Costa Rica atraviesa una crisis de seguridad que ya no se puede seguir tratando con paños tibios.
En los últimos años, la violencia ha escalado a niveles alarmantes: homicidios por encargo, presencia de bandas organizadas y crímenes cada vez más cercanos a nuestras casas. El temor se ha instalado en la vida cotidiana de miles de familias costarricenses. La inseguridad dejó de ser un problema de ciertos sectores para convertirse en una amenaza extendida a todo el país.
Desde el gobierno central se sigue hablando de estrategias, pero la acción preventiva ha sido insuficiente. No existe una política pública clara de control territorial, ni una apuesta real por la prevención integral. Mientras tanto, los barrios siguen desprotegidos, y la delincuencia se aprovecha de esa ausencia del Estado.
En San José, la Policía Municipal concentra su presencia en el casco central, mientras los distritos periféricos del cantón permanecen sin resguardo constante. Como regidora, he insistido en la necesidad de un cambio de modelo: propuse una moción para que se establezcan sedes distritales de la Policía Municipal. Este simple paso permitiría que las fuerzas policiales estén más cerca de las comunidades, actúen con mayor inmediatez y construyan una relación de confianza con los vecinos. Seguridad es también cercanía.
Este modelo territorial, descentralizado y de proximidad puede y debe escalarse a nivel nacional. Debemos avanzar hacia una política de seguridad que no se limite al patrullaje reactivo, sino que promueva una ocupación activa del territorio con policías comunitarios, con rostro humano, que conozcan la dinámica de cada barrio. Pero esto no es suficiente si no va de la mano con un abordaje social profundo.
He estudiado ejemplos internacionales que confirman que otra forma de hacer seguridad es posible: el caso de Glasgow, en Escocia, donde se implementó un enfoque de salud pública para la violencia; el de Nueva York, Estados Unidos, con su estrategia de policía de proximidad y recuperación de espacios públicos; el de Medellín, Colombia, que apostó por el urbanismo social en las zonas más vulnerables; y el de Rotterdam, Países Bajos, donde se priorizó el control territorial con una policía cercana a la comunidad. Todos estos casos muestran que cuando se piensa integralmente, los resultados llegan.
Combatir la criminalidad implica mucho más que uniformes y rondas: requiere de inversión sostenida en educación, cultura, deporte y espacios públicos seguros e iluminados. Necesitamos devolverle a los barrios la esperanza y el sentido de comunidad.
La seguridad no es un lujo, es una condición básica para que florezca la vida en sociedad. Desde lo local, desde las municipalidades, podemos ser parte de la solución. Pero urge que el Estado costarricense asuma su rol con responsabilidad. El momento de actuar es ahora.