Hay expresiones que no nacen del capricho, sino del hartazgo colectivo. “Prensa canalla” es una de ellas. No se usa para descalificar a toda prensa crítica, porque una democracia seria necesita medios incómodos, inquisitivos y libres. Se usa para señalar a la prensa que dejó de informar para empezar a operar, a la que sustituyó el equilibrio por la obsesión, a la que confundió fiscalización con demolición y periodismo con activismo político de élite.
La fuerza del término no es casual. Su genealogía remonta a la Europa de finales del siglo XIX, donde la expresión presse canaille designaba en Francia a la prensa mercenaria, servil, obediente a intereses ajenos a la verdad. En el mundo hispánico arraigó con igual contundencia, especialmente durante el siglo XX, cuando medios alineados con oligarquías nacionales la usaron para desacreditar a líderes incómodos (y otros, más lúcidos, la devolvieron como bumerán contra quienes la empuñaban). Por eso la expresión sobrevivió: retrata con precisión a esos medios que no buscan esclarecer, sino administrar percepciones, imponer climas morales y conducir al público hacia una conclusión prefabricada. Eso ya no es periodismo limpio. Es ingeniería narrativa con pretensiones de superioridad ética.
En Costa Rica, la expresión cobró cuerpo con la irrupción de Rodrigo Chaves. Apenas se convirtió en una posibilidad real de poder, una parte del ecosistema mediático reaccionó con una intensidad que, para muchos, dejó de parecer simple escrutinio. Chaves no fue tratado solo como candidato polémico, sino como anomalía que debía ser contenida. La cobertura comenzó a parecer menos una secuencia normal de noticias y más una estrategia de desgaste, orientada a fijarlo desde temprano como amenaza moral, política e institucional.
El caso más visible fue La Nación. Mucho antes de que Chaves llegara a la Presidencia, ya insistía en colocarlo una y otra vez en el centro de una narrativa de sospecha y cuestionamiento, especialmente en torno al episodio del Banco Mundial, una sanción administrativa interna de esa organización multilateral (no una sentencia penal, no una condena judicial, sino un proceso disciplinario interno) que La Nación convirtió en material recurrente de portada cuando el sujeto todavía ni siquiera gobernaba el país. La diferencia entre una sanción administrativa y una condena no es un tecnicismo: es la frontera entre el hecho y su deformación interesada. Luego otros medios, con estilos distintos pero con reflejos parecidos, reforzaron ese cerco. CRHoy desde una lógica más bronca y de trinchera digital. Teletica desde una pose más pulida, aunque no siempre convincente en su presunta neutralidad. Distintas fachadas, una misma incomodidad frente a un liderazgo que les movió el tablero.
El problema de fondo no es que un medio investigue a un político. Para eso existe. El problema empieza cuando la cobertura pierde proporción y se convierte en estrategia. Cuando un mismo actor recibe martillazos permanentes, encuadres degradantes y un tono editorial apenas disimulado, mientras otros sectores del sistema son tratados con guantes de seda o con benevolencia burocrática, la ciudadanía detecta la asimetría. Y cuando la asimetría se vuelve recurrente, la sospecha de sesgo deja de ser un berrinche partidario y pasa a ser un problema de credibilidad pública.
Desde las ciencias de la comunicación, esto se entiende muy bien. Los medios no solo cuentan hechos; también deciden qué temas ponen en agenda y bajo qué lente los presentan. Ese poder de selección y encuadre es enorme. Puede convertir un hecho en escándalo nacional o en nota marginal. Puede presentar a un actor como amenaza estructural o como simple extraviado administrativo. Puede magnificar, atenuar, repetir o invisibilizar. Cuando ese poder se usa con honestidad intelectual, fortalece la deliberación democrática. Cuando se usa para castigar selectivamente, se convierte en un dispositivo de manipulación. Edward Herman y Noam Chomsky lo describieron con una claridad que incomoda a muchas redacciones. Los grandes medios no son espejos neutros de la realidad, sino sistemas de filtros que eliminan las voces incómodas para los propietarios, los anunciantes y el poder establecido. Lo llamaron modelo de propaganda. Que suene duro no lo hace menos exacto.
Ahí aparece otra diferencia clave. La crítica legítima busca iluminar. La operación mediática busca erosionar. La primera investiga con criterio, admite matices y corrige si se equivoca. La segunda persigue con cálculo, editorializa disfrazándose de noticia, repite hasta fijar una atmósfera y luego llama objetividad al resultado de su propio martilleo. Ese es el viejo truco, el de no probar del todo pero insinuar lo suficiente; no demostrar siempre pero instalar la sospecha; no informar para que el ciudadano piense, sino bombardearlo para que llegue cansado a una conclusión previamente servida.
La ciencia política y la sociología añaden otra capa. Las élites no se defienden solo con dinero, partidos o tribunales. También se defienden con relato, prestigio y respetabilidad manufacturada. Cuando aparece un liderazgo disruptivo que altera el reparto de poder, toca intereses y rompe el libreto de los de siempre, los núcleos tradicionales activan sus mecanismos de autodefensa. Uno de esos mecanismos puede ser la prensa alineada con el viejo orden, no necesariamente por conspiración de sótano, sino por afinidad de clase, de mundo, de redes, de códigos y de intereses. A veces ni siquiera hace falta una llamada telefónica. Basta compartir la misma mesa mental.
Por eso en este debate importa tanto la concentración de la propiedad mediática. Cuando pocos dueños controlan empresas informativas, redes de influencia, negocios paralelos y vínculos políticos, la prensa deja de ser solo una institución de mediación pública y empieza a parecerse a un actor corporativo con agenda propia. En ese escenario, la noticia puede convertirse en instrumento de presión y el editorial en prolongación de una batalla por privilegios. El medio ya no se limita a vigilar al poder. Aspira a disciplinarlo o a sustituirlo en la definición de lo aceptable.
También conviene desmontar una trampa bastante cómoda. Cada vez que se cuestiona a ciertos medios, sus voceros corren a envolverse en la bandera de la libertad de prensa, como si toda crítica a su conducta equivaliera a censura. ¡No es así!. La libertad de prensa es indispensable, pero no otorga inmunidad moral. Un medio tiene derecho a publicar. El ciudadano tiene el mismo derecho a examinar su sesgo, su intencionalidad, sus encuadres, sus silencios y sus alianzas. Quien pretende influir todos los días sobre la vida pública no puede reclamar santidad automática.
El editorial que La Nación publicó el 11 de marzo de 2026 en respuesta a las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros ilustra con involuntaria perfección los límites de esa defensa. El argumento medular que esgrime el diario es de naturaleza puramente procesal, pues Cisneros no aportó prueba de malas prácticas técnicas concretas (inventar información, distorsionar datos, recurrir a fuentes inexistentes). Correcto. Pero ese es exactamente el punto que sus defensores no quieren ver. La “prensa canalla” no se define por errores técnicos verificables uno a uno, sino por el patrón sistemático de encuadre, selección temática y proporcionalidad selectiva que atraviesa años de cobertura. Un medio puede no inventar ningún dato y aun así construir, ladrillo a ladrillo, una narrativa diseñada para destruir. La ausencia de mentiras aisladas no es prueba de honestidad editorial; puede ser, sencillamente, la marca de una operación más sofisticada. Y el editorial de La Nación, con su elegante construcción retórica, es un ejemplo de esa sofisticación, pues concluye que si desde el poder se califica al diario de “canalla”, la descalificación habla más del poder que de la prensa. Argumento circular y cómodo. Ignora deliberadamente que el cuestionamiento no proviene solo del gobierno, sino de amplios sectores ciudadanos, académicos y analistas que observan el fenómeno desde afuera de cualquier trinchera oficial. Ese dato inconveniente no cabe en la narrativa del medio perseguido.
Eso explica por qué el término prendió con tanta fuerza en una parte importante de la ciudadanía. El país dejó de creer en la vieja liturgia de la objetividad sagrada. Empezó a notar que no todos los escándalos pesan igual, que no toda corrupción indigna con la misma intensidad, que algunos errores merecen semanas de portadas mientras otros apenas obtienen una nota breve. Cuando el público percibe esa moral selectiva, la reverencia se rompe y aparece la desconfianza. Y una prensa que pierde credibilidad pierde, también, la altura moral desde la cual pretendía juzgar a todos.
En ese sentido, la llamada “prensa canalla” no es un simple insulto. Es una categoría política y sociológica para describir la degradación de un oficio cuando se pone al servicio del disciplinamiento selectivo. Es la prensa que editorializa desde la noticia, la que simula neutralidad mientras ejecuta operaciones de desgaste, la que fabrica culpables útiles y protege a los actores del ecosistema que considera civilizado, presentable o conveniente. Es, en pocas palabras, el periodismo que dejó de ser contrapoder para convertirse en brazo narrativo de una casta herida. Y ahí está la verdadera razón de la molestia. A esa aristocracia mediática no le irrita tanto la dureza del término como la precisión del golpe. Le molesta que ya no se le rinda obediencia reverencial. Le incomoda que una parte del país haya dejado de verla como árbitro incontestable y haya empezado a verla como actor interesado. Cuando un medio decide jugar política, presionar, castigar, proteger y operar, entonces debe aceptar el costo de ser juzgado como actor político. Y cuando la prensa deja de iluminar para empezar a intoxicar, ya no merece pedestal. Merece ser desenmascarada.
La democracia se debilita tanto cuando un gobierno intenta callar a la prensa como cuando una prensa pretende gobernar sin votos. Contra lo primero se responde con libertad. Contra lo segundo, con memoria, criterio y coraje cívico. Porque una república sana no necesita hipócritas de la neutralidad ni redacciones que se crean dueñas de la verdad nacional. Necesita periodismo de verdad, no artillería oligárquica con buena tipografía. Y cuando esa frontera se cruza, el país tiene todo el derecho de nombrar el fenómeno con la crudeza que merece: “Prensa canalla”.
