En la tradición cristiana, la justicia no es una opción política entre muchas. Es una exigencia moral. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesucristo, el mensaje es consistente: defender al débil, evitar la arbitrariedad y someter el poder a límites éticos. Bajo esta luz, la organización del poder político no es indiferente. Forma parte de la responsabilidad humana de ordenar la sociedad conforme al bien común.
Aunque la Biblia no prescribe modelos institucionales específicos, sí establece principios claros. La inclinación del ser humano al pecado exige límites al poder y la justicia debe ser imparcial. Textos como los del profeta Isaías o las exhortaciones apostólicas de San Pablo insisten en que la autoridad debe ejercerse con rectitud, no como instrumento de dominio personal. En este sentido, la división de poderes, aunque moderna en su formulación, encarna una intuición coherente con la antropología cristiana. Nadie debería concentrar autoridad sin contrapesos.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia, principios como la subsidiariedad, la dignidad humana y el bien común refuerzan esta visión. El poder político está llamado a servir, no a imponerse. Debe garantizar justicia, no manipularla. Por ello, cualquier intento de debilitar la independencia judicial o de subordinarla a intereses coyunturales plantea una tensión con estos fundamentos éticos.
En el contexto costarricense, las declaraciones y posturas del presidente Rodrigo Chaves han generado debate sobre el alcance del Poder Ejecutivo y su relación con el Poder Judicial. Particularmente relevante fue su intervención ante líderes evangélicos en abril de 2026, donde afirmó que, tras el control del Ejecutivo y el Legislativo, el siguiente paso sería “recuperar” el Poder Judicial. Este tipo de afirmaciones, más allá de su intención política, adquieren un peso especial cuando se expresan en espacios religiosos, pues pueden sugerir una legitimación moral de la concentración del poder. Criticar instituciones es legítimo en democracia. Distinto sería promover su subordinación o debilitamiento estructural. La independencia judicial no es un lujo técnico. Es una garantía contra la arbitrariedad.
En cuanto a figuras como Laura Fernández, el debate sobre eventuales reformas constitucionales debe abordarse con claridad y responsabilidad. Reformar una constitución no es en sí negativo. Puede ser necesario en determinados contextos. Sin embargo, cualquier modificación debe orientarse a fortalecer el Estado de derecho y no a erosionar sus fundamentos. La Constitución Política de Costa Rica, aunque no es un documento confesional, contiene principios compatibles con la ética cristiana, especialmente en su defensa de derechos, libertades y garantías.
El problema surge cuando quienes se identifican como creyentes respaldan discursos o acciones que, en la práctica, relativizan la justicia o concentran el poder. Ahí aparece una contradicción profunda. Proclamarse cristiano mientras se debilitan las estructuras que protegen al más vulnerable. No se trata de juzgar intenciones personales. Se trata de evaluar la coherencia entre fe y acción pública.
La patria costarricense ha construido históricamente una institucionalidad basada en el equilibrio, el respeto y la legalidad. Defenderla no es un acto ideológico. Es un deber cívico y, desde una perspectiva cristiana, una responsabilidad moral. Donde no hay límites al poder, la justicia se vuelve frágil. Donde la justicia se debilita, los primeros en sufrir son los más indefensos. Queda una pregunta necesaria. ¿Puede alguien llamarse verdaderamente cristiano si promueve condiciones que facilitan la injusticia? La fe, cuando es auténtica, no se reduce a palabras ni a símbolos. Se traduce en compromiso concreto con la verdad, la justicia y el bien común.
