Lima, 23 jun (elmundo.cr) – El candidato presidencial peruano, Roberto Sánchez, anunció que no reconocerá los resultados electorales que favorecen a su contrincante, Keiko Fujimori, al denunciar lo que calificó como un “fraude en desarrollo” durante la segunda vuelta electoral.
En conferencia de prensa, Sánchez cuestionó duramente el papel de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando que una resolución jefatural, supuestamente emitida a petición del Ejecutivo, alteró los estándares de seguridad jurídica del proceso.
Según el aspirante, el 29 de mayo se eliminó la obligatoriedad de digitalizar y escanear las actas de forma inmediata tras el cierre de las urnas, una medida que sí estuvo vigente durante la primera vuelta.
“Esta grave afectación viene por una resolución jefatural de ONPE que, a solicitud del Ejecutivo, le bajó los estándares de convicción del voto y seguridad jurídica al proceso electoral de la segunda vuelta”, afirmó el candidato.
Para Sánchez, estas modificaciones normativas han creado condiciones propicias para una manipulación del conteo, especialmente en lo referente a los votos emitidos en oficinas consulares. Ante este escenario, el equipo técnico del candidato ha procedido a presentar solicitudes de nulidad de votos en diversas mesas de sufragio.
El aspirante presidencial hizo un llamado directo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que intervenga y detenga el avance del escrutinio, argumentando que la estabilidad del sistema democrático ha sido vulnerada. “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, sentenció Sánchez.
Como medida de presión, el candidato convocó a sus seguidores y a las fuerzas democráticas del país a participar en una “jornada nacional de lucha democrática y patriótica” el próximo sábado, la cual, según aseguró, se desarrollará dentro del marco de la ley y los derechos constitucionales.
La disputa electoral en Perú se mantiene en un punto crítico, con una estrecha diferencia en los resultados preliminares que ha intensificado la polarización política y las dudas sobre la transparencia del proceso en el país sudamericano.
