La informalidad, en buena medida, se da debido a que muchas personas en los países en vías de desarrollo carecen de la educación y las habilidades para el empleo formal al ser demasiado pobres para pagar las tarifas de la seguridad social, y así poder acceder a servicios públicos y financieros. Se estima que la economía informal representa al menos un tercio de las economías de bajo y mediano ingreso en el mundo.
Las empresas informales no pagan impuestos y les es casi imposible crecer debido a su baja productividad y casi ningún acceso a financiamiento. Como resultado, los crecimientos económicos de los países con grandes sectores informales están condenados a un futuro poco promisorio. Los trabajadores informales tienen más probabilidades de ser pobres que los trabajadores del sector formal. Una de las tantas razones para la generación de muy bajos ingresos en la economía informal es la ausencia de contratos formales para regular las relaciones comerciales. Además, no tienen ninguna protección social y tienden a tener menos educación.
La informalidad está relacionada con un sin número de males de índole social, entre ellos la desigualdad de género ya que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres no solo de tener un empleo informal, sino también de estar en las categorías de empleo informal más precarias y de más bajos ingresos.
La informalidad es un pesado lastre para que las economías en vías de desarrollo puedan crecer, desarrollarse y brindar oportunidades a sus pobladores para acceder a un mejor nivel de vida. La informalidad se reduce con políticas de Estado como la inversión en una educación de calidad y útil para la vida, así como con otras políticas que aborden sus causas subyacentes. Las políticas que atacan a las personas que operan en la informalidad como un sector ilegal que evade impuestos, como lo han hecho los países latinoamericanos desde hace muchos años, ha probado ser la ruta equivocada ya que no solo no ha logrado ningún resultado importante en la reducción de la informalidad, sino más bien ha provocado un aumento de quienes operan al margen de la institucionalidad
En Costa Rica casi 1 millón de personas (46% de la fuerza laboral) operan en el sector informal, y se estima que tan solo la CCSS deja de percibir unos 216 mil millones de colones al año en cuotas obrero patronal, afectando muy adversamente a los regímenes de salud y pensiones de esa institución.
La experiencia en otros países ha demostrado que las siguientes políticas surten efectos positivos sobre la reducción de la informalidad:
Mejorar el acceso y la calidad de la educación. Las reformas educativas destinadas tanto a mejorar la igualdad de acceso a la educación, como a asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, son claves en los esfuerzos para combatir la informalidad. Es particularmente importante ampliar las oportunidades para que los estudiantes de nivel secundario puedan optar por una educación técnica que les permita trabajar pronto en una ocupación de alta demanda en el mercado laboral.
El diseño del sistema tributario debe evitar aumentar los incentivos para que las personas y las empresas permanezcan en el sector informal. En general, se reconoce que los sistemas tributarios más simples con tasas más bajas, así como impuestos sobre las planillas bajos y razonables, ayudan a reducir la informalidad. En Costa Rica la carga patronal sobre las planillas es 26.3% comparado con el promedio de 15% de los países miembros de la OCDE.
Las políticas para mejorar la inclusión financiera mediante la promoción de un mayor acceso a los servicios financieros formales ayudan a reducir la informalidad. La falta de acceso al sistema financiero es una severa limitación para las empresas y los empresarios informales, sofocando la productividad y el crecimiento de sus negocios. Los países donde el acceso al crédito es mayor para las pequeñas y medianas empresas, tanto formales como informales, tienden a crecer más rápido y tienen una menor desigualdad de ingresos.
Políticas que incentiven la formalidad y reduzcan su costo. Las regulaciones del mercado laboral deben simplificarse para garantizar una mayor flexibilidad y facilitar el ingreso de los trabajadores informales al empleo formal. Las políticas de promoción de la competencia impulsan la entrada de pequeñas empresas en algunos sectores al eliminar los monopolios, los duopolios y los oligopolios. La eliminación de regulaciones excesivas y trámites burocráticos, el gobierno digital extendido a todo tipo de trámites, las transferencias móviles sin mayores restricciones; son políticas públicas que contribuyen a aumentar la formalidad haciendo más inclusivas las economías de los países en vías de desarrollo.
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