El pasado 12 de noviembre, en su página en Facebook, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación (COLPER), publicó un comunicado solemne contra la intimidación y la violencia hacia profesionales de la comunicación. Esa condena es necesaria. Defender la integridad física y el libre ejercicio del oficio es obligación civil y moral. Sin embargo, lo que obliga al escrutinio público no es la frase bien escrita, sino la coherencia entre la palabra y el hecho. ¡En ese examen el Colegio falla estrepitosamente!
Resulta intolerable que una institución que se declara guardiana de la libertad de prensa alce la voz por la agresión externa y permanezca muda ante la agresión interna. Cuando medios y periodistas reproducen falsedades, fabrican imputaciones o atropellan el honor ajeno, el deber del Colegio no es la discreción confortable sino la actuación decidida. El silencio institucional ante esos casos evidentes no es indiferencia técnica, es complicidad. Ese mutismo mantiene a la prensa en el peor de los estados, el de quien se autoproclama libre y actúa a la vez como instrumento o medio de poder.
Vivimos un fenómeno en dos actos. Primero, los dueños de los medios ordenan la línea editorial; segundo, los profesionales obedecen. El resultado es la conversión del periodista en peón de señores feudales modernos. El periodismo deja de ser oficio y se transforma en maquinaria de propaganda. Esos propietarios disponen del altavoz público y manipulan la agenda, los hechos y el tono. Los periodistas que participan pasan a ser meros ejecutores de la voluntad empresarial. El Colegio, que por estatuto y por ética debería denunciar este encadenamiento, a menudo opta por la protección corporativa. Esa decisión socava su legitimidad y lesiona la propia libertad de expresión que dice custodiar.
La doctrina interamericana sobre libertad de expresión reconoce el valor público del periodismo. Esa protección no es un cheque en blanco. El derecho a informar coexiste ineludiblemente con el derecho al honor y con estándares de veracidad. Los pronunciamientos jurídicos que elevan el periodismo a función social no eximen a los comunicadores de rendir cuenta cuando violan la ley o la ética. Por eso la verdadera defensa de la prensa exige a la vez libertad y responsabilidad. Sin responsabilidad no hay libertad que valga.
La práctica demuestra que la autodefensa gremial se ha vuelto selectiva. Se sanciona con vigor la agresión física o verbal contra periodistas, pero se blinda con tibieza a quienes sistemáticamente desinforman. Esa doble vara no es una falla técnica, es un pacto de protección mutua entre corporaciones y profesionales. Cuando el Colegio no investiga con rigor las faltas graves ni hace públicas las conclusiones de sus procesos disciplinarios, contribuye a impunidad ética. El tejido democrático se deteriora cuando la autoridad moral se niega a aplicar sus propias reglas.
Exigir responsabilidades no es persecución ideológica. Es obligación pública. Un Colegio responsable debe, en primer lugar, garantizar canales reales y accesibles para presentar denuncias. Segundo, debe dotar a sus procedimientos de plazos precisos y visibles. Tercero, debe publicar, con las reservaciones que imponga el debido proceso, las resoluciones motivadas del Tribunal de Honor y Ética. Transparencia significa que la ciudadanía pueda verificar que las normas no son letra muerta. Sin transparencia no hay autocorrección.
Propongo medidas concretas que el Colegio no puede seguir posponiendo. Instituir un registro público de denuncias recibido y su estado procesal. Establecer plazos máximos para investigaciones preliminares y para decisiones definitivas del Tribunal. Publicar criterios técnicos para determinar cuándo una conducta constituye desinformación grave o difamación. Obligación de rectificación pública para medios que incurran en errores demostrados y sanciones proporcionales para quienes actúen con dolo repetido. Programas permanentes de capacitación en verificación de fuentes y en ética profesional para quienes ostenten cargos editoriales. ¡Simples sugerencias!
No es menor señalar la necesidad de enfrentar el poder económico detrás de la prensa. La concentración mediática convierte al mercado en árbitro de la verdad. Habrá que impulsar, desde la sociedad y desde el propio gremio, alternativas que frenen la captura informativa por intereses privados. Un Colegio que legitima a medios que vulneran la verdad se coloca del lado de esa captura. Es hora de escoger si se será bastión de la verdad o refugio del doble estándar.
La ciudadanía merece una prensa libre y absolutamente responsable, no una cofradía que protege a sus miembros por fidelidad corporativa. Quienes llaman a defender la libertad deben aceptar que ésta incluye la obligación de corregir los errores públicos. Si COLPER pretende seguir siendo una casa del periodismo, tiene que demostrar que sus propios compromisos no son retórica para titulares. ¡La historia no perdona la cobardía institucional!
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El autor es politólogo, académico universitario y ex Director de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
