Para tener malos gobiernos no hemos necesitado elegir partidos políticos con mayoría legislativa. Ni las leyes se han aprobado con mayorías de diputados de ningún partido. Todas las leyes se han aprobado conformando las mayorías necesarias con variedad de diputados de variedad de partidos. En realidad lo que necesitamos es mucha más capacidad y patriotismo en nuestros diputados y en general, en todos los funcionarios públicos de los 3 poderes de la República y de todas las instituciones públicas.
Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada.
Entre otros muchos temas pendientes también debe resolverse la prohibición para la no existencia de diputados de partidos, que luego se declaran independientes, que estuvieron de moda en las elecciones anteriores y, que en este nuevo gobierno, otra vez ya se han presentado varios casos. No podemos seguir con los mismos procesos electorales de hace 200 años. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas, si la Sala IV por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todo lo relativo a nuestra Constitución Política: la interpretación correcta y las mejoras necesarias de artículos como los relativos a las convenciones colectivas y al 8% del PIB imposible e innecesario para financiar a la educación pública, por ejemplo, si va a seguir siendo prioridad el FEES en detrimento de la educación pública primaria y secundaria. Ya hace varios años se permitió la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede modificar todo lo que sea necesario, para beneficio del Estado y de todos los demás costarricenses.
Los costarricenses consideramos sin embargo, que se pueden llevar a cabo aún gran cantidad de mejoras en estos nuevos procesos electorales, para beneficio del país finalmente y, en principio para empezar a disminuir el abstencionismo, promoviendo un mayor entusiasmo de los electores. Por ejemplo, no seguir permitiendo la doble postulación de candidatos a la vez, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, en el mismo proceso electoral. Así como no seguir permitiendo ninguna reelección en ningún puesto público, por un lado porque todos los demás costarricenses también tienen derecho a elegirse y, por otro lado, porque existen muchos otros puestos para los cuales pueden postularse los funcionarios que ya han servido en otros puestos. Para eso es un nuevo gobierno. Pero el nuevo gobierno de turno no es solo el nuevo presidente, todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa son también parte del nuevo gobierno de turno y, todos deberían estar trabajando de conformidad con sus planes de gobierno, esos que el TSE les aprobó de previo a las elecciones. Los planes de gobierno de los partidos políticos deberían ser mucho más que solo un requisito de presentación ante el TSE para poder participar en las elecciones.
Con eficiencia y buenos controles en todas las instituciones públicas y en los 3 Poderes de la República, nos beneficiamos todos los costarricenses. Sin eficiencia y sin buenos controles, se benefician unos pocos en detrimento de la gran mayoría de costarricenses. Para eso es un cambio de gobierno. Hay que hacer lo que hay que hacer. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, ahora en este gobierno el caso barrenador y otros casos, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc.
Necesitamos que por fin, todas las instituciones públicas hagan lo que se supone tienen que hacer. Obvio. Pero siguiendo los procedimientos y leyes establecidas. Lo contrario es anarquía. Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país.Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojala que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente.
Está claro que nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, quien arregla a quien? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Por dónde empezamos, quien arregla a quien? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses. El problema son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad. Para tener malos gobiernos no hemos necesitado elegir partidos con mayoría legislativa.
