
El día de ayer, el Ministerio de Hacienda presentó una nueva versión de texto sustitutivo en relación con el proyecto Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Dicho texto será discutido por el fondo en la comisión especial que estudia el proyecto fiscal.
Desde la fracción del Partido Liberación Nacional tenemos claro que la situación fiscal debe ser atendida con total seriedad y responsabilidad. Asimismo, entendemos que deben buscarse soluciones que sean suficientes, integrales, progresivas y sostenibles, para evitar que nuestro país llegue a caer en una crisis fiscal similar a la que han vivido países como Grecia y Portugal.
Cabe destacar que dicho texto aún no ha sido aprobado, por tanto, el proyecto, en su estado actual, no ha logrado reunir ese propósito y carece de los siguientes elementos:
Suficientes: Se estima que, de no realizarse la reforma, el déficit fiscal superaría el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2022, es decir, un monto cercano a los cinco mil millones de dólares con base en el PIB de 2017. Antes bien, el Gobierno ha mencionado que su objetivo es llegar al año 2022 con un déficit fiscal del 3%, por lo que se requeriría de un ajuste cercano al 5% del PIB, o bien de alrededor de 3 mil millones de dólares, para poder alcanzar esta meta. Sin embargo, las medidas de contención de gasto anunciadas por Hacienda, combinadas con el actual texto vigente; lograrían cubrir, en su mejor escenario, poco más del 3% PIB.
Sostenibles: Necesitamos de medidas que sean sostenibles en el tiempo, es decir, aquellas que logren controlar los disparadores del gasto con el fin de lograr un equilibro en el largo plazo. No obstante, las políticas de contención de gasto del Gobierno se centran en decretos ejecutivos, que pueden ser revertidos por el mismo Poder Ejecutivo, como fue el caso de la directriz 070-H durante la Administración Solís Rivera.
Integrales: El peso de la reforma no debe caer en un único sector de la población, por lo que deben buscarse soluciones que involucren las distintas variables de la ecuación fiscal. Del lado del gasto, el Poder Ejecutivo se concentra en atacar las remuneraciones y olvida las transferencias corrientes, las cuales representan un 30,2% del presupuesto aprobado para el 2018. Por otra parte, las propuestas se han dirigido a atacar el numerador, y se ha olvidado del denominador, que es el PIB, es decir, no existen propuestas concretas que involucren el crecimiento económico. Lo anterior es de suma importancia, ya que como mencionó la propia Ministra de Hacienda, “Los vientos favorables con los cuales se ha beneficiado el país se han ido desvaneciendo paulatinamente”. Estamos ante un escenario global de crecimiento de tasas de interés y de tensiones comerciales entre las más grandes potencias económicas. Tampoco podemos olvidar que Estados Unidos recientemente aprobó una reforma tributaria en busca de repatriar empresas del extranjero. Por tanto, es necesario que el Gobierno plantee medidas que tengan efecto sobre el crecimiento económico, que a su vez logarían disminuir el peso del déficit fiscal sobre el PIB.
Progresiva: Además de la crisis fiscal, el país arrastra con un desempleo del 10,3% y un nivel de pobreza cercano al 20%, por lo que el Poder Ejecutivo debe buscar medidas que minimicen los efectos adversos sobre la clase media costarricense y las poblaciones más vulnerables. Razón por la cual también es importante generar medidas de crecimiento económico que a su vez busquen atacar el desempleo, con el fin de lograr que las poblaciones vulnerables generen ingresos y así disminuir la creciente desigualdad a la que se enfrenta el país.
Por tanto, le corresponde al Partido Acción Ciudadana, en su condición de Poder Ejecutivo y al asumir la presidencia de la Comisión; plantear las reformas faltantes para lograr una solución suficiente, progresiva, integral y sostenible. Lo anterior, con el fin de evitar ser irresponsables con el pueblo al aplicar políticas orientadas a enfrentar el problema del flujo de caja, no el problema estructural del déficit y el endeudamiento, lo cual nos llevaría a la misma posición inicial que hoy enfrentamos. Incluso con posibilidades de caer en una situación aún más crítica, y arriesgar perder soberanía al vernos obligados a acoger drásticas medidas impuestas por actores terceros como el Fondo Monetario Internacional.
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