Como presidente de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, considera preocupante la reciente decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de sancionar económicamente al Semanario Universidad y El Mundo CR por la publicación de información relacionada con encuestas previas a la veda electoral. Este caso trasciende lo legal y se adentra en cuestiones fundamentales sobre el acceso a la información, la libertad de prensa y el rol de los medios en una democracia.
La sanción al Semanario Universidad, por mantener en su sitio web una encuesta del CIEP-UCR publicada antes de la veda, ya El Mundo CR, por un artículo de opinión que hacía referencia a esa encuesta, refleja un criterio restrictivo que ignora las particularidades del entorno digital. En este contexto, los medios digitales operan bajo un paradigma en el que los contenidos publicados previamente siguen siendo accesibles al público, algo inherente a su naturaleza.
¿Censura disfrazada de regulación?
La resolución del TSE, aunque basada en la normativa electoral, parece más una forma de censura que una medida regulatoria. Como han señalado expertos como la periodista y abogada Giselle Boza, esta decisión desconoce no solo la dinámica del entorno digital, sino también la jurisprudencia previa del propio Tribunal en temas de propaganda electoral. La presidenta del Colegio de Periodistas, Yanancy Noguera, también ha destacado que el consumo de contenidos digitales no depende exclusivamente de la fecha de publicación, sino de cómo y cuándo las audiencias acceden a estos.
En este sentido, penalizar a los medios por mantener contenidos accesibles o por emitir opiniones relacionadas con ellos puede tener efectos nefastos en el ecosistema informativo del país. Estas sanciones envían un mensaje preocupante: la penalización de actos que no constituyen nuevas publicaciones, pero que el público puede seguir consultando, limita de manera injustificada el derecho a la información.
Implicaciones para la sociedad y la democracia
El acceso a la información es un pilar fundamental de cualquier democracia. Las decisiones del TSE, lejos de proteger el proceso electoral, pueden erosionar la confianza en las instituciones al dar la impresión de que la regulación busca controlar lo que las personas pueden leer, analizar o discutir en períodos electorales cruciales. Esto afecta no solo a los medios de comunicación, sino a toda la ciudadanía, que depende de información diversa y accesible para tomar decisiones informadas.
Además, como representante de una organización que trabaja por la inclusión y el acceso en todos los niveles, creo firmemente que esta decisión también plantea un desafío para la accesibilidad informativa. Las personas con discapacidades, por ejemplo, ya enfrentan barreras significativas para acceder a contenidos noticiosos. Si los medios son obligados a retirar información publicada legítimamente, estas barreras se agravan, limitando aún más su participación en procesos democráticos.
Un llamado a la reflexión
Es urgente que el TSE revise sus criterios en el marco de la era digital y de los principios de libertad de prensa y derecho a la información. Regulaciones que no consideran las características del entorno digital, ni las necesidades de las audiencias modernas, solo contribuyen a desinformar y limitar los espacios de debate público.
En un país que se enorgullece de su tradición democrática, estas decisiones deben alinearse con la realidad actual, promoviendo la transparencia y el acceso en lugar de coartar los derechos fundamentales de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Como sociedad, no podemos permitir que medidas que buscan proteger el proceso electoral terminen por debilitarlo.
