Para nadie es un secreto que la tecnología se encuentra en un estado de avance constante. Las telecomunicaciones se han convertido en una necesidad para cada uno de nosotros, el celular es una herramienta insustituible que nos facilita nuestra vida, ya sea para llamar, revisar Facebook, el correo electrónico, WhatsApp, ver algún video en YouTube o simplemente navegar por Internet.
Ahora bien, a pesar de todas las cosas buenas que nos ofrecen los celulares, estos pueden ser utilizados para cometer delitos. Desde el narcotráfico hasta la coordinación de asesinatos, los teléfonos celulares se han convertido en armas o medios en manos de los delincuentes para cometer los actos más viles.
Uno de los usos predilectos han sido las estafas realizadas en muchas ocasiones desde las cárceles de nuestro país. Son muchas las artimañas, trucos o engaños que utilizan los malhechores para lograr su cometido y beneficiarse económicamente de las personas trabajadoras que con tanto esfuerzo luchan día a día para obtener el sustento diario para sí y para su familia. Además, desde las cárceles también se dan las órdenes para realizar algún atraco, organizar un asesinato o bien administrar los negocios ilegales y el crimen organizado.
Al respecto, existe un Proyecto de Ley que pretende imponer una obligación a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones para intentar erradicar estas prácticas comunes de ingresar tanto teléfonos celulares como tarjetas SIM que puedan ser utilizadas por los privados de libertad. Dicho Proyecto de Ley se encuentra en la Asamblea Legislativa bajo el expediente N° 19.932, y básicamente lo que pretende es modificar el artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, el cual trata sobre el tema de las obligaciones de los operadores y proveedores para que los mismos utilicen medios en los cuales se impida la prestación de servicios inalámbricos de telecomunicaciones al interior de los centros penitenciarios y centros penales juveniles. Es decir, el objetivo principal de la reforma es implementar alguna solución que haga imposible para los privados de libertad el poder comunicarse de manera ilegal con el resto de los miembros de sus grupos utilizando los celulares.
De aprobarse esta reforma, los operadores y proveedores deben buscar algún mecanismo idóneo para impedir que se puedan generar llamadas y otras comunicaciones desde el interior de los centros penitenciarios. Existen varias posibilidades para llevar a cabo dicha obligación. En muchos países se utilizan bloqueadores de señal, que lo que hacen es precisamente bloquear las bandas del espectro electromagnético para impedir que los celulares puedan conectarse y utilizar los servicios de telecomunicaciones para cometer algún delito. Sin embargo, la señal emitida por el bloqueador no puede ser controlada eficazmente, existiendo altas probabilidades que el bloqueo se extienda hacia zonas aledañas no deseadas, lo cual debe analizarse, pues en nuestro país existen muchos centros penitenciarios contiguos a viviendas y comercios. Lo anterior puede llegar a afectar el derecho de los ciudadanos o usuarios finales de servicios de telecomunicaciones, quienes tampoco podrían utilizar dichos servicios.
Ante esta situación, debe ponerse en una balanza la seguridad nacional y los derechos de los usuarios, no sólo los que viven en dichos lugares, sino todos los que transitan en las carreteras aledañas a dichos centros penitenciarios. Una respuesta apresurada podría llegar a inclinar la balanza a favor de la seguridad nacional, no obstante, debe recordarse lo que está en juego, que es la posibilidad de que se genere una afectación a nivel general de los vecinos de la zona y de cualquiera que transite por las mismas. Lastimosamente, tanto los visitantes de los privados de libertad como los mismos policías penitenciarios suelen caer en ésta práctica de introducir celulares en las cárceles de nuestro país.
Afortunadamente, existen dispositivos capaces de cumplir con ambos objetivos. Varias empresas a nivel mundial han desarrollado sistemas que no bloquean, sino que administran los dispositivos que sí pueden ser utilizados o están autorizados para su uso en una determinada área. Adicionalmente, prometen niveles de certeza muy altos en cuanto al área administrada y de la cual se rechazarían los intentos de llamadas de los privados de libertad, siendo que los ciudadanos que transiten o vivan aledaños a la cárcel, no se verán afectados. A modo de ejemplo, la cárcel de Baltimore en Estados Unidos posee un sistema como el descrito, siendo que la empresa que instaló dichos servicios asegura un nivel de exactitud tan alto, que al estar en la acera se cuenta con señal, pero, al poner un pie en el centro penitenciario inmediatamente pierde la misma.
A manera de conclusión, deben buscarse alternativas para tratar de converger entre el derecho de los usuarios finales a recibir servicios de telecomunicaciones y al mismo tiempo garantizar la seguridad nacional que al fin de cuentas beneficia a todos los ciudadanos, utilizando este tipo de tecnologías que son más controladas y certeras, que procuran asegurar un bienestar para todos los ciudadanos.
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