La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es particularmente propicio para hacer un balance de los logros alcanzados en materia de equidad de género y, más importante aún, del camino que queda por recorrer. Ya se cumplieron 40 años desde la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975, México D.F.) y 20 años desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. Además, la comunidad internacional suscribió en el 2015 la nueva agenda global de desarrollo conocida como “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), que guían los esfuerzos coordinados de todas las naciones del mundo por lograr, en el 2030, hitos tan importantes como la igualdad de género, la erradicación del hambre y la pobreza extrema.
Sin duda alguna la ruta para los ODS y el compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es altamente ambicioso y representa una oportunidad excepcional para alcanzar un planeta más justo y equitativo. Sin embargo, va ser un camino difícil, y quizá más irregular que en el pasado para el alcance de algunas metas. El gran reto está en cómo los gobiernos desarrollen su organización interna y priorización, reflejada en políticas públicas efectivas.
La implementación y el alcance de políticas públicas desde un enfoque de género, requiere adoptar estructuras, procesos, medidas e incentivos distintos donde se le de el espacio requerido a la incorporación de la perspectiva de género. Esto implica un cambio profundo en la forma en que se desarrollen las políticas públicas. Principalmente en la vinculación entre la planificación nacional y local, asignación de los recursos nacionales y presupuestos públicos que implemente la igualdad sustantiva, la evaluación y el monitoreo, la inclusión de la ciudadanía y una genuina voluntad y coherencia política, entre las distintas acciones que se emprendan.
Los instrumentos más poderosos con que cuentan los Gobiernos para mejorar y asegurar la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres se encuentran en los Ministerio de Hacienda, de Planificación, oficinas de estadísticas, Banco Central y en los propios Ministerios o Institutos Nacionales de las Mujeres. Estos pueden lograr incidir políticamente y asesorar técnicamente en los diferentes ámbitos de política pública y brindar acompañamiento a los procesos de producción de datos desagregados por sexo y estadísticas de género, así como a los procesos presupuestarios y de financiación de género, y a las iniciativas de formación de políticas y capacitación de género. Para que estos instrumentos logren su mandato deben contar con el apoyo al más alto nivel dentro de cada gobierno, y fundamentalmente, la asignación por parte del Estado de recursos adecuados. Debe implicar además el dotarlos con una capacidad real de coordinación inter-ministerial y de coordinación con otros poderes del Estado.
En el proceso y camino para ello, no podemos ignorar que gran parte de los logros alcanzados en América Latina y el Caribe, en materia de igualdad y equidad de género, fueron posible gracias a una época de óptimo desempeño económico, con tasas de crecimiento del promedio anual de alrededor de 4% y un aumento sostenido del gasto social, que pasó de 15% a 20% del PIB. Hoy esa realidad se presenta distinta, pero nuevamente favorable. De acuerdo con el informe de la CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017”, la región retoma, aunque a ritmo lento, una etapa de aceleración económica y se estima que en 2018 el crecimiento económico mundial será de 3,0%, respecto al 2,0% del 2017. En el caso de América Latina y el Caribe, la tasa de crecimiento será de 2,2%, superior a la registrada en 2017 (1,3%). La dinámica de los precios de los alimentos y las materias primas también muestra un comportamiento positivo, resultando más favorables que los vigentes en el bienio 2015-2016. Sin embargo, este escenario favorable se contrasta con altos déficit fiscales globales que enfrentan los países y un contexto internacional que no está exento de riesgos que plantean desafíos para la consolidación del crecimiento global en el mediano plazo, por lo que la región deberá poner especial atención a las formas de financiar el desarrollo. De esta manera, el tema de la inversión social en los distintos países de la región sigue siendo fundamental de cara a la propuesta para el alcance de la equidad e igualdad de género.
En este proceso es importante la consideración de una serie de premisas orientadas a garantizar sostenibilidad, eficiencia y eficacia al marco de la inversión social en cada país y de las posibles limitaciones que enfrenten.
- El nivel de la inversión social y la relación con el ritmo de crecimiento económico. El crecimiento económico juega un papel muy importante en la reducción de la pobreza como insuficiencia de ingresos, especialmente mediante el mercado de trabajo, afectando los ingresos de las familias. Sin embargo, el bienestar de las familias no depende exclusivamente de ese crecimiento o de lo que sucede en el mercado de trabajo en determinado momento del tiempo, sino que también depende de la ampliación de oportunidades, especialmente en lo relativo a la formación de calidad humana y el acceso a servicios sociales básicos de calidad. Es decir, debe existir correspondencia entre inversión, el crecimiento económico, su adecuada distribución y la expresión en el marco de la inversión social.
- La sostenibilidad de la inversión social exige una estructura tributaria robusta. La sostenibilidad financiera de la inversión social depende de la capacidad del gasto del gobierno central de cada país, que se ha visto reducida por los limitados ingresos tributarios y el peso creciente de los gastos no discrecionales, aspecto que impacta el gasto social y en particular la inversión como el caso de la inversión educativa.
- La inversión social debe guiarse desde un enfoque de de igualdad e inclusión asi como de derechos, atendiendo y conciliando en simultánea el logro de la eficiencia y la eficacia. No debe reñir la conciliación entre un enfoque que garantice, entre otros elementos, universalidad, progresividad, indivisibilidad de los bienes y servicios diseñados para satisfacer las necesidades y fortalecer capacidades, con un entorno de aplicación en el que opere la eficiencia y la eficacia.
En conclusión, los resultados mixtos del pasado en materia de equidad e igualdad de género dejan como enseñanza, que aún queda un enorme camino por recorrer, que el poco avance en algunos temas se debe no sólo a los problemas estructurales que debieron y deben ser enfrentados, pero además a la falta de atención a las políticas necesarias para alcanzar los resultados deseados. Cometer los mismos errores predispone un camino incorrecto para el alcance satisfactorio de nuevas metas, principalmente en el marco de los ODS.
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