A pesar del prestigio internacional de Costa Rica por sus políticas de conservación, la seguridad ambiental enfrenta un desgaste paulatino debido a la escasez de recursos institucionales y el mismo gobierno ha intentado autorizar desarrollos turísticos en zonas protegidas. Da mucha lástima oír a Rodrigo Chaves diciendo que en Playa Panamá lo que se talaron fueron uno arbolillos de guácimo; ignorando que en una zona protegida lo mismo vale un árbol de guácimo (Guazuma ulmifolia) que uno de Coco bolo (Dalbergia retusa) el asunto es que no se puede talar ninguno de los dos. ¿Pero verdaderamente estamos perdiendo prestigio a nivel mundial en asuntos de ambiente? Si leemos lo que dice la Universidad de Columbia y Yale el desempeño ambiental de Costa Rico bajó de 3 a 45 en el índice de desempeño ambiental. La respuesta es sí.
DIMENSIÓN DE VULNERABILIDAD; Poco Personal de Vigilancia, limitaciones presupuestarias en el SINAC, vacantes no cubiertas, caza furtiva, talas ilegales y invasión de tierras protegidas. Esta falta de personal y presupuesto, principalmente en zonas fronterizas es territorio para el crimen organizado. La falta de presencia policial/judicial adecuada y la escasez de guardaparques en áreas protegidas transfronterizas o marítimas convierten a estas zonas en corredores óptimos para el tráfico de drogas, la extracción ilegal (Crucitas) de recursos y el lavado de dinero. Un ejemplo es la falta de policías en la Bahía de Drake movidos por el gobierno sin ninguna justificación.
Desgaste Institucional: Tanto el control judicial como la tutela ambiental dependen de la capacidad del Estado para fiscalizar. Cuando la cobija presupuestaria no alcanza, los vacíos de autoridad terminan siendo ocupados por actores informales o ilícitos.
La política del gasto mínimo (o una política de reducir el gasto público al mínimo) puede tener ventajas en determinadas circunstancias, como controlar el déficit o la deuda pública. Sin embargo, esta política pese a que la presidenta defienda los gastos obedece a que no tienen más alternativas que bajar los presupuestos en detrimento de las instituciones y sobre todo en cuanto a seguridad el problema continuará en crecimiento. Es que bajar los presupuestos llevan a menor vigilancia ambiental, reduce los programas de conservación, menor control de incendios (nefastos para el ambiente como el de Palo Verde), más contaminación y retraso en la adaptación al cambio climático. Se posponen obras para prevenir inundaciones, sequías, erosión costera y otros efectos asociados al cambio climático. Finalmente hay menos apoyo para programas para agricultura sostenible, sistemas silvopastoriles en ganadería, captura de carbono. El país puede recibir menos ayudas internacionales para implementar tecnologías limpias
¿SIEMPRE PERJUDICA AL AMBIENTE?
No necesariamente. Si el gobierno reduce gastos innecesarios (por ejemplo, duplicidad de funciones o gastos administrativos) y mantiene la inversión ambiental, el impacto puede ser mínimo. El problema surge cuando los recortes afectan la protección de los recursos naturales y la capacidad del Estado para hacer cumplir la legislación ambiental.
En resumen, una política de gasto mínimo puede perjudicar el ambiente cuando limita la inversión en conservación, fiscalización e infraestructura ambiental, lo que aumenta el riesgo de contaminación, pérdida de biodiversidad y una menor capacidad para enfrentar el cambio climático. Lo que indica que los costarricenses cada día verán más deslaves en carreteras e inundaciones. Esto cuesta dinero y atrasos en la movilización. Son ejemplos el hueco de Cambronero y el de la 27.
