Este 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, se presenta como una fecha emblemática para marcar un antes y un después en la historia laboral de Costa Rica. Este año, debe convertirse en el faro y la antorcha que iluminen la lucha por la justicia social y la reivindicación de los derechos laborales de los costarricenses, mediante la aprobación del proyecto de Ley N° 24.955, conocida como la “Ley para la Protección del Derecho de Retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) al Alcanzar la Edad de Jubilación”.
Esta iniciativa legislativa, presentada por mi despacho, no es meramente un cambio en la normativa; es una afirmación de principios que busca devolver el control a aquellos que, a lo largo de sus vidas, han contribuido al sistema con esfuerzo y dedicación. En un país donde la equidad debería ser la norma, el ROPC ha sido una fuente de frustración para muchos. La rigidez del sistema ha limitado la capacidad de los trabajadores para decidir sobre sus propios recursos, una situación que la ley 24.955 pretende remediar.
La urgencia de esta discusión se hace aún más evidente en un contexto económico adverso, donde el aumento del costo de vida y la presión financiera sobre los pensionados son palpables. Muchos jubilados se encuentran atrapados en deudas y gastos médicos, luchando por mantener una existencia digna. Negarles el acceso a sus propios ahorros no solo es injusto, sino que perpetúa un ciclo de dependencia y vulnerabilidad. Nuestro proyecto de ley busca restaurar la autonomía del trabajador, permitiéndole gestionar sus fondos de acuerdo con sus necesidades y circunstancias.
Si bien algunos detractores plantean preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema, estas no pueden ser un obstáculo para el reconocimiento de los derechos individuales. El proyecto de ley 24.955 no solo es viable, sino que también se alinea con los principios fundacionales de la Ley de Protección al Trabajador, que establece que los fondos acumulados son propiedad del trabajador, destinados a su discreción.
Es crucial que la Asamblea Legislativa escuche las voces de quienes han trabajado arduamente durante toda su vida. Las decisiones que se tomen en este ámbito tienen el potencial de transformar la realidad de miles de costarricenses, devolviendo la dignidad y el respeto que merecen. La aprobación de esta iniciativa podría ser un paso hacia un modelo más justo, donde el bienestar de los ciudadanos sea la prioridad.
Este primero de mayo debemos alzar nuestras voces y unir esfuerzos. El proyecto de ley 24.955 representa una oportunidad histórica para avanzar hacia una Costa Rica más justa y equitativa.
No es solo una cuestión económica; es un compromiso con el respeto a la libertad y la autonomía de cada individuo. Hago un llamado a legisladores, al Poder Ejecutivo y a la ciudadanía en general para que juntos hagamos historia, construyendo un futuro donde la justicia social no sea solo un anhelo, sino una realidad palpable para todos.
¡Es tiempo de actuar!
