a cometer uno de los actos más graves y vergonzosos de la historia constitucional reciente. En el llamado “Búnker de Moras” no se está discutiendo una simple gestión más contra el presidente de la República, se está terminando de desnudar una Asamblea decadente, capturada por intereses de corto plazo y dispuesta a forzar la Constitución con tal de ajustar cuentas políticas antes de las elecciones de febrero de 2026.
Conviene recordar la diferencia esencial entre el primer y el segundo desafuero. El primer intento de levantamiento de inmunidad surgió de la Corte Suprema de Justicia, por una causa penal concreta vinculada al caso del BCIE. Esa ruta es la prevista en la Constitución, el camino excepcional por el cual, ante un posible delito común, la Corte solicita a la Asamblea Legislativa que autorice continuar la causa, con las garantías propias del debido proceso y con un marco claramente penal.
Este segundo desafuero es de naturaleza completamente distinta. No nace del Poder Judicial ni de una causa penal formal, sino del Tribunal Supremo de Elecciones mediante su Sección Especializada, que decidió pedir el levantamiento de la inmunidad presidencial para abrir un proceso sancionatorio por presunta beligerancia política, amparado en el artículo 270 del Código Electoral. Se trata de denuncias electorales y de un procedimiento de corte administrativo, no de un delito común ventilado ante jueces naturales.
Aquí está el quiebre jurídico de fondo. La propia Constitución, en su artículo 121 inciso 9, faculta a la Asamblea para admitir o no acusaciones contra el presidente y remitirlo a la Corte cuando proceda una causa penal. Y el inciso 10 autoriza únicamente la suspensión del fuero cuando haya de procederse contra estos altos funcionarios por delitos comunes. Es decir, el desafuero fue diseñado como una garantía de excepcionalidad frente al poder punitivo del Estado en materia penal, no como llave general para habilitar procesos disciplinarios electorales o administrativos.
El TSE pretende extender por vía interpretativa esa figura hacia un terreno para el cual nunca fue concebida. Se presenta como árbitro neutral y a la vez actúa como parte, pues solicita el levantamiento del fuero para luego juzgar en sede electoral los mismos hechos. En los últimos meses ha mostrado una preocupante tendencia a estirar sus competencias, apoyado en reglamentos propios y en una lectura maximalista de los artículos electorales constitucionales, hasta difuminar la línea que separa un órgano garante de un actor político que entra al tablero de la disputa por el poder.
A ello se suma una Asamblea Legislativa que ha renunciado a ser contrapeso serio y se ha conformado con el papel de mesa de validación más que de órgano de control. La comisión especial que conoció este segundo desafuero ofrecía todo menos rigor técnico y legal, más preocupada por construir un relato acusatorio que por examinar con honestidad intelectual y moral la competencia real del TSE y la naturaleza penal, no electoral, del mecanismo de inmunidad presidencial. Personas sin trayectoria en derecho constitucional ni formación especializada en políticas públicas opinan con notable soberbia sobre temas complejos, mientras desoyen a juristas y analistas que han advertido con claridad que este segundo desafuero carece de sustento constitucional sólido. No es ignorancia inocente, es una mezcla peligrosa de revancha partidaria y cálculo electoral de corto plazo.
El papel de la Sala Constitucional agrava el cuadro. Concebida como guardiana última del orden constitucional, ha tolerado de forma silente una expansión progresiva de las potestades reglamentarias del TSE en materia sancionatoria electoral sin marcar límites claros y hasta ahora ha evitado pronunciarse de fondo sobre el choque entre ese esquema y el diseño original de la inmunidad presidencial. Ese silencio selectivo se percibe indiscutiblemente como una forma de complicidad pasiva. Cuando el guardián de la Constitución mira hacia otro lado, el sistema queda a merced de mayorías coyunturales y de órganos que deciden probar hasta dónde pueden tensar la cuerda.
Todo este entramado se parece cada vez menos a un uso responsable de los pesos y contrapesos y mucho más a LAWFARE político. Es decir, la instrumentalización de órganos y procedimientos jurídicos para perseguir, desgastar o neutralizar a un adversario, no mediante el debate abierto, sino mediante la fabricación de procesos, comisiones y expedientes que se venden al público como defensa de la legalidad, cuando en realidad la están vulnerando. El mensaje es sencillo pero demoledor. Cualquiera que resulte electo en el futuro podrá ser sometido a la misma maquinaria si no se alinea con los intereses de las viejas cúpulas partidarias.
No todos los diputados encajan en este patrón indigno, pero la mayoría ha permitido que la Asamblea se convierta en un circo de comisiones, espectáculos de control político y discursos vacíos, mientras la producción legislativa de fondo se marchita. El segundo desafuero coronaría esa deriva como un monumento a la inconsecuencia. No se estaría defendiendo la Constitución, se estaría usando como coartada para violentarla.
La historia constitucional de Costa Rica ha conocido errores y abusos, pero también momentos en que el sistema supo corregirse a sí mismo. Hoy el espejo se dirige al Búnker. Si la Asamblea consuma este intento de desafuero en un caso que no es penal, impulsado por un tribunal electoral que estira sus competencias hasta el límite, quedará marcado un antes y un después en la erosión de las garantías institucionales.
Por eso este segundo desafuero no se agota en una votación. Quedará registrado como el momento en que la peor Asamblea Legislativa de nuestra historia decidió cruzar una línea que otras, con todos sus defectos, no se atrevieron a cruzar. Y tendrá consecuencias. La factura llegará en urnas y memoria. Cuando el país tenga que decidir en las próximas elecciones qué hacer con los partidos tradicionales que montaron este espectáculo, recordará que no se comportaron como representantes del pueblo, sino como burdas marionetas de un viejo régimen que se niega a morir y que, en su agonía, intentó incendiar la casa entera. –
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El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica