El Artículo Primero de nuestra Constitución Política declara a esta Nación como pluricultural, multiétnica y plurilingüe eso conlleva a reconocer el mestizaje y mulataje que es constitutivo de nuestra idiosincrasia y a la vez sumar una serie de realidades histórico-sociales que nos caracterizan a todos, más allá de abolengos rancios y desgastados que algunos todavía abanderan como consigna identitaria.
Por ello el pasado lunes 24 de febrero es una fecha que no debemos olvidar, ya que un costarricense y hermano indígena como lo fue Jerhy Rivera ha sido asesinado, debido a la inoperancia de este gobierno y a sus autoridades corruptas, las cuales se jactan ante el mundo de ser defensoras de los derechos humanos, cuando en realidad son cómplices de esta naturalización de la violencia ejercida hacia las comunidades de pueblos autóctonos como lo son Brörán de Térraba y Bribri de Salitre al sur del País.
El año pasado también fue asesinado el líder indígena Sergio Rojas en la misma región frente a la mirada indiferente de quienes controlan los Tribunales de Justicia que en esta República tienen dueños, dependiendo de la zona y los intereses económicos que estén en juego.
No es un secreto para nadie que en esta Costa Rica de doble moral estatal y pública, los indígenas son tratados peor que los animales al ser considerados como salvajes que no permiten el llamado “progreso”, mismo que se traduce en la tala indiscriminada e ilegal de árboles, contaminación de mantos acuíferos, construcción de represas, explotación de minas a cielo abierto y hoteles en zonas protegidas entre otras tantas cosas.
Por ello llegó la hora que la Sociedad Civil con mayúscula, esa que se dice crítica, reflexiva y deliberativa se levante pero no para marchar como lo hacen los sindicatos que aquí parecen de corte vertical, paralizando a un país para no perder sus jugosos y desmedidos salarios, sino para alzar la voz por quienes no la tienen y que solo son considerados personas cada cuatro años para pedirles el voto.
De esta forma los administradores del Estado son cómplices al guardar silencio ante esta persecución y cacería de seres humanos que por lo visto aquí no tienen derechos, solo aquellos que el propio Gobierno utiliza para obtener financiamiento de la cooperación internacional cuando llega a Naciones Unidas a mendigar.
Este país y sus políticas públicas se han convertido en una verdadera vergüenza, al igual que sus supuestos jueces y policías que en las zonas indígenas brillan por su ausencia y solo aparecen ante la prensa cuando ya es demasiado tarde. Las continuas amenazas y agresiones físicas que deben soportar los nativos en Costa Rica, sobrepasan el realismo mágico al atropellar los principios de igualdad y justicia ante la ley que no existen para las etnias autóctonas.
La dignidad de todo ser humano es lo que nos caracteriza y hace iguales pero en este país si no tienes mucho dinero o eres un político corrupto, narcotraficante, abogado leguleyo o un parásito del estado no eres nadie, ya que defender los derechos humanos, ser activista declarado o simplemente un ciudadano con sentido común y crítico es muy mal visto, sobre todo si denuncias a tus agresores y les das la cara a los perpetradores.
Porque lo que no se dice son los nombres y apellidos de los terratenientes, hombres blancos que están detrás del asesinato de Jerhy Rivera Rivera y que son los dueños de las fincas que se encuentran en las zonas protegidas de Costa Rica, donde entre el 40% y 80% de las tierras están bajo el control de personas no indígenas, como es el caso de la comunidad de Mano de Tigre donde el jaguar ya no puede correr por la selva en plena libertad, aunque sí la sangre y el espíritu de Jerhy en los altos del Brörán…
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