Produciendo Cuesta Arriba: El agro y las distorsiones comerciales

» Por Ana Lizano Bermúdez - Economista y Welmer Ramos González - Diputado de la República

Costa Rica apostó a la apertura comercial, lo que implica enfrentar aranceles más bajos y facilitación del comercio, esto ha permitido la diversificación de las exportaciones y de los mercados donde se colocan nuestros productos, con grandes efectos positivos para la estabilidad macroeconómica nacional. En esta dinámica, las exportaciones de servicios, productos de alta tecnología y productos industriales han ganado participación relativa en el valor de las ventas al exterior; no obstante, el sector agrícola es el responsable de aproximadamente un 23.6% de estas exportaciones.

Los resultados de estas políticas de apertura comercial en el sector agrícola reflejan algunos claro-oscuros que deben ser objeto de acciones de política pública, con el fin de potenciar las capacidades de aprovechamiento de apertura y de reducir los impactos adversos internos sobre actividades vulnerables a fallos de mercado que están causando efectos nocivos en la competencia y la equilibrada distribución de los ingresos generados. Ejemplo de lo anterior, son las importaciones recurrentes de bienes agrícolas con precios que a todas luces están por debajo del costo de producción, que obligan a los productores nacionales de esos bienes a aceptar precios ruinosos. En la mayoría de los casos eso obedece a causas como subsidios agrícolas en los países competidores, excedentes de producción, subfacturación o prácticas de competencia desleal para distorsionar los mercados locales y obtener beneficio en la comercialización interna.

Peor aún los mecanismos de defensa comercial que pueden accionarse con el fin de enfrentar estas prácticas indeseadas, tales como salvaguardias, medidas antidumping, derechos compensatorios, entre otras, son de trámites muy lentos y requieren de procedimientos onerosos para los productores nacionales afectados, los cuales generalmente tienen poca capacidad organizativa y económica. Al respecto, Costa Rica no ha desarrollado una legislación interna específica que operacionalice la normativa de defensa comercial contenida en los tratados hasta hoy firmados. Por lo que, a todas luces es necesaria una legislación nacional que posibilite el accionar ágil y oportuno para la protección de la sana competencia de nuestros productores.

La Organización Mundial del Comercio, estipula las acciones de defensa comercial como totalmente válidas con el objetivo de resguardar la producción nacional ante las prácticas desleales, como el dumping, subvenciones y salvaguardias, o las fuertes variación se precios internacionales que afecten la producción local.

Costa Rica cuenta con la Dirección de Defensa Comercial, ubicada en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la cual se encarga aplicar la normativa de defensa comercial. No obstante, esta dirección es sumamente limitada en personal y en capacidades para actuar con celeridad. Por esta razón, urge la aprobación legislativa del Proyecto del Ley N°20.651, que permite resolver con urgencia los casos presentados sobre las distorsiones comerciales y, al mismo tiempo fortalece la dirección del MEIC para que pueda actuar de manera proactiva.

Asimismo, Costa Rica debería impulsar un movimiento con los países de renta media, con el fin de eliminar distorsiones estructurales en el funcionamiento de las economías que ilegítimamente son generadoras de ventajas comparativas, tales como: salarios empobrecedoramente bajos, ausencia derechos laborales, ausencia de cargas sociales, trato discriminantes contra las mujeres, débiles leyes de protección del ambiente y reglamentación técnica insuficiente. Varias potencias productivas basan su competencia en esos factores, lo cual no es aceptable, ya que una empresa que opere en un país responsable social y ambientalmente deberá enfrentar costos significativamente mayores e incluso soportar la quiebra, consecuencia de desatención de las mínimas reglas básicas por parte del otro país.

Además, si el comercio internacional es una herramienta que potencia la generación de riqueza de las naciones, los beneficios deben ser compartidos por toda la sociedad y si la mayor apertura genera cada vez más eficiencia, los países deben converger hacia sistemas de bienestar semejantes y de protección ambiental universalmente sostenidos,  pero estas normas de convergencia deben estar presentes en los acuerdos comerciales firmados y enmarcados en un horizonte temporal claramente delimitado, dado que, si esto no es así los beneficios del comercio abierto se concentrarán entre las élites que ostentan el poder político y seguirán creciendo las desigualdades.

Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, foto en PDF de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr, o elmundocr@gmail.com.

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