
De acuerdo con el Banco Mundial, los niveles de pobreza en nuestro vecino país del norte se deben de primera mano a las decisiones políticas del gobierno de turno, ya que si bien “para 2017 Nicaragua mantenía un buen ritmo de crecimiento, debido a los disturbios sociales y políticos que el país ha experimentado desde 2018, la economía se contrajo a un -4.0% y -3.9 % en 2018 y 2019 respectivamente” (Banco Mundial, 2020). Asimismo, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, el precio de la canasta básica en aquel país durante el año 2020 “fue de $400 y sin embargo el salario mínimo era de $200” (Donaldo Hernández, 2020). En consecuencia, el aumento de la canasta básica ha afectado a más de dos millones de nicaragüenses que viven en condición de pobreza.
Por otro lado, según Daliana Ocaña “la pobreza en Nicaragua aumentó de 9,5% en 2017 a 13,1% en 2019 (Daliana Ocaña, 2020). Así pues, según Ivette Munguía Argeñal, “la dictadura de Daniel Ortega empuja a millones de nicaragüenses a la pobreza, provocada por el incremento del desempleo, la migración y la inseguridad ciudadana”, entre otros factores (Ivette Munguía, 2019). Dicho esto, la pobreza y el débil desarrollo socioeconómico del país centroamericano tiene un origen ambiental, además de político. Para ilustrar esto, es necesario aclarar la estrecha relación entre ambiente y economía. En ese sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha reiterado que “la protección del ambiente y la lucha contra la pobreza van de la mano para un desarrollo sostenible” (George Bouma, 2013).
No obstante, la abogada y activista Lottie Cunningham ha manifestado que “en los últimos 50 años, el país ha visto reducida su cubierta forestal del 76% al 25% e identifica tres causas del dramático deterioro ambiental en el Caribe nicaragüense: la minería, la ganadería y la tala”; por otro lado, el Oakland Institute ha indicado que “existe una complicidad entre el gobierno y las empresas extranjeras concesionarias en la deforestación de los bosques primarios del país” (Johnny Cajina, 2020). Además, el aumento de la desigualdad y la pobreza en Nicaragua pasa por el hecho de que los planes estatales de reforestación se centran en las reservas y parques forestales y dejan de lado a las comunidades y ciudades más pobres y deforestadas.
Ahora bien ¿cuál es la relación entre cobertura boscosa y economía? Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) “las tormentas que afectan a Centroamérica y el Caribe son cada vez más frecuentes e intensas -lo que ha producido un aumento de las precipitaciones y mayores marejadas, además de dejar cada vez menos tiempo para organizar la recuperación entre desastres” (Rosa Muñoz Lima, 2020). Para ejemplificar, el investigador y ecologista Douglas Sheil expresa que “estudios recientes sugieren que los bosques y los ciclones comparten un vínculo más fundamental: su relación con la humedad atmosférica. Tanto los bosques como los ciclones se caracterizan por los inmensos volúmenes de lluvia” y por ello, tanto Sheil como los investigadores del Center for International Forestry Research -Anastassia Makarieva y Victor Gorshkov- coinciden en que “un mayor número de bosques significa una menor cantidad de ciclones, los que además serían menos destructivos” y por ende menos dañinos a la economía de un país (Douglas Sheil, 2017).
En conclusión, si bien en 2019 el gobierno nicaragüense anunció que iba a realizar una inversión de $110 millones en 2020 para implementar un plan de reforestación nacional, mediante este programa social únicamente se contemplaba reforestar la Reserva Biológica Bosawas, la Reserva del Indio Maíz, los Bosques de Pinares y el Corredor Seco. No obstante, si bien el nexo entre el deterioro ambiental y la pobreza es multidimensional, se puede inferir que el impacto económico producido por los desastres naturales tales como huracanes o tormentas afecta a las principales ciudades del país y principalmente a localidades de la costa caribeña (tales como Bilwi y otras), las cuales cabe destacar que, aunque poseen altos niveles de deforestación lamentablemente aún no son comunidades incluidas en los proyectos gubernamentales de reforestación.
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