La lucha, que dan los funcionarios judiciales, por un Régimen de Pensiones, que consideran justo, ha traído una grave consecuencia en los servicios esenciales del Poder Judicial y en especial en la Sección de Patología Forense, al tomarse la decisión de no brindar el servicio correspondiente. Mas de veinte cadáveres, han sido retenidos y no se han brindado los servicios de autopsias y entregas de cuerpos a sus familiares. Acciones legales han sido consideradas por la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional ha ordenado se cumpla con la obligación de continuar con las labores que se requieran para cumplir con la obligación que les asiste a dichos trabajadores.
La Comisión de Ética del Poder Judicial, se ha manifestado y de manera acertada ha indicado: “….Respetamos que las personas trabajadoras del Poder Judicial defiendan el derecho a una pensión digna para la cual han trabajado y cotizado. Es legítimo reclamar nuestros derechos, pero es incomprensible que le causemos daño a otras personas, como un mecanismo de protesta. Si queremos que la sociedad comprenda nuestro malestar, también conviene que entendamos la pena de las personas a las que se les está violentando su derecho a decir adiós, a llorar en paz por un dolor…”
La ética es el compromiso social del médico y tiene la función de fortalecer su responsabilidad profesional y de todos aquellos que componen el equipo de salud y no puede ser practicada de forma aislada de sus fundamentos filosóficos, sino peligra en transformarse sólo en un código de etiqueta.
Si se puede resumir la profesión médica en dos palabras, decimos que medicina sólo puede ser practicada con ciencia y conciencia. Por ello, considero que lo que hoy día se hace en Patología Forense, es ciencia, sin conciencia. No es posible que el medio de presión considerado idóneo, sea el dejar de brindar un servicio esencial, que causa dolor ajeno, re-victimiza y consecuentemente es inhumano.
Maikel Vargas Sanabria, presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Legal, indico en una reciente opinión publicada por La Nación: “ … Una vez que la persona ha fallecido no hay forma de revertir el dolor de la familia por su pérdida, pero, por supuesto, se puede paliar, evitando la revictimización, siendo eficientes con los resultados de los estudios, siendo diligentes en todos los procesos relativos a la entrega del cadáver a los dolientes. En síntesis, la patología forense no es una disciplina lúgubre, macabra, tétrica, sino una disciplina científica que está al servicio de la sociedad costarricense y trabaja en forma interdisciplinaria con muchas otras instituciones y ciencias con el fin, no solo de determinar con el mayor rigor la causa y manera de muerte de una persona, sino de ayudar a que las familias de las víctimas de la violencia o de una muerte súbita sufran lo menos posible ante un procedimiento como la autopsia médico legal, que es ordenado por las autoridades judiciales…” ( Opinión La Nación, 4/7/2017)
Paradójicamente, los funcionarios de Patología Forense, ante lo que consideran la presión de su patrono, quien cumple con el mandato judicial, de ordenar la continuidad y obligación de laborar, se sienten afectados y hasta incapacitados han resultado por dicha afectación. Acción que lejos de causar empatía ha sido objeto de molestia general y así se muestra en redes sociales, cuestionándose aun mas el dolor de las familias que no han podido dar un digno adiós a sus familiares.
Una muestra de ética, de ciencia con conciencia, solo se dará, cuando la lucha sea con dignidad y no se pretenda justicia con injusticias. Injusticias, que se pueden traducir en un daño moral irreversible e indemnizable.
Vehementemente pido a los empleados judiciales, que busquen una adecuada solución y que no dejen que las frías cámaras en la morgue, sigan llenándose de cuerpos, a los cuales sus seres queridos, añoran despedir.
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