Si bien es difícil medir el impacto negativo de la politización de temas biomédicos, es claro que desde las pasadas elecciones en febrero de 2018, los temas de matrimonio igualitario, anticoncepción oral de emergencia y aborto terapéutico han dominado la agenda política. Hemos pasado de una ética de mínimos, -que garantiza la concordia- a la imposición propia de la ética de máximos, donde hasta el chantaje extorsivo entró, en las últimas semanas, a ser un arma por encima de las herramientas del dialogo y la mediación. Ejemplo de ello, fue lo presenciado cuando 14 diputados anunciaron estar dispuestos a no votar proyectos de ley necesarios para el país y a impedir el funcionamiento normal de la Asamblea Legislativa.
¿En qué hemos fallado entonces los expertos en Bioética, Derecho y Medicina como responsables técnicos para asesorar a la clase política y a la sociedad? El mensaje claro y conciso de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Asociación Médica Mundial (AMM); de los referentes norteamericanos como la American Academy of Pediatrics, el American Congress of Obstetricians and Gynecologists y la Food and Drug Administration (FDA) e ingleses como el Royal College of Obstetricians and Gynecologists , no ha calado como es debido en la clase política ni en buena parte nuestra sociedad.
Parece evidente que las noticias falsas (fake news), la inadecuada o tendenciosa interpretación de información médica o jurídica, los dogmatismos imperantes en muchos profesionales del derecho y la salud así como una bioética no laica, basada en ética de máximos y que no responde con los Derechos Humanos, se han convertido en elementos que operan con mayor fuerza y velocidad que las claras declaraciones que organizaciones tanto nacionales e internacionales han emitido en torno a los temas supracitados.
Todo ello hace generar una interrogante ¿en cuáles estructuras colisiona y se distorsiona la evidencia científica así como las recomendaciones de expertos y de organizaciones mundiales? Sin duda, la respuesta se relaciona con múltiples actores sociales; sin embargo, llama la atención el rol de los colegios profesionales de ciencias de salud de este y otros países, así como las justificaciones que puedan dar estas instituciones para definir posturas en torno a temas sanitarios, como los señalados.
Específicamente con el caso de la anticoncepción hormonal oral de emergencia, múltiples países desarrollados con autoridades regulatorias de referencia, han autorizado la comercialización de este producto farmacéutico en categoría de libre venta al consumidor. Todos los organismos internacionales antes mencionados, así como los Colegios Profesionales de Enfermeras y Farmacéuticos de Costa Rica, se han mostrado a favor de permitir el acceso sin receta médica a este medicamento. Para su dispensación únicamente es requerido el consejo farmacéutico en la farmacia de comunidad, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 41722 Dispensación de los anticonceptivos orales de emergencia que se encuentra vigente y que responde de manera certera al mercado y farmacoepidemiología nacional. No obstante, contrario al criterio de las autoridades sanitarias de referencia estricta y de las organizacionaciones mundiales, fue el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica el único ente que exigió que el medicamento requiriese de prescripción médica obligatoria. Asimismo, emitió impresiones en torno a que la anticoncepción oral de emergencia podría aumentar las infecciones de trasmisión sexual, aún y cuando diversidad de estudios biomédicos han demostrado lo contrario.
Otro ejemplo lo encontramos en Honduras, donde un decreto del Ministerio de Salud recomendó prohibió -durante el gobierno de facto- el uso y la comercialización de la anticoncepción hormonal oral de emergencia. Esta prohibición se logró con el respaldo del Colegio Médico de Honduras, que emitió en el año 2009 un dictamen donde consideraba el “efecto abortivo”, mismo que nunca fue respaldado por la evidencia científica y que la OMS como máximo órgano en materia de política sanitaria en el mundo niega categóricamente.
La Asociación de Ginecólogos de Honduras, afirmó en el 2014 que la píldora ayudaría a disminuir la mortalidad materna, misma que en el año 2013 fue de 76 por cada 100.000 embarazos. La organización Médicos Sin Fronteras dio a conocer un informe en el cual el Ministerio Público de Honduras documentó 2.832 mujeres sobrevivientes de violaciones en 2013. Las sobrevivientes fueron, en su mayoría, mujeres menores de 19 años cuyos muchos embarazos pudiesen haber sido evitados con el uso de esta píldora. Según el registro estadístico de Medicina Forense, se contabilizaron 2761 víctimas de violación en Honduras en el año 2017.
En 2014, el Colegio Médico de Honduras aceptó las directrices de la OMS; sin embargo, por los mismos criterios sin evidencia que emitió en el pasado, se continúa sin ofrecer anticoncepción hormonal oral de emergencia a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en este país.
En materia de aborto terapéutico también existe evidencia del papel que juegan los colegios de médicos en el escenario político. En nuestro país, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, han evidenciado la necesidad de una Norma Técnica que permita estandarizar el proceso para el aborto terapéutico, norma que contendría presupuestos como el consentimiento de la gestante, plazos, métodos diagnósticos y terapéuticos; como todo en Medicina se requiere una sistematización y estandarización de técnicas y procedimientos. Todas las instituciones recién mencionadas apoyan la emisión de una Norma Técnica, a excepción del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Costa Rica y Honduras no son los únicos ejemplos del enfrentamiento de los criterios de los colegios de médicos contra la evidencia científica y las recomendaciones internacionales. En 2017, en Bolivia, el Colegio de Médicos actuó en coordinación con los obispos católicos para oponerse al proyecto de aborto terapéutico que se permite desde los años setenta en ese país.
Otro ejemplo es el de El Salvador, donde la Asociación de Ginecología y Obstetricia abogó por la despenalización del aborto “no punible”, conocido también como terapéutico, puesto que este es “aceptado por la ciencia médica”. Esta organización de ginecólogos también aprovechó para expresarse en contra del Colegio Médico de El Salvador, puesto que el último se manifestó en contra de la despenalización del aborto terapéutico.
Así entonces, resulta fundamental abrir el debate para analizar cuál debe ser el rol de los colegios profesionales en el futuro inmediato, su papel como actores políticos, la credibilidad y legitimidad así como la coherencia y congruencia de sus juntas directivas como entes de opinión en materia de sanidad pública; siendo además necesario discutir sobre las funciones de los colegios profesionales como fiscalizadores del acto médico en la actualidad.
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