El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) nació como la gran promesa de un segundo pilar para blindar al trabajador costarricense y a su familia, pero hoy arrastra un cáncer silencioso: la indiferencia y la desinformación. La mayoría de afiliados jamás se ha preocupado por actualizar a quién le dejarán esos ahorros. El resultado es grotesco: 9 de cada 10 cotizantes, es decir, más de 2,6 millones de personas, no han nombrado beneficiarios secundarios en sus operadoras. Es como trabajar toda una vida para que, al final, tus ahorros terminen atrapados en un limbo burocrático o, peor aún, confiscados por el Estado.
El absurdo no termina ahí. Más de ₡7250 millones permanecen hoy sin reclamar porque los dueños ya fallecieron y nadie tramitó la herencia. Ese dinero, que debería estar pagando funerales, sosteniendo mujeres viudas o alimentando niños huérfanos, está congelado en cuentas, esperando a que la maquinaria judicial decida o hasta que el plazo de 10 años expire y el Estado lo confisque para el Régimen No Contributivo. Sí, leyó bien: si su familia no reclama, sus ahorros pasan al gobierno. Y lo llaman “solidaridad”, pero en realidad es una expropiación encubierta de capital privado.
El marco legal parece diseñado para enredar más que para proteger. La Ley de Protección al Trabajador (7983 de 2000) establece una jerarquía excluyente de beneficiarios que comienza con los del régimen básico (el IVM de la CCSS) y solo en ausencia de ellos admite lo que el trabajador haya dejado en la operadora. Y si tampoco hay nada, la familia queda condenada a pelear en tribunales laborales para que un juez decida quién recibe lo que debería haber sido evidente.
Tras la reforma de la Ley 9906 del 2020, aprobada bajo el gobierno del PAC de Carlos Alvarado Quesada, se agilizó el trámite sucesorio, pero también se cerró definitivamente la puerta a retirar el ROP como capital único al pensionarse. Con esa jugada, el gobierno consolidó la idea de que el trabajador no puede disponer libremente de sus ahorros: debe conformarse con una renta programada, mientras el Estado se atribuye la potestad de decidir cómo y cuándo recibirá lo suyo.
Las cifras son un retrato de apatía y engaño. Popular Pensiones reconoce que el 96% de sus afiliados no tienen beneficiarios secundarios nombrados. BN Vital: 91%. En operadoras más pequeñas, como Vida Plena u OCC, aún el 70% de los afiliados están en el limbo. Y ni hablar de los que sí designaron hace décadas a alguien que ya falleció, o a una expareja que hoy ni siquiera les habla. Lo que era un derecho patrimonial se ha convertido en una bomba de tiempo legal y emocional para miles de familias.
El problema tiene nombres y apellidos. Una mujer perdió todo el ROP de su pareja porque nunca la nombraron beneficiaria; un hijo quedó fuera porque su padre aún tenía registrada a una exesposa; una nieta pelea en tribunales porque su abuelo no actualizó el formulario. Historias distintas con el mismo error: beneficiarios sin llenar o desactualizados. El resultado es siempre igual: familias peleadas, dinero bloqueado y años de trabajo que terminan perdidos en manos del Estado.
La ironía es que actualizar beneficiarios es ridículamente fácil. Un correo electrónico a la operadora, un formulario con porcentajes, incluso trámites digitales. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña. Porque hablar de la muerte incomoda. Porque los costarricenses vivimos en la ilusión de que la CCSS nos protege de todo. Porque la SUPEN lanza comunicados, pero el trabajador promedio ni siquiera sabe en qué operadora está.
Mientras tanto, el Estado se frota las manos. Solo en 2023, ₡5.821 millones fueron transferidos al RNC por fondos del ROP no reclamados. En 2024, otros ₡982 millones. Y en lo que va del 2025 ya se han perdido ₡455 millones más. ¿Solidaridad? No. Es el robo legalizado del sudor de miles de trabajadores que nunca imaginaron que sus ahorros terminarían en manos de Hacienda y la CCSS.
La solución al problema de los beneficiarios desactualizados en el ROP no pasa por pedirle al trabajador que “se acuerde” de llenar un formulario: requiere una transformación estructural que combine tecnología, normativa y cultura previsional. Lo primero es vincular el sistema con el Registro Civil. Cada vez que alguien se casa, se divorcia, tiene un hijo o fallece, esa información ya existe en el Estado; lo que falta es que llegue de inmediato a la operadora de pensiones y al afiliado, generando alertas automáticas para actualizar beneficiarios. Así, se elimina la excusa del desconocimiento y se anticipa el problema antes de que sea tarde.
En paralelo, SUPEN debería administrar una plataforma digital nacional y centralizada, vinculada al expediente digital de la CCSS, donde cualquier trabajador pueda entrar, ver en segundos quiénes son sus beneficiarios y modificarlos de manera segura en línea, sin importar la operadora a la que pertenezca. México ya lo hace con sus Afores, y Costa Rica tiene la infraestructura tecnológica para implementarlo. No se trata de inventar la rueda, sino de aplicar soluciones que funcionan en países similares.
Además, es irresponsable por parte de las operadoras (en su mayoría públicas) permitir que millones de trabajadores estén afiliados sin un beneficiario registrado. No hace falta una nueva ley para corregir eso: bastaría con que asuman su responsabilidad mínima y promuevan activamente la actualización de datos. En vez de recurrir siempre al aparato regulador para tapar su inacción, deberían enviar recordatorios regulares y facilitar estos trámites, como lo haría cualquier servicio serio en un mercado libre.
La educación también es clave. Desde el primer empleo, el trabajador debe saber que el ROP no es un “ahorro automático” que mágicamente irá a su familia, sino un patrimonio que requiere gestión responsable. Y si el sistema quiere ser más proactivo, incluso podría establecer incentivos, como reducciones en comisiones para quienes mantengan a sus beneficiarios actualizados, mientras sanciona a las operadoras que compliquen innecesariamente los procesos.
El impacto sería inmediato: menos familias empantanadas en juicios laborales, menos ahorros privados perdidos en manos del Estado por simple prescripción, más confianza en el ROP como herramienta de protección real y, de paso, más información precisa para las proyecciones actuariales de las operadoras. En definitiva, no hablamos de un trámite, sino de dignidad patrimonial: de garantizar que los ahorros de toda una vida terminen en las manos correctas y no en la caja registradora del gobierno.
Así que, no es exageración: si usted que está leyendo esto, no ha actualizado a sus beneficiarios en la operadora de pensiones, su familia podría quedarse con las manos vacías. No importa si usted tiene pareja, hijos, hermanos o padres: si no lo ha dejado por escrito, el sistema no lo va a adivinar. Hágalo ya. Hoy. No espere a enfermarse, a envejecer ni a morirse. No lo deje para mañana.
Un trámite de cinco minutos puede evitar una tragedia que jamás encuentre solución. La herencia de su esfuerzo no puede depender de un vacío legal ni de un descuido burocrático. Actualice. Pregunte. Escriba. Proteja a su gente. Porque si usted no lo hace, el Estado no solo no lo va a hacer por usted… sino que estará feliz de quedarse con su dinero por el que tanto trabajó.
El ROP no es el sistema que una sociedad libre debería aceptar. Fue impuesto, sin libertad de elección, y controlado por burócratas que manejan el ahorro ajeno como si fuera propio. Pero ya existe, y millones de costarricenses dependen de él. Ese dinero es propiedad privada, no un botín del Estado. Cada colón que no llega a su dueño es una confiscación. Cada familia que pierde por desconocer el sistema es víctima de una estafa moral.
El ROP debe reformarse a fondo: libertad de elección, control total del trabajador y transparencia real. Porque el ahorro le pertenece a quien lo genera, no al sistema.
