En mayo de 2025, la Policía Municipal de San José retiró cinco cámaras de videovigilancia instaladas por grupos narcotraficantes en tres postes de alumbrado público de Pavas. No fue un hecho aislado: para ese momento, la institución ya sumaba diecisiete dispositivos eliminados en lo que iba del año, y meses después reportó nueve más en el mismo distrito. El patrón se repite en otros cantones: la Fuerza Pública de Tibás retiró diez cámaras, incluida una oculta dentro de un domo, instaladas sin ningún permiso en postes de alumbrado para monitorear a las unidades policiales en la Ciudadela León XIII.
La escala del fenómeno en la región es mayor de lo que la mayoría imagina. Solo en México, entre 2024 y lo que va de 2025, las autoridades han reportado la desactivación de más de seis mil cámaras “parásitas” en más de setenta y cinco municipios, colgadas de postes públicos por el crimen organizado para vigilar a la policía, a sus rivales y a sus víctimas. En Tecate, Baja California, las comunicaciones interceptadas de una de estas redes revelaron algo más grave que el espionaje a las autoridades: las cámaras también se usaban para rastrear los movimientos de personas que, poco después, fueron privadas de su libertad y asesinadas. La vigilancia no auditada de espacios públicos no es solo un problema de privacidad, es un insumo directo para la extorsión, el robo, el secuestro y el sicariato, porque le entrega a quien controla el lente la rutina exacta de la víctima antes de que ocurra el hecho.
Ese riesgo no pasa inadvertido para las misiones diplomáticas que operan en la región. Las alertas de viaje que gobiernos como el de Estados Unidos actualizan de forma constante para México documentan, caso tras caso, cómo el crimen organizado ha logrado infiltrar cuerpos policiales y estructuras de gobierno local, desde la corrupción directa hasta el control territorial de facto en ciudades enteras. El caso de Ciudad Juárez, donde el crimen organizado llegó a forzar cambios en el mando policial local, es apenas el ejemplo más documentado de un patrón que las embajadas y consulados monitorean permanentemente porque afecta directamente su evaluación de riesgo para inversionistas, residentes extranjeros y turistas. Un cuerpo diplomático no necesita que ocurra una tragedia para actualizar su lectura de un país; le basta con observar cuánta infraestructura pública queda fuera del control efectivo del Estado.
Costa Rica no está en la misma escala de conflicto que gran parte de México, pero tampoco puede seguir tratando la vigilancia privada no autorizada como un fenómeno menor. El propio Organismo de Investigación Judicial reportó casi 500 homicidios vinculados a narcotráfico entre enero y noviembre de 2025, y el caso del ex magistrado Celso Gamboa Sánchez, capturado en 2026 por presuntos vínculos con redes de narcotráfico regional, demostró que la infiltración no es un riesgo hipotético ni exclusivamente mexicano. El país ya invirtió en escáneres portuarios, en un Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética y en cooperación internacional de inteligencia. Ese mismo nivel de exigencia institucional tiene que bajar hasta el poste de la esquina, porque ahí es donde empieza, a escala doméstica, el mismo problema que el país está combatiendo a escala portuaria.
La Policía Municipal de San José y la Fuerza Pública ya demostraron en Pavas y en Tibás que tienen la capacidad operativa para ubicar y retirar cámaras ilegales en cuestión de horas cuando deciden priorizarlo. Lo que hoy no existe es la misma prioridad cuando el operador de la cámara no es el crimen organizado, sino un particular cualquiera que decide colgar su propia red de vigilancia sobre la vía pública,inclusive incluso vender el servicio de espionaje a otros que por una membresía consiguen acceso a los videos, sin permiso técnico de la compañía eléctrica ni fiscalización municipal.
La ley no exige que detrás de la cámara haya un cartel para que el retiro sea urgente; la exige el derecho a la intimidad de cada vecino grabado sin su consentimiento, esté o no vinculado el operador a una organización criminal. Que el Ministerio de Seguridad y las policías municipales reserven su respuesta más rápida solo para el caso narco es una prioridad entendible, pero no puede convertirse en la norma que le dice al resto de la ciudadanía que su intimidad importa.
Ese estándar más alto ya tiene, además, colaborador natural. Cada cámara colgada de un poste público está, físicamente, sobre infraestructura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Eso significa que la CNFL ya es parte necesaria de cualquier operativo de retiro, igualmente debería de insitarse a las cableras a reportar cámaras que no sean inequívocamente propiedad de cuerpos de seguridad estatales o municipales. Lo que falta no es crear esa alianza, es formalizarla, y extenderla a las compañías de cable e internet, cuya infraestructura y ancho de banda también se usan con frecuencia para transmitir estas grabaciones. Un protocolo conjunto entre policía, CNFL y operadores de telecomunicaciones, con la misma velocidad que hoy se aplica a las narcocámaras, cerraría el vacío que hoy permite que cualquier particular use infraestructura pública como si fuera su propiedad privada.
Costa Rica sí tiene, además, el andamiaje legal para exigirlo. El artículo 24 de la Constitución Política garantiza el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. La Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales reconoce la imagen como un dato personal que no puede tratarse sin consentimiento. El artículo 196 bis del Código Penal sanciona con prisión a quien capte, retenga o dé tratamiento no autorizado a las imágenes de una persona, y el artículo 196 hace lo mismo con la interceptación de comunicaciones. Ninguno de estos artículos exige que el infractor sea narcotraficante para aplicar.
El riesgo, además, ya no se limita a que alguien te observe. Las tecnologías actuales de reconocimiento de patrones e inteligencia artificial pueden tomar meses de metraje sin encriptar, sin auditoría y sin dueño legal claro, y construir con eso un perfil completo de una
persona: sus horarios, sus rutinas, quién la visita, cuándo está sola. Esa misma información, combinada con herramientas de generación de imagen hoy accesibles a cualquiera, puede usarse para producir deepfakes verosímiles, una conducta que en Costa Rica ya encajaría en el artículo 230 del Código Penal sobre suplantación de identidad. Un archivo de video doméstico sin control institucional deja de ser solo un problema de vigilancia y se convierte en materia prima para el delito informático.
Por eso la respuesta no puede ser replicar, así sea informalmente, un modelo de vigilancia vecino contra vecino. Esa fórmula tiene nombre y tiene historia: es el modelo de control social que sostuvo a la URSS y que sigue sosteniendo a Cuba, donde la vigilancia mutua entre ciudadanos, sin auditoría independiente ni límite legal claro, se convirtió en herramienta de control antes que de protección. La imposibilidad de garantizar hoy, en Costa Rica, quién administra esas imágenes, con qué fin y bajo qué supervisión, es precisamente la razón por la que ese modelo nunca debería normalizarse aquí, sin importar cuán bienintencionada parezca la primera cámara que alguien cuelga en su cuadra.
La alternativa real no es elegir entre vigilancia total o ninguna vigilancia. Es que toda cámara sobre infraestructura pública tenga un responsable identificable, un permiso verificable de la entidad dueña del poste, y una autoridad concreta con capacidad de retiro inmediato cuando no los tenga, exactamente como ya ocurre con las narcocámaras de Pavas. Costa Rica demostró que sabe actuar rápido cuando decide que un problema lo merece. La pregunta pendiente es si el Ministerio de Seguridad y las municipalidades van a extender esa misma velocidad a todo ciudadano cuya intimidad se vulnera, o si van a seguir esperando a que cada nuevo caso se parezca lo suficiente al crimen organizado para merecerla.
Fuentes:
- CRHoy, “Policía Municipal de San José desmantela cinco cámaras del narco instaladas en Pavas”, mayo 2025.
- CRHoy, “Policía Municipal de San José elimina 9 narco cámaras en Pavas”.
- Teletica, “Operativo en Pavas elimina ‘narcocámaras’ utilizadas por el crimen organizado”.
- Ministerio de Seguridad Pública, comunicado sobre desinstalación de cámaras en Ciudadela León XIII, Tibás.
- El Universal, “Crimen coloca cámaras de narcovigilancia en postes, casas y comercios; desactivan en 21 estados más de 6 mil equipos”, marzo 2025.
- Semanario ZETA, “Cámaras clandestinas del narco vigilan Tecate”,
- Departamento de Estado de Estados Unidos, alertas de viaje actualizadas para México, 2025-2026.
- InSight Crime, “Costa Rica enfrenta su peor escándalo por narcotráfico y corrupción”, enero 2026.
- Diálogo Américas, “Recuperando la Pura Vida: Costa Rica lucha contra el crimen organizado transnacional”, marzo 2026.
- Constitución Política de Costa Rica, artículo
- Ley ° 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
- Código Penal de Costa Rica, artículos 196, 196 bis y 230 (reformados por Ley ° 9048).
