Un electorado maduro no necesita candados paternalistas que le impidan premiar o castigar un proyecto político
En febrero de este año, elmundo.cr gentilmente publicó mi artículo titulado: “Reelección presidencial inmediata y/o diferida a cuatro años. ¿Iría a discusión?”. En esa oportunidad, definí la figura como la facultad de quien ejerza la presidencia para postularse de nuevo al escrutinio de las urnas, ya sea de forma consecutiva o tras una espera de uno o dos periodos cuatrienales. En general señalé:
- Que los ocho años de espera vigentes fueron dispuestos por el constituyente de 1949 y restablecidos por la Sala Cuarta en 2003, al eliminar la prohibición absoluta que había introducido en 1969 la fallida Ley No. 4349; una reforma nacida del atávico temor de que la continuidad presidencial se convirtiera en la antesala de la concentración del poder y destruyera los pesos y contrapesos.
- También recordé que dicha Sala en su voto No. 2771-2003, al delimitar el poder reformador frente a las normas “pétreas”, reivindicó los principios de igualdad y progresividad de los derechos humanos, específicamente el de elegir y ser electo. Con ello, se reafirmó la potestad del soberano de escoger libremente la que considere su mejor opción electoral.
- Finalmente, puntualicé que el principio republicano de alternancia coexiste con frenos precisos, como la reelección inmediata por una sola vez o un receso de cuatro años; en ambos supuestos bajo la prohibición de presentarse a un tercer mandato y de utilizar recursos públicos para obtener ventajas en la contienda.
Diseño institucional frente al cálculo partidario
El debate sobre la relección presidencial ya se ha instalado en la sede legislativa. Esta realidad exige tratarlo con seriedad y a partir de un riguroso análisis de diseño institucional, evitando que la iniciativa se reduzca a cálculos u oportunismos electorales que solo agitan el fantasma de una supuesta deriva autoritaria, cuando la posibilidad de extender un mandato mediante el sufragio libre es propia de las democracias modernas y maduras.
Desde hace décadas Costa Rica ostenta la categoría de democracia plena, un estatus reconocido internacionalmente gracias a la solidez de sus instituciones, la vigencia absoluta de las libertades y derechos fundamentales y el vigor de un Estado de derecho que garantiza la independencia de los poderes públicos. Estos atestados son los que deberían guiar la discusión política sobre la reelección.
No obstante, han prevalecido temores infundados que parecen esconder inconfesables intereses para no encarar el discernimiento alcanzado por el electorado costarricense, capacidad que ha quedado demostrada en las urnas, tanto para premiar con la continuidad un buen proyecto político como para castigar con dureza la mediocridad y los grandes errores de la política tradicional.
Soberanía popular y límites razonables
Nuestro país ha privilegiado un esquema jurídico que exige la espera de dos periodos constitucionales antes de que se pueda aspirar nuevamente a la silla presidencial. Este candado institucional, quizá heredado de las cautelas de la posguerra de 1949, bloquea el sistema político y borra la memoria de una gestión fresca, impidiendo un juicio ciudadano directo y contemporáneo justo cuando la sociedad demanda una mayor apertura en su régimen democrático.
Privar a la ciudadanía de una opción electoral de continuidad equivaldría a desconfiar de su criterio, pues está demostrado que cuando no respalda un partido o una candidatura, simplemente le niega su voto. Si esa voluntad legítimamente expresada desea prolongar el liderazgo de un proyecto político que considera beneficioso y exitoso, el diseño legal debería cautelar tal soberanía en lugar de convertirse en su mordaza.
Está claro que la reelección indefinida o la permanencia sin límites debilita la democracia porque conlleva el riesgo de erosionar los pesos y contrapesos institucionales, y propicia la consolidación de élites capaces de subvertir las reglas del juego. En contraste, la vida democrática se profundiza cuando se amplían las opciones de participación política y electoral de la ciudadanía, respaldadas por una regulación razonable de la extensión del cargo presidencial.
El sufragio es el filtro definitivo de un votante cada vez más informado que sabe ejercer control político en las urnas. Los peligros del ejercicio del poder no se mitigan clausurando las puertas de la propia democracia, sino estableciendo un marco moderno que saque al país del inmovilismo institucional y abra salidas políticas viables; entre ellas: la reelección sucesiva limitada o la reducción de la veda a cuatro años, conservando la prohibición de volver al puesto por tercera ocasión y de usar recursos públicos para obtener una prerrogativa electoral.
Visión de Estado por encima de la mira partidista
La mezquindad política no debe conducir a un análisis cortoplacista y sesgado que desatiende la postergada necesidad de remozar nuestras instituciones, mediante una regulación proporcionada de la continuidad presidencial que, además, expande la democracia. Así, el veto anticipado y la resistencia amparada en el peregrino relato autoritarista -que aspira a presentarse como un férreo celo democrático- son solo calculadas poses partidistas sin sentido de país.
El bloqueo sin una discusión de fondo solo sugiere una aritmética electoral que anticipa la derrota en los comicios de 2030, ante la inopia de liderazgos fuertes y consolidados capaces de competir en las mesas de votación. Confiar en la soberanía que reside en el pueblo implica aceptar que la mayoría tiene el derecho de trazar el rumbo de la nación, sin tutelajes impuestos por el temor de minorías electas para representar el interés general.
Discutir y normar modernamente la reelección presidencial sujetándola a límites claros, fortalece la República que descansa en el mandato popular.