En Costa Rica estamos viviendo algo más profundo que un simple choque de poderes. Lo que se discute, aunque pocos lo digan con claridad, es quién detenta realmente la soberanía.
El Artículo 2 de nuestra Constitución es corto y contundente: “La soberanía reside exclusivamente en la Nación”. No es una frase ornamental. Es la columna vertebral del orden constitucional costarricense. Dice “exclusivamente”, lo que significa que no admite copropietarios. No pertenece al pueblo entendido como el conjunto de ciudadanos que votaron en la última elección. No pertenece al presidente de la República, aunque haya ganado con amplio margen. No pertenece a la Asamblea Legislativa, aunque tenga 31 diputados. Y mucho menos pertenece a la Sala Constitucional ni al Fiscal General. Pertenece a la Nación.
¿Qué es la Nación en el sentido del Artículo 2? No es un concepto sociológico ni demográfico. Es un sujeto político permanente: la comunidad histórica que incluye a los que ya murieron, a los que viven hoy y a los que aún no han nacido. Es más amplia y más duradera que el “pueblo” circunstancial. Los constituyentes de 1949 lo sabían perfectamente. En la Asamblea Nacional Constituyente se discutió si poner “pueblo” o “Nación”. Se rechazó la fórmula “la soberanía reside en la voluntad del pueblo” precisamente porque querían evitar que una mayoría momentánea pudiera disponer libremente de las instituciones fundamentales. Preferían un sujeto más abstracto, más estable y más difícil de capturar.
Esa distinción no es académica. Tiene consecuencias prácticas. Si la soberanía residiera en el pueblo como mayoría electoral del momento, entonces cualquier gobierno con apoyo popular suficiente podría alegar que “el pueblo lo quiere” para saltarse contrapesos, reformar a su antojo o concentrar poder. Al residir en la Nación, la soberanía se convierte en un límite: ningún órgano, ninguna figura y ninguna generación puede arrogársela por completo. Los artículos 3 y 4 lo refuerzan con dureza: quien se arrogue la soberanía comete traición a la Patria; quien pretenda hablar en nombre del pueblo fuera de los cauces institucionales comete sedición.
Esa es la clave que hoy se está tensionando.
Desde 2022, y con mayor intensidad después de que el Partido Pueblo Soberano alcanzara 31 diputados y Laura Fernández asumiera la Presidencia con Rodrigo Chaves como figura central del Ejecutivo, el discurso oficial ha insistido en una idea simple y poderosa: las instituciones que limitan al gobierno son un obstáculo a la voluntad popular. Cuando la Sala Constitucional prorrogó temporalmente a los magistrados suplentes porque la Asamblea se negaba a elegirlos, la respuesta no fue un desacuerdo jurídico. Fue la acusación de “golpe de Estado”. Cuatro magistrados, según el oficialismo, habrían usurpado una competencia que pertenece a la representación electa.
El problema no es que un gobierno critique a los jueces. El problema es el marco conceptual que se está imponiendo. Si la soberanía se identifica con la mayoría parlamentaria del momento y con el liderazgo que la encabeza, entonces cualquier límite constitucional se convierte, por definición, en un acto hostil. La Nación deja de ser un sujeto permanente y se convierte en la fotografía electoral más reciente. Se invierte el Artículo 2: en lugar de que la soberanía limite al poder, el poder pretende ser la soberanía.
Aquí entra el punto central que no podemos eludir: la importancia de los pesos y contrapesos. Una democracia no se sostiene solo porque haya elecciones. Se sostiene porque ningún poder puede absorber a los demás. El Poder Judicial —y de manera especial la Sala Constitucional— existe precisamente para mantener al Estado “en orden” cuando el Ejecutivo o el Legislativo pretenden empujar más allá de los límites. Su función no es agradar al gobierno de turno ni facilitar su agenda. Su función es custodiar la Constitución frente a quien sea, incluida una mayoría aunque sea legítimamente electa. Cuando esa función se interpreta como usurpación, el Artículo 2 queda herido de muerte.
Esa responsabilidad se vuelve crítica cuando el propio liderazgo político declara abiertamente su intención de completar el control. En abril de 2026, poco antes de dejar la Presidencia, Rodrigo Chaves lo dijo sin ambages ante líderes evangélicos: el pueblo había recuperado el Ejecutivo y el Legislativo, “obviamente nos falta el Poder Judicial”, y juró que haría el esfuerzo posible —y que “doña Laura me deje”— para recuperarlo también. Habló de encontrar 38 “patriotas” para “limpiar la basura” de ese poder. No era una metáfora aislada. Era la expresión clara de un proyecto que considera incompleto mientras no controle la judicatura.
La ofensiva no se limita a la Sala IV. Se extiende con fuerza al Fiscal General, Carlo Díaz. Chaves denunciado más de 100 veces penalmente, lo atacó durante años, encabezó una marcha para exigir su renuncia y lo acusó de persecución política. Laura Fernández lo ha llamado “vergüenza nacional”. Como ministro de Hacienda y de la Presidencia, Chaves ha continuado el hostigamiento, lo ha calificado de “princeso” y ha vinculado los problemas de la Fiscalía a una supuesta incompetencia personal. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha impulsado recortes presupuestarios significativos al Poder Judicial: Chaves propuso una rebaja de alrededor de ¢27.000 millones (un 5%) para lo que restaba de 2026. La Corte aceptó aproximadamente la mitad, advirtiendo que el ajuste afectaría la lucha contra el crimen organizado y la prestación de servicios esenciales.
En este escenario aparece con claridad una pieza especialmente delicada: los hermanos Aguilar. Gabriel Aguilar Vargas es el actual ministro de Justicia y Paz. Desde su cargo ha atacado públicamente a Carlo Díaz, llegando a calificarlo como “el peor fiscal general de la historia de este país”. En junio de 2026 presentó una denuncia penal contra Díaz y más de treinta fiscales por supuesto incumplimiento de deberes, relacionada con el manejo de delitos cometidos desde las cárceles (especialmente el ingreso de celulares). Según el propio fiscal general, cuando Aguilar interpuso la denuncia le dijo textualmente que “esto sí es personal”, en referencia a lo que Díaz le habría hecho a su familia.
Esa familia es, concretamente, su hermano Esteban Aguilar Vargas. Esteban fue fiscal de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público y tuvo un enfrentamiento previo con Carlo Díaz, a quien acusó de presunto acoso laboral y represalias, por la cercanía de su hermano Gabriel con el proyecto de Chaves. Esteban renunció a la Fiscalía y pasó a ocupar un cargo en el gobierno (subdirector nacional de Ciberseguridad en el Micitt). Ahora, con el período de Carlo Díaz próximo a vencer (octubre de 2026), Esteban Aguilar ha confirmado públicamente su interés en postularse y convertirse en el próximo Fiscal General de la República, no sin antes haber denunciado también ––como su hermano–– a Carlo Díaz.
La secuencia es clara y problemático: el ministro de Justicia y Paz (Ejecutivo) denuncia penalmente al fiscal general en funciones, mientras su propio hermano también lo denuncia y, además, se posiciona para reemplazarlo. Se genera la apariencia de una red familiar y política que busca influir —o controlar— el órgano encargado de la persecución penal independiente. Cuando esto se combina con los recortes presupuestarios, el bloqueo a los nombramientos en la Sala Constitucional, las acusaciones de “golpe de Estado” y la declaración explícita de que “nos falta el Poder Judicial”, el panorama deja de ser un simple conflicto de competencias. Empieza a configurarse un aparente intento de subordinar los contrapesos al proyecto político dominante.
Cuando un movimiento que ya domina dos poderes declara que le “falta” el tercero, no está hablando solo de reforma institucional. Está hablando de concentración de poder. Y la concentración de todos los poderes del Estado en una figura —o en un círculo estrecho de leales— es exactamente lo que el diseño de 1949 quiso impedir. El riesgo no es abstracto: es el de que se construya una nueva red de protección y lealtades, una “red de cuido” propia, donde los nombramientos, las decisiones presupuestarias y las interpretaciones constitucionales se alineen con un mismo proyecto político y sus intenciones.
La Sala IV y el resto del Poder Judicial no son perfectos. Eso es claro y evidente. Yo mismo he cuestionado fuertemente a la Sala IV por sus posiciones, decisiones y aún por su inacción. El Poder Judicial tiene enormes debilidades, demoras y fallos cuestionables, pero no es desarticulando la Sala Constitucional, descabezando al órgano acusador del Estado, o desfinanciando a la institución como un todo, como se corrige el problema. ¡Eso sería tan ilógico como decir que para curar un cáncer hay que acabar con el paciente!
Pero independencia del Poder Judicial no es un capricho de élites: es el último dique contra la tentación de que una sola voluntad política —por popular que sea— se convierta en soberana absoluta. Cuando a los magistrados se les acusa de golpistas ––por cumplir su función de control––, cuando se recorta su presupuesto mientras se les exige resultados, y cuando se denuncia y se hostiga al Fiscal General mientras el hermano del ministro de Justicia aspira a sustituirlo, se está invirtiendo el orden constitucional.
El discurso de la “Tercera República” y la posibilidad de una asamblea constituyente agudizan esta tensión. Hay argumentos legítimos para discutir reformas. Pero hay una diferencia enorme entre reformar la Constitución conforme a sus propias reglas y pretender que una mayoría circunstancial —aunque sea legítima— tiene derecho a redefinir los contrapesos porque “el pueblo así lo quiere”. El Artículo 2 existe precisamente para impedir que la soberanía se convierta en un cheque en blanco de la generación o del liderazgo de turno.
Costa Rica no se convirtió en una democracia excepcional por tener presidentes fuertes. Se convirtió en una democracia excepcional porque logró que ningún poder —ni siquiera el popularmente electo— pudiera declarar que la Nación le pertenece. La soberanía, según nuestro texto fundamental, es exclusiva de la Nación. Y la Nación no se agota en una elección, ni en un liderazgo, ni en una bancada de 31 diputados, ni en el círculo que rodea a una figura carismática y a sus acólitos.
El peligro no es que haya conflicto entre poderes. El peligro es que uno de ellos logre convencer a una parte importante del país de que los límites constitucionales son una traición a la voluntad popular, y que “recuperar” el Poder Judicial —incluido el Ministerio Público— sea el paso natural después de haber tomado los otros dos. Cuando eso ocurre, la soberanía deja de residir en la Nación y empieza a residir en quien grita más fuerte en su nombre… y en quienes lo acompañan.
Esa es la verdadera disputa que estamos teniendo. Y todavía no está resuelta.
