La Segunda Ronda Electoral está teóricamente matizada, obviamente, por la propuesta que mejor hagan los candidatos, frente a todo el electorado, en sus diversos sectores sociales, económicos y políticos, sobre su proyecto de Plan de Gobierno o Programa de Gobierno.
Durante la primera parte del proceso electoral, que terminó el 4 de febrero, y que limpió la papeleta de trece a dos candidatos finalistas, en la práctica no permitió analizar estas propuestas como se hubiera querido o deseado.
Dos temas, corrupción, en un primer momento, asociado a la investigación legislativa sobre el caso del cemento chino, y los temas asociados a familia y matrimonio igualitario para personas del mismo sexo, en un segundo momento, especialmente éste relacionado con la Respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ocuparon la atención principal, convirtiéndose en los temas electorales más determinantes, que de una u otra forma terminaron catapultando a los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana, con sus candidatos Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, sin que se hubiera previsto en diciembre y todavía en los primeros días de enero, por ninguna de las fuentes analistas del proceso electoral lo que se estaba dando.
Hay quienes quieren sostener estos dos temas, especialmente el segundo, como el relevante de esta etapa que concluirá electoralmente el domingo 1 de abril.
Lo real es que se debe aterrizar en los grandes temas nacionales, que están planteados en los programas que tienen estos dos partidos, para distinguir sobre su debate, qué es lo que más le conviene al país de ambas propuestas. Al final, uno de estos dirigirá el país como su Presidente a partir del 8 de mayo, nos guste o no quien gane.
La discusión de los Programas y Planes de Gobierno no deja de ser más que un ejercicio de teoría y debate político. En la práctica, de hecho, ninguno de los dos candidatos puede implementar de manera inmediata lo que están proponiendo. Todo el año 2018 tiene un Presupuesto Nacional aprobado en noviembre del año 2017, bajo los parámetros del actual Gobierno, de manera que quien gane solo puede gestionar en su buena administración este Presupuesto, sin poder incidir en él. El 96% del mismo está totalmente comprometido con partidas que no se pueden tocar ni alterar. El margen de maniobrabilidad es muy pequeño para este primer año de ejercicio gubernativo del próximo Presidente, que se inicia el 8 de mayo y se le acaba el 31 de diciembre del presente año.
Para el siguiente año, 2019, el primer borrador del Presupuesto Nacional de la República, se termina de elaborar, entiendo, en el mes de abril, de modo que antes de que el nuevo Gobernante asuma la Presidencia, ya está hecha la primera propuesta de Presupuesto Nacional para el 2019, sin que el Presidente que asuma, y su equipo de gobierno, haya llegado a la Casa Presidencial y al Ministerio de Hacienda. Y este primer borrador debe enviarse en julio a más tardar a conocimiento de la Asamblea Legislativa, por lo que para cualquiera de los dos candidatos la situación de la propuesta electoral que hicieron hasta el 4 de febrero, o hagan en estas semanas hasta el 1 de abril, tienen poco asidero en la realidad política del ejercicio de gobierno inmediato. El que podría tener la ventaja de esta situación, sin lugar a dudas es Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, porque es el representante del partido gobernante y porque desde el inicio de su campaña manifestó que continuaría la obra del actual gobierno. Aún así, estaría en una situación de “perdedor” frente a lo que él mismo propone ejecutar con su propio sello. En peor situación estará Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, por cuanto se encuentra con dos camisas de fuerza presupuestaria, la que está en marcha, que tiene que ponerse a la fuerza, y la que ya están elaborando sin haberlo medido, de tal forma que este traje presupuestario para el 2019, también le puede quedar apretado, sin grandes posibilidades de “arreglarlo”, más allá de lo que ambos candidatos, puedan hacer con los llamados “presupuestos extraordinarios”, o con “mover partidas presupuestarias”.
En la primera parte de la campaña electoral Rodolfo Piza señaló la dificultad de asumir gobierno indicando que impulsaría un Gobierno de Unidad Nacional, tema que poco a poco fue asumido por otros candidatos, sobre todo si llegaban a la segunda ronda electoral, indicando además, que en ese momento harían el esfuerzo de integrar este Gobierno de Unidad Nacional, con las fuerzas políticas que habían quedado fuera pero que ya tenían fracciones legislativas, y con sectores importantes de la realidad política, económica, social y empresarial del país.
Hoy este panorama está claro. Siete partidos políticos quedaron representados en la Asamblea Legislativa, tres de ellos con 40 diputados, Liberación Nacional, con 17, Restauración Nacional con 14, Unidad Social Cristiana con 9, lo que les produce una mayoría para tomar prácticamente el acuerdo legislativo que quieran, si establecieran un pacto de gobernabilidad entre ellos.
Las conversaciones de los dos candidatos finalistas no se han hecho esperar hacia estos partidos y hacia los sectores de la sociedad política, económica y hasta con la jerarquía de la Iglesia Católica nacional.
Si estuviéramos bajo un sistema parlamentario habría más recursos políticos y legislativos para lograr verdaderas alianzas políticas para integrar un Gobierno de Unidad Nacional, como se hace en las democracias parlamentarias europeas.
La integración de un Gobierno Nacional, tomando en cuenta a todos los partidos políticos que participaron en el proceso eleccionario, a los diversos sectores políticos, empresariales, sociales y económicos, por la vía del Código Electoral no se puede realizar. No hay margen para lograr fusiones o coaliciones electorales. Se participa en esta segunda ronda con las reglas de la primera ronda. Si en esa no se hicieron fusiones ni coaliciones, en esta segunda no se pueden realizar. Ni tampoco funciona la nueva figura establecida en el Código Electoral vigente desde el 2009 de la “fusión por absorción”. Ningún partido político, en este momento, está dispuesto a ser “absorbido” por cualquiera de los partidos que gane la elección del 1 de abril.
Así las cosas, ¿cuál es el margen de alianza existente para cualquiera de los dos candidatos, Fabricio Alvarado o Carlos Alvarado, a realizar para lograr un Gobierno de Unidad Nacional?
Estamos a las puertas no de un Gobierno de Unidad Nacional de partidos políticos, sino a las puertas de un Gabinete de Gobierno que puede considerar miembros de distintos orígenes partidarios y sectoriales. En su esencia esto no es un Gobierno de Unidad Nacional, será en cualquier caso un Gobierno que ha recibido apoyo importante de personas, con capacidad de asumir tareas ministeriales, que no responden a un programa mínimo de gobierno, sino que responden a un mínimo de apoyo que le dan al Gobierno entrante para que pueda no solo empezar a caminar, sino a asumir más decorosamente su tarea de Gobierno. En Costa Rica no hemos desarrollado la cultura política de las coaliciones políticas. A veces se ha hablado de alianzas políticas, más como apoyos electorales de un partido a otro o apoyos mutuos, sin que se llegue a coaliciones. En esta posibilidad de un Gabinete con personas que apoyan a uno u otro candidato ni siquiera se puede hablar tampoco de un gobierno de alianzas. Es una incorporación de personas de diversas procedencias políticas a un gobierno para tratar de ayudarlo a salir adelante.
En este momento el Partido Liberación Nacional ha liberado a sus votantes para que decidan por sí mismos ante la elección del 1 de abril, de manera que no están en la negociación de participar en ningún Consejo de Gobierno de cualquiera de estos dos candidatos. Eso explica por qué dirigentes, exministros y figuras importantes de este partido se han acercado o declarado públicamente sus intenciones de votar y apoyar a uno u otro de estos candidatos. El Partido Unidad Social Cristiana presentó a cada uno de estos candidatos una propuesta de más de 80 temas de interés, de manera que sobre el apoyo que le den a estos temas así decidirán sobre el apoyo a uno u otro, de una manera más partidaria.
El Partido Frente Amplio ha llamado a votar por Carlos Alvarado y Acción Ciudadana. Se han reservado el tema de participar en un eventual Gobierno de Unidad Nacional considerando quiénes, como personas, o cuales partidos políticos podrían participar de él, y quienes asumirían determinados ministerios.
El Partido Alianza Demócrata Cristiana se ha integrado a Fabricio Alvarado en la figura de su candidato presidencial, Mario Redondo, quien se señala como un posible Ministro de la Presidencia, indicando Mario que el Partido como tal no se está integrando.
El Partido Integración Nacional ha señalado en sus autoridades partidarias, y su diputado electo y fundador de este partido Walter Muñoz, que mantendrán conversaciones abiertas con ambos candidatos aunque tiene más afinidad en temas con Fabricio Alvarado.
El Partido Nueva Generación en la figura de su candidato presidencial Sergio Mena le dio la adhesión a Fabricio Alvarado, pero su candidata a la Vicepresidencia, Sol Echeverría, y varios de los que encabezaban las listas de diputados, bajo un documento firmado hicieron un “pacto” con Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana para darle su apoyo. Es interesante esto, por cuanto de todo lo que se ha movido en este sentido es lo único que se ha hecho con un documento firmado.
El Partido de los Trabajadores ha llamado absurdamente a la abstención, siguiendo la misma tesis que a nivel centroamericano tenía esta organización, aún contra la propia participación en la elección costarricense.
El Partido Republicano Social Cristiano en la figura de su candidato presidencial se ha mostrado más afín a Fabricio Alvarado.
El Partido Renovación Costarricense por su filiación religiosa evangélica seguramente estará en las banderas de Fabricio Alvarado, aún cuando su candidata presidencial haya salido y se haya retirado oficialmente de ese partido.
Los partidos Accesibilidad Sin Exclusión y Movimiento Libertario tienen más afinidad con Fabricio Alvarado, y así lo han declarado.
Tal es el escenario de los partidos políticos que participaron en el proceso electoral, al menos hasta el día de hoy, en torno a esta Segunda Ronda Electoral. De hecho los programas económicos de gobierno de los partidos Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana tienen mayor afinidad con el Partido Restauración Nacional que con el Partido Acción Ciudadana.
Los sindicatos probablemente estarán más afiliados al Partido Acción Ciudadana, en tanto uno de sus vicepresidentes es un dirigente sindical, y porque también han llamado a votar en esta Segunda Ronda Electoral atendiendo la agenda de los Derechos Humanos, que se percibe amenazada por Restauración Nacional y su candidato. La Vicepresidencia para un dirigente sindical no ha sido la mejor señal para el sector empresarial.
El sector empresarial hasta ahora solo recibe señales de posibles miembros de gabinete, que se mencionan o suponen que van a ser llamados por ambos candidatos, en el campo que a ellos de manera particular les interesa. Así la incorporación de figuras descollantes del sector empresarial, y de seguridad nacional, y el sector exportador con Fabricio Alvarado les da luces sobre el camino a seguir. Por ahora, también preparan encuentros y debates con ambos candidatos donde irán puliendo sus posiciones finales.
Las iglesias evangélicas, protestantes en general, pentecostales, y todas las de garaje, están claramente definidas por Fabricio Alvarado, trabajando por él, asegurando que en la Semana Santa nadie se les mueva de sus sitios de votación, activando los 3276 puntos electorales que tienen, templos religiosos de distintos tamaños. Un sector de la Iglesia Católica, el más conservador, algunas comunidades carismáticas y el Opus Dei, están con Fabricio Alvarado. Algunos sacerdotes desde sus púlpitos ya han expresado esta orientación electoral.
Nunca como ahora, en una campaña electoral, se habían activado estas fuerzas religiosas, sobrepasando todos los niveles imaginables de participación, agitación y movilización política electoral. La campaña ha tenido un sesgo político religioso.
Nunca, como ahora, estos sectores fanáticos y conservadores religiosos han expresado tanta beligerancia e intolerancia hacia quienes no están con ellos. La intolerancia ha llegado a niveles inimaginables, especialmente con la discusión de los temas relacionados con las guías de educación sexual y de afectividad, donde la Ministra de Educación ha sido objeto de amenazas a su integridad física, ofensas a la integridad personal y moral, intolerancia que se refleja en insultos, ofensas y agresiones verbales de distinto tipo, amenazas de todo tipo, mentiras lanzadas contra quienes no piensan como ellos. Beligerancia cuando “pastores” o “guías” espirituales de estos grupos los movilizan bajo su dirección para impedir que se abra una escuela, o un colegio, o que en una Asamblea de padres de familia, a la que asiste la Ministra de Educación, estos “pastores” o “guías” dirigen al público, lo hacen actuar, y “callan” de hecho, por sus gritos, su forma de actuar, al resto de padres de familia, entre ellos católicos que no saben como actuar frente a estas situaciones.
Nunca, como ahora, la agitación y la movilización de estos grupos fanáticos religiosos, en su forma beligerante, ha hecho que se ataque la institucionalidad del Estado en su esencia, en sus funciones públicas, como es la educación, tratando de impedir el ejercicio de la misma.
Nunca como ahora la Iglesia Católica costarricense, y con ella las Iglesias históricas cristianas, porque muchas de esas sectas y vocaciones religiosas son de dependencia extranjera, ha sido tan cuestionada, tan marginada, tan agredida directamente.
También la Iglesia Católica fue sorprendida por este final de la campaña electoral en su primera ronda, y más sorprendida ha de estar en la posibilidad de que un representante de estas religiones pueda ejercer el Gobierno de la República, porque ha quedado claro que no solo les interesa el gobierno nacional, van también por el Poder Legislativo, ahora con 14 diputados, que les produce una palanca Gobierno, y van en el 2020 por las municipalidades, por ganar el mayor número de gobiernos locales. Y van, también, por disputar mayor espacio público para sus sectas y corrientes religiosas, y mayor apoyo estatal o público para ellas, con afectación directa de la Iglesia Católica. Es una guerra de religiones por ahora planteada y disputada electoralmente.
Debe quedar claro a toda la clase política, a todos los políticos, a todos los partidos políticos, a todos los gobiernos municipales y sus partidos cantonales, de carácter nacional o provincial que actúen en las municipalidades, que este movimiento político religioso protestante, neopentecostal, va por controlar estos gobiernos y desplazar de allí a todas las fuerzas políticas que hoy forman parte de esas corporaciones. ¡Qué nadie se llame a engaño frente a lo que se avecina!
Todos los analistas políticos, comentaristas y gestores de opinión debemos ponerle atención más detenida a esta realidad política que nos ha saltado a los ojos, que nos ha golpeado el entendimiento, que no la habíamos percibido.
Los centros académicos igualmente deben empezar a analizar esta nueva realidad en su verdadera dimensión política nacional.
Esto no es un un asunto de religiones y prácticas religiosas en Costa Rica. Es un asunto de injerencia de la religión, y de agrupación de iglesias, por medio de organizaciones y partidos políticos, en asuntos de Estado y de Política Nacional donde les está vedado constitucionalmente, y por la práctica histórica de más de 100 años, de separación de lo religioso y lo político, y de prohibición expresa de esta mezcla, o de usar los sentimientos y creencias religiosas para el quehacer político.
El peligro mayor, con las prácticas sociales que estamos viendo, de agresión, de amenazas de muerte, y de movilización contra las guías de educación sexual y de afectividad, es la instauración de un Gobierno que fomente, o facilite estas acciones, que conduzcan, en la realidad nacional, a una talibanización del país, a un fundamentalismo religioso desde el Poder Político y la práctica social, con apoyo gubernativo, que pueda conducir a crímenes por razones religiosas, a acosos, persecuciones y nuevos bullings contra distintos componentes del conglomerado social, especialmente contra minorías, pero también contra las mayorías religiosas católicas, si las minorías fanáticas e irracionales evangélicas, protestantes y pentecostales, se envalentonan y creen que por llegar a ser gobierno pueden actuar de esa forma contra la mayoría nacional. La irlandización del país puede ser también otra realidad.
La Iglesia Católica costarricense, en su Jerarquía y amplia base sacerdotal, hay que decirlo claramente, está también arrinconada, asustada, sin capacidad de discernir claramente qué le ha ocurrido. Ha sido pasiva frente a esta realidad que también le ha pegado en su cara, ha sido conformista de su status quo, que empieza a ser amenazado. Pero su zona de confort se le está agotando, le está a punto de estallar. ¿Jugará algún papel decoroso y decente la Iglesia Católica costarricense en este momento, en esta hora nacional?
Cuando Centroamérica y Costa Rica fueron amenazados e invadidos por los filibusteros norteamericanos en 1856-1857 la Iglesia salió junto con el Gobierno a enfrentar a los filibusteros. En 1943 se alió a los comunistas y al Gobierno, para producir las Garantías Sociales y el Código de Trabajo. En la Revolución del 1948 y en su Junta de Gobierno estuvo presente, con el padre Benjamín Núñez, para asegurar las reformas logradas en 1943.
¿Habrá hoy en la Iglesia Católica un Monseñor Anselmo Llorente y la Fuente, un Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, un Padre Benjamín Núñez Vargas, en capacidad o con capacidad de entender el difícil momento que vive el país frente al futuro inmediato?
(Artículo publicado en la Columna Pizarrón, del periódico La República, en su edición digital, larepublica.net, el miércoles 28 de febrero del 2018)
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