Las recientes declaraciones del presidente panameño José Raúl Mulino, de algunos diputados costarricenses e incluso de ciertos enfoques mediáticos sobre el Mercado Eléctrico Regional (MER) han dejado algo bastante claro, gran parte del debate público se está desarrollando desde una comprensión incorrecta de cómo funciona realmente el sistema eléctrico centroamericano.
Durante días se ha instalado la idea de que Panamá puede simplemente “cerrar la electricidad” a Costa Rica o imponer unilateralmente precios eléctricos al país como mecanismo de presión política. El problema es que el MER y el sistema SIEPAC no funcionan así. Y precisamente fueron diseñados para que no funcionaran así.
La confusión empieza desde la forma en que se está planteando el tema. Se habla del mercado eléctrico regional como si fuera una relación bilateral directa entre Panamá y Costa Rica, cuando en realidad el MER opera bajo una lógica regional y supranacional regulada por el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, administrada por el Ente Operador Regional (EOR) y supervisada por la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE).
En otras palabras, Panamá no tiene una “llave” exclusiva sobre el sistema eléctrico costarricense.
Cuando Panamá tiene excedentes energéticos, esos excedentes se ofertan dentro del Mercado Eléctrico Regional bajo reglas comunes. Y aquí precisamente está una de las mayores confusiones que se han repetido estos días, Panamá no puede simplemente decidir venderle electricidad más cara únicamente a Costa Rica mientras mantiene otro precio para el resto de países dentro del mismo mercado regional.
Si Panamá oferta energía más cara, esa oferta entra al MER bajo las mismas reglas para cualquier comprador regional. Y si quisiera afectar específicamente a Costa Rica, tendría entonces que reducir oferta energética al mercado regional en general, no únicamente al sistema costarricense.
Son dos cosas completamente distintas.
Además, otro elemento que prácticamente se ha ignorado en buena parte de la discusión pública es que gran parte de la generación eléctrica panameña que participa en el MER proviene de agentes privados. Es decir, el Ejecutivo panameño no controla directamente toda la energía que eventualmente termina ofertándose dentro del mercado regional.
Y precisamente ahí aparece otro problema con muchas de las afirmaciones que se han hecho estos días, para impedir o restringir exportaciones energéticas hacia el MER por razones políticas o diplomáticas, el gobierno panameño tendría que intervenir directa o indirectamente sobre empresas privadas que operan bajo reglas regionales de libre competencia, libre tránsito energético y seguridad jurídica supranacional.
Además, el propio diseño jurídico y regulatorio del Mercado Eléctrico Regional precisamente dificulta que un gobierno pueda utilizar discrecionalmente el sistema eléctrico como herramienta de represalia bilateral, porque el Tratado Marco del MER establece principios de libre tránsito, no discriminación y operación supranacional justamente para evitar que conflictos políticos entre gobiernos terminen trasladándose arbitrariamente al mercado energético regional.
De hecho, las transacciones dentro del MER son realizadas entre agentes del mercado y administradas regionalmente mediante criterios técnicos y económicos, no mediante decisiones políticas discrecionales de los gobiernos de turno. Y precisamente por eso una eventual restricción explícitamente dirigida contra Costa Rica no solo tendría implicaciones políticas y económicas, sino también potenciales controversias regulatorias dentro de la CRIE, conflictos bajo el propio Tratado Marco e incluso litigios relacionados con agentes privados afectados por restricciones incompatibles con las reglas regionales del sistema.
Porque el MER no fue diseñado para que un presidente utilizara la electricidad como mecanismo discrecional de represalia política bilateral.
Ahora bien, reconocer esto tampoco significa negar la realidad. Costa Rica sí recurrió de manera importante al Mercado Eléctrico Regional durante los años recientes, especialmente bajo las presiones climáticas derivadas del fenómeno del Niño y la reducción de generación hidroeléctrica. Panamá además se convirtió en un oferente relevante dentro del sistema regional, pero precisamente ahí vuelve a confundirse el debate público.
Lo que sí ocurre en determinados períodos —especialmente durante la época seca y en escenarios asociados al fenómeno del Niño, usualmente entre diciembre y abril, cuando las sequías reducen significativamente la generación hidroeléctrica y bajan los niveles de los embalses— es que el país puede recurrir más al Mercado Eléctrico Regional o aumentar temporalmente el uso de generación térmica para cubrir demanda y estabilizar costos.
Pero eso es muy distinto a afirmar que Costa Rica depende estructuralmente de Panamá o que un presidente puede discrecionalmente “apagarle la luz” al país.
Una cosa es que Costa Rica utilice el MER en determinados contextos climáticos o estratégicos. Otra muy distinta es afirmar que Panamá puede manipular discrecionalmente el mercado regional para castigar exclusivamente a Costa Rica o imponer unilateralmente precios eléctricos.
El propio diseño jurídico y operativo del MER dificulta precisamente ese tipo de decisiones arbitrarias. Y una eventual restricción explícitamente dirigida contra Costa Rica podría incluso abrir conflictos regulatorios regionales, controversias bajo el Tratado Marco e incluso litigios de empresas privadas afectadas.
Por eso preocupa el nivel de simplificación con el que algunos actores políticos y parte de la discusión mediática han abordado este tema. Porque una cosa es utilizar declaraciones de presión diplomática dentro de un conflicto comercial; otra muy distinta es transmitirle a la opinión pública la idea de que el sistema eléctrico regional funciona como un simple interruptor político controlado discrecionalmente por un gobierno.
No funciona así.
Y precisamente entender eso es lo que ha faltado en buena parte de las declaraciones y análisis que se han escuchado durante los últimos días.