Desde hace 8 años, de manera consecutiva las encuestas revelan que el problema más serio que señalan los costarricenses es la inseguridad ciudadana, por sobre el costo de la vida y la burocracia. Aún en el periodo de pandemia y post pandémico, este sigue siendo señalado como el primero de todos los problemas.
Sentir que perdemos la tranquilidad que antes teníamos, nos desvela a todos por igual. Saber que nuestros niños, nuestros hijos y familiares no están ya tan seguros como antes percibíamos, es un tema que nos alarma cada vez más.
Cada vez pensamos que aquella Costa Rica de añoranzas de paz y tranquilidad, tan diferente al resto de Latinoamérica, empieza a parecerse a países hermanos donde la delincuencia ha tomado zonas y ya el estado ha perdido el control sobre territorios específicos.
Cada gobierno ha venido aplicando medidas de forma aislada y enmarcados en una coyuntura.
Quizás el gobierno más exitoso en controlar el fenómeno delincuencial fue el de doña Laura Chinchilla (2010-2014).
Este gobierno ha hecho bien en hacer un cambio de timón completo y traer al Ministerio de Seguridad parte del equipo de ese gobierno, encabezado por don Mario Zamora Cordero.
Es una muestra indudable de inteligencia política, humildad y firmeza del señor presidente de la República, señor Rodrigo Chaves Robles.
En declaraciones el nuevo ministro enumera algunas verdades sobre el fenómeno en Costa Rica. El señor Zamora conoce desde adentro el problema y lo describe radiográficamente.
El crimen organizado utiliza inteligencia, está dotado de alta tecnología, tiene recursos a su haber, se mueve en todo el territorio nacional, tiene alianzas claves entre sí y con mandos corruptos del sector seguridad, tienen casas – hospital, armamento de grueso calibre, bandas de alquiler para ser contratadas como sicariato, distribución de drogas o asaltos a sectores claves, para enumerar sólo algunos.
Mientras tanto nuestros policías, escasos de personal para atender sus roles, delegaciones en muchos casos precarias y mal comidos, patrullas destartaladas, con escaso presupuesto para combustible, armamento viejo, y sobre todo desmotivados ante lo irracional de un sistema de amplias garantías al ladrón, donde se persigue durante días a un supuesto delincuente para verlo absuelto pocas horas después por un juez, y que el malhechor se les ría en la cara, amenace su vida y la de su familia y siga delinquiendo.
En nuestro país se tarda años en un proceso judicial lleno de recursos y garantías, para condenar a un asesino o ladrón a prisión. Luego por el sistema de beneficios carcelarios, poco tiempo después anda en libertad. Muchos de ellos reinciden lamentablemente.
Hay una sensación de impunidad inmensa. Hay excesivas garantías al delincuente y poca empatía hacia la población víctima. Los ladrones andan en la calle y las personas honradas y trabajadoras en las casas encerrados, con sus viviendas enverjadas y llenas de alarmas para proteger su patrimonio.
En Costa Rica el sistema de seguridad es precisamente lo contrario. Es un asistema. La coordinación entre poderes es escasa. Algunos aducen esto a la necesaria división de poderes, pero en este caso se requiere una política de estado en materia de seguridad y ataque a la criminalidad. Debe ser un enfoque integral.
Esperemos que la Asamblea Legislativa esta vez haga su parte. Que el Poder Judicial haga su “mea culpa”, dejen su arrogancia y se sienten los tres poderes a elaborar esa política de estado que no tenemos en esta materia.
En materia de salud la Rectoría es el Ministerio de Salud, nadie lo discute, sea del poder que sea. En materia de educación hasta la Educación Diversificada, la rectoría recae en el Consejo Superior de Educación. En materia de seguridad: ¿quién ejerce la rectoría de Seguridad?
El señor presidente de la República ya dio el ejemplo. Es el momento idóneo para empezar a elaborar esa política de Estado.
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