Un nuevo escándalo en obra pública que salpica instituciones como el MOPT y la misma Casa Presidencial, por actos de corrupción en contratos de conservación y mantenimiento vial, noticia todavía en desarrollo.
Mientras avanzan las investigaciones, les comento que el mercado de los contratos públicos y las modificaciones legales con carácter retroactivo dan lugar a las mayores tentaciones y oportunidades de corrupción debido a la gran inseguridad jurídica en donde la transparencia total no está garantizada para las diversas actividades de obra pública del estado.
En cuanto a la reactivación de la economía y pese a que el gobierno no ha presentado la hoja de ruta solicitada por la UCCAEP sí ha estado trabajando mucha obra pública y ha insistido en el tema del tren eléctrico como una obra que aportará a nuestra nación movilidad, salud y competitividad.
Está claro que a nivel mundial existe consenso de que la inversión pública debe ser impulsada en este momento como dinamizador económico y el tren eléctrico interurbano, es una excelente propuesta que sin duda alguna generaría todo un encadenamiento productivo con otros sectores de la economía; llámese turismo, comercio, manufactura, industria alimentaria, construcción.
Los gobiernos de Costa Rica, sin importar el color del gobierno, PAC, PUSC, PLN, a todos los niveles, han tenido una incapacidad crónica y arbitrariedad política en la gerencia de obras públicas.
Presupuestos sobregirados, malos materiales, falta de estudios y proyectos, que han generado los llamados “Elefantes Blancos” el tema de la obra pública, sus irregularidades, colapsos y proyectos inconclusos en todo el país es verdaderamente lacerante.
Desafortunadamente la industria de la construcción ha sufrido los embates de las ancestrales prácticas de corrupción que ningún gobierno ha sido capaz de frenar en Costa Rica, en este caso la Ley General de Concesión de Obra Pública de Costa Rica.
Es difícil hablar de la obra pública en Costa Rica sin asociarla directa o indirectamente a la corrupción, no hay obra pequeña, mediana o grande, de gobierno, que no tenga problemas de construcción, financiamiento, calidad, cumplimiento, plazos, entrega o precios.
A ella se anteponen el compadrazgo, el amiguismo, los intereses políticos y económicos, factores que desembocan en obras mal construidas, entregadas a destiempo y, generalmente, a costos muy superiores a lo presupuestado originalmente.
Finalmente, urge revertir este círculo perverso de una política que elimina el carácter público de las obras para convertirlas en botín de intereses privados. El estado debe responsabilizarse del proceso y por el resultado de las construcciones, financiadas con dinero de los contribuyentes. Obras en las que se invirtieron miles de millones de dólares, inservibles, colapsadas, inconclusas o abandonadas… corrupción, opacidad en las licitaciones, y tráfico de influencias.
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