En un escenario nuevo, hoy Costa Rica está con mujeres a la cabeza de los tres poderes de la República, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes y una mayoría de las diputadas de la Asamblea Legislativa. La reciente elección de la magistrada Patricia Vargas para dirigir la Corte Suprema de Justicia no es un hecho que puede menospreciarse. Es un justo reconocimiento a muchas personas que han luchado por el acceso a la toma de decisiones de quienes hasta 1948 no tenían el derecho al sufragio: las mujeres.
Considero que el voto de confianza del electorado y el crecimiento profesional de las personas que hoy encabezan el engranaje constitucional era algo que nunca imaginaron los constituyentes del 49, o brillantes mujeres como Ángela Acuña Braun, Emma Gamboa, Carmen Lyra, Yolanda Oreamuno, Bernarda Vásquez Méndez o la mismísima Francisca “Pancha” Carrasco, entre muchas ilustres damas. Honor a quien honor merece, en una lucha que aún continúa ante retos, desigualdades, prejuicios y una sociedad que requiere constantes transformaciones. En la actualidad, el desafío para esas gobernantes es responder al reto de aplicar cambios en una realidad del país caótica.
Con el debido respeto, la magistrada Patricia Vargas entra con un escenario de crisis presupuestal en el Poder Judicial, con enfrentamientos con Zapote y Cuesta de Moras, y con una situación real: una percepción popular de que la justicia no es pronta y mucho menos cumplida. Además, los cotidianos escándalos de corrupción hacen pensar que la ley es selectiva y solo se aplica a conveniencia. La seguridad jurídica es algo que muchos desconocemos mientras usamos los servicios del denominado “pilar de la democracia”.
En el ideario nacional están presentes aquellas recomendaciones de la I Comisión Legislativa de Narcotráfico de los años ochenta sobre algunos magistrados, la denominada libreta de Caro Quintero y jamás olvidar que el primer extraditado a Estados Unidos fue un exmagistrado de la Sala III, sí don Celso Gamboa. Y el evidente deterioro de la imagen del Poder Judicial, con un exmagistrado destituido en 2014 por aparente abuso sexual en contra de una jueza y más recientemente, en 2026, el director del OIJ en circunstancias similares y por supuestamente hacer “revelaciones de informaciones confidenciales” a personas no funcionarias judiciales.
Todo lo anterior, en la mayor crisis de seguridad nacional, con un fenómeno de crimen organizado y en especial el narcotráfico que “está hasta el tuétano” en las instituciones estatales. Dentro de ese escenario, los bajos salarios y la falta de opciones de crecimiento profesional, la saturación de despachos junto al riesgo ante la inseguridad y las dinámicas de un circulante de expedientes que llega a ser una bola de nieve que impacta a todos los ciudadanos que solicitan el acceso a la justicia. Detrás de cada expediente hay uno o varios rostros humanos que quieren el respeto de sus derechos. La menuda tarea de la magistrada Vargas y su equipo de confianza será combatir con pocos recursos y muchos pendientes históricos, como por ejemplo: la carrera fiscal, la despolitización de la elección de magistrados y el fiscal general, la separación de las labores gerenciales administrativas versus la judicatura y sobre todo luchar contra la corrupción en todos los niveles.
No cabe duda que la escogencia de una magistrada penalista de la Sala III viene acompañada con un discurso de mano dura y con una abierta necesidad de atender las numerosas solicitudes de extradición de la DEA y de los gobiernos que requieran costarricenses y extranjeros que tomaron la antigua “Suiza centroamericana” y la convirtieron en un “búnker global”. Hay una temática que no se puede eludir: los narcos están en todo lado, porque hay políticos que se financian con dinero sucio y que una vez electos se vuelven empleados de este poder fáctico. Por eso, para limpiar el país es necesario que el Poder Judicial esté sano y sea probo en su actuar. La magistrada considero que tiene que meter primero el bisturí a lo interno y luego aplicar la ley pareja a todos.
Mi mayor deseo es que le vaya bien y que sus resultados sean acordes al enorme desafío histórico. Ojalá que haya la colaboración de las otras autoridades y los otros poderes, ahora integrado por mujeres, para que en conjunto tengamos un país más justo, más accesible y más equitativo. Muchas personas soñaron y lucharon en procura de grandes transformaciones y es indudable que el pueblo costarricense no merece una decepción más. Muchos éxitos y que sirva de ejemplo para muchas niñas y jóvenes para construir una sociedad mejor, más educada y en paz. Finalmente, esos ojos de las futuras generaciones serán los mejores vigilantes en la conciencia de los funcionarios públicos, si es que aún tienen y confiamos que sea Dios quien les llene de mucha sabiduría.
