Tomada de pelo nos dieron a todos los costarricenses los Magistrados de la Sala Tercera, cuando en febrero del año pasado desestimaron la causa por tráfico de influencias, contra los ex Diputados Otto Guevara y Víctor Morales en el caso del Cementazo, alegando que: “no se pudo demostrar” ninguna relación de estos con Juan Carlos Bolaños. Más cuando, el mismo director del OIJ, Wálter Espinoza, denunció posteriormente que eso era falso, pues el mismo informe del OIJ demostraba que sólo entre el 2014 y el 2015, habían encontrado más de 608 llamadas telefónicas entre Guevara y Bolaños y 184 entre Bolaños y el Diputado Víctor Morales Zapata.
Curiosamente, los Magistrados de la Sala III, no solamente ignoraron el informe del OIJ que probaba cientos de llamadas entre los investigados, sino que además emitieron una disparatada desestimación, tomando como base hechos que carecían de toda verdad: el primero, que no había indicios que comprobaran entre ellos una relación y el segundo, que no había pruebas que demostraran contactos telefónicos entre los indagados.
Valiente fue la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic), cuando en octubre del año pasado, dio un paso al frente, al denunciar a los magistrados de la Sala III, en vía administrativa (solicitado la suspensión de sus cargos) y en vía penal (solicitando la condena por presunto delito de prevaricato), alegando que, curiosamente sus diligencias fueron superficiales e impropias de una investigación seria.
Este miércoles 11 de Julio, quienes nos tomaron el pelo fueron los de la Corte Plena, los cuales, pese a la denuncia interpuesta contra los 5 Magistrados de la Sala III y su evidente displicencia y mal manejo de este caso, simplemente acordaron imponerles una “amonestación escrita”.
Tuvo esta semana la Corte Plena, la oportunidad de recomponer su credibilidad; en días recientes tan mancillada y venida a menos, declarando a estos Magistrados como responsables de una falta gravísima y elevando el caso a la Asamblea Legislativa, para que fuera ésta la que finalmente decidiera revocar sus nombramientos, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lejos de ello, y como si nada hubiese pasado, ni siquiera promovió una suspensión sin goce de salario contra dichos Magistrados que, gracias a su actuar dejan en impunidad, una de las causas que forman parte del Cementazo (considerado uno de los casos de corrupción, más graves en la historia de nuestro país).
Con este penoso evento, la Corte Plena, escribe una vez más, una página en el fango, auto golpea nuevamente su honorabilidad ante la opinión pública y demuestra su indolencia de contribuir con sus propios actos, a debilitar la imagen del cual debería ser, el sagrado e incólume Poder Judicial. ¡Qué gran daño para la tranquilidad de este pueblo, que intenta descansar sus esperanzas, en un sistema judicial que tristemente lleva ya tiempo de formar parte de los grandes escándalos y espectáculos nacionales!
Si los magistrados creyeron que, porque el Cementazo “ya no estaba de moda” y porque El Mundial no ha terminado, iba este tema a pasar desapercibido: ¡Se equivocan! ¡No es posible tapar algo tan grave!
Como Diputada, este hecho contribuye en mi convicción de que, desde esta instancia, en el Primer Poder de la República, los Diputados y Diputadas, tendremos con urgencia que promover reformas profundas al Poder Judicial, no cosméticas, como las que por años han pretendido y recomendado los mismos magistrados que, en su afán de perpetuarse y seguir cuidándose las espaldas, está semana terminaron de echar al traste su oportunidad de lavarse la cara ante el pueblo.
Finalmente he de manifestar que, los hechos aquí expuestos, me alcanzan para manifestar y sostener que, cuando llegue el momento de renovar el nombramiento, de alguno de estos 5 Magistrados de la Sala III, ninguno contará con mi voto.
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