Este gobierno que se ha caracterizado por hacer las estrategias con mano negra, con una transparencia igual a la que tiene el agua del río María Aguilar, usando artimañas para lograr sus objetivos, no es de extrañarse que su estocada final sea la reforma al empleo público.
Hay algunos de los temas en esta reforma, los mismos hacen que una persona con acuciosidad científica se cuestiones una serie de cabos que no calzan en el rompecabezas en general, los puntos en cuestión son: i) que el MIDEPLAN tenga injerencia en los temas salariales del Poder Judicial, ii) la afectación de la autonomía universitaria, fuente de respaldo de la libertad de cátedra, iii) la autonomía de entidades como la CCSS y el ICE. Para ir con buena letra vamos a desarrollar cada uno de los puntos.
Como ahora a muchas de las personas que se dejan adoctrinar por este grupo del gobierno central, que sólo les encanta la erudición que dan las redes sociales, además se van, como diría mi abuelo como caballo de carretón, para esas personas que no les gusta leer, les coloco un extracto de la historia del Poder Judicial, la información completa la pueden encontrar en su página web, el mismo dice así “El 24 de setiembre de 1824, mediante Decreto V dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, se dispone la división del Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (…) hasta el 25 de enero de 1825, con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que la idea de creación de un Poder Judicial se concreta constitucionalmente, al establecerse en el artículo 87 de esa Constitución (…), atribuyendo su ejercicio a una Corte Superior de Justicia compuesta por tres magistrados y los tribunales y juzgados establecidos por Ley; siendo el 1° de octubre de 1826 cuando se instala solemnemente la Corte Superior de Justicia… El 6 de setiembre 1937, con la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se reafirmó el principio de autonomía que éste tiene en el ejercicio de sus funciones”. EL PODER JUDICIAL TIENE AUTONOMÍA, si el MIDEPLAN le mete las uñas a los temas salariales y de algunas gestiones internas, les pregunto que estarían gestando, mi conclusión es ensuciar con la politiquería la justicia de Costa Rica, el Poder Judicial que al final es el ente encargado de resguardar a la ciudadanía en muchos casos del poder ejecutivo, lo que el gobierno quiere hacer es una violación de la independencia de poderes.
Hagamos un juego de suponer, que pasa si un presidente medio vivillo decide autoproclamarse dictador, cómo nos vamos a librar de eso, si al poder judicial lo tendrían como burro amarrado contra tigre suelto, otro tema que no se puede obviar, es el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, entonces se nos aclaran un poco los nublados del día, de por donde se van orquestando las cosas.
Paso al tema de las Universidades Públicas, nos vamos a ir lo que se indica en el Constitución Política en sus artículos 84, 85, 85, 87 y 88. Donde determina la autonomía universitaria, el presupuesto del sistema de educación superior, la libertad de cátedra y como debe actuar la Asamblea Legislativa en caso de hacer cambios que afecten a las Universidades como se indica en el artículo 88 “ARTÍCULO 88.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas”, situación que no está pasando con este proceso de reforma a la Ley del empleo público.
Dentro del afán de comprender que es la autonomía universitaria y tema que algunos medios de prensa de alto renombre (que aclaro no es te medio de comunicación) en este país han manoseado, violentado y prostituido. Por lo que se hace necesario consultar lo que dicta la constitución en su ARTÍCULO 84, sita lo siguiente “La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.” Por lo tanto, meterle las manos al tema de la gestión de su administración del recurso humano está violando este artículo, además no han aplicado el artículo 88 en el proceso de formulación de las propuestas.
Saben ustedes porque le quieren quitar la autonomía universitaria a las U Públicas, es para controlarlas políticamente, para callarlas y que no expongan las ineficiencias que tiene el gobierno, que no dejen al Poder Ejecutivo al descubierto de muchas malas gestiones, como lo hace de manera directa el Programa Estado de la Nación, o las propuestas que ha hecho la UNA, los análisis que hace la UCR, entre otro montón de aportes.
Los grandes medios de prensa critican y PROSTITUYEN EL NOMBRE DE LAS UNIVERSIDADES, pero cuando ocurren movimientos telúricos, si van a consultar los centros que tienen las U, o cuando tienen dudas técnicas van a las U Públicas a preguntar. Si las Universidades son tan nocivas para el pueblo de Costa Rica porque las consultan, eso pasa porque saben que es donde existe el desarrollo de conocimiento. Las universidades públicas invierten recursos en investigación básica, aplicada, desarrollo de innovaciones, aporte al enjambre del emprendimiento nacional y apoyo a la industria como por ejemplo lo que hace el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Las personas de zonas alejadas pueden estudiar gracias a que existe una universidad con presencia en todo el país y que además su sistema de educación es a distancia, estamos hablando de la UNED. Con todos estos beneficios que dan las U, me parece que algunos que se han encargado de dañar la imagen, puede responder a una teoría que desde hace algunos años he venido analizando, en Costa Rica si quieren privatizar algo, buscan la forma de quebrarlo para decir que no es rentable o de dañarle la imagen y poner en contra a la opinión pública para poder aplastarlo en el momento que ocupen dar la patada final a la bola.
El tema de las Universidades, el ICE y la CCSS que los quieren meter en el mismo saco, además están tirando a la basura los grandes avances que hicieron los pensadores de este país, las garantías sociales logradas por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Calderón Guardia. Todo esto lo están destruyendo en prácticamente dos administraciones del PAC. ¿Por qué cree usted, que pasa este tipo de situaciones?, mi malicia indígena me pone al demonio en mi hombro izquierdo a cuestionarme lo siguiente: será que hay intereses económicos en destruir esta institucionalidad, por ahora sólo hablo de las U, la CCSS y el ICE, será que hay una mano negra y bien peluda, detrás de esos negocios que bien gestados, traen desarrollo, economía y armonía social. Como parte de esta hipótesis me pregunto si el titiritero de Carlos Alvarado está ayudando a que se destruya todo el estado social de derecho que ha caracterizado a Costa Rica.
Yo los invito a ser más críticos y dejar de llevarnos por esas estrategias de información masiva incorrecta que sólo quieren destruir la Costa Rica que nos heredaron nuestros abuelos, de mi parte siempre voy a ser una crítica acérrima a lo que nos dañe como sociedad, les pido que me ayuden a investigar si las hipótesis son correctas o las debemos replantear.
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