Costa Rica lleva años cosechando un creciente desempleo que es aún más fuerte y despiadado en las zonas más vulnerables, mujeres, jóvenes y zonas rurales.
El último Gobierno que culminó su mandato con una clara tendencia decreciente del desempleo fue el del 2002-2006 que lo dejó en un 6% y encaminado hacia el 4,8% del 2007. Desde entonces el desempleo ha continuado ya sea en un franco ascenso o estancamiento generalizado. Incluso previo a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia; ya las familias costarricenses se enfrentaban a un 12,5% de desempleo.
14 años en la ruta de altos déficit fiscales, crecimiento continuo de la deuda pública y un crecimiento económico hacia la baja. Muestran un difícil panorama para una economía en desarrollo que no lograba las tasas aspiraciones de una economía pujante.
La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue un enorme salvavidas, urgente desde un plano técnico ante la falta de liquidez, para que el país enmendara esta tendencia insostenible. Sin embargo, a año y medio desde la aprobación del mismo, el Gobierno de la República ha demostrado que sus promesas de contención y reestructuración del gasto para su eventual reducción; pasaron al olvido.
Este Gobierno ha sido enfático en que su hoja de ruta para enfrentar la crisis económica relacionada a la pandemia pasará por más endeudamiento y no se acompañará por una reducción importante del gasto público.
Es por ello que resulta improbable que podamos ver un replanteamiento de la ruta país en el futuro cercano. Hay una pluralidad legislativa socialdemócrata que ha servido de pararrayos contra cualquier reforma del Estado que busque enmendar los problemas estructurales de un aparato atrofiado, inflado y cada vez más insostenible. Han sido 14 años donde los mandatarios se han estado pasando la bola del endeudamiento y altos déficits a sus sucesores cual si fuese un juego de ‘‘papa caliente’’.
El problema es evidente, si aún después de que se lograse un consenso político país para que se aprobara el plan fiscal, el Gobierno se rehusó a cumplir su promesa de reducción del gasto y dar estímulos para el crecimiento de la economía; queda claro que la socialdemocracia NO va solucionar los problemas estructurales del gasto público. Esto representa un enorme peligro para la institucionalidad, los empleados públicos y la economía del país.
El último Gobierno de centroderecha terminó en el 2006 encaminado hacia un superávit fiscal, reduciendo substancialmente la deuda pública, con una tasa de crecimiento envidiable y con un desempleo en franca tendencia hacia la baja. Debemos destacar que lo logró a pesar de que no se le aprobó el plan fiscal. O sea SIN nuevos impuestos y sin desencadenar una crisis social.
Si continuamos con otros cuatro años de socialdemocracia el panorama es claro, pronto dirán que necesitan un nuevo plan fiscal para aumentar impuestos, la economía no crecerá a tasas fuertes, el endeudamiento se saldrá nuevamente de control y la pobreza continuará estancada, y el desempleo también.
Abrir nuevos mercados, incentivar la inversión privada tanto interna como extranjera, flexibilizar cargas para incentivos temporales, reducción de los costos operativos en el país, luchar contra la evasión fiscal, formalizar a más trabajadores, reestructurar el Estado, cerrar portillos perversos que permiten salarios y pensiones abusivas… Es una ruta que solo la nueva centroderecha puede ofrecerle al país; no vayamos a olvidar que fue en el gobierno 1990-1994, en su momento el primer Gobierno NO socialdemócrata en años, que la pobreza tuvo su última caída estrepitosa en Costa Rica.
El próximo Gobierno debe plantear una visión moderna de centroderecha. Que crea en la libre empresa sí, pero que plasme la disminución de la desigualdad social y de la pobreza como objetivos básicos de su esencia. Una centro derecha social y ecológica, acorde con los valores modernos que exige la ciudadanía, pero también con el conocimiento y sabiduría económica que adolece el oficialismo socialdemócrata.
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