En momentos de crisis como los que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19, resulta urgente pensar en soluciones de reactivación económica para el país y como legisladora proponente del proyecto de ley 21.182, me permito realizar algunas consideraciones sobre la reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 y la adición de un artículo 145 bis del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras.
El tema que nos ocupa, es la modalidad de 4/3 es decir, trabajar 4 días con una jornada de hasta 12 horas diarias y tener 3 días libres. Dicho modelo no tendría el carácter de obligatorio, al contrario, sería de aplicación excepcional y optativo para los trabajadores y de común acuerdo entre el empleador con aquellos empleados que deseen adherirse al sistema dentro de su lugar de trabajo; valga aclarar que esta modalidad no sustituiría la actual jornada de 5 días laborales. La legislación costarricense sobre este tema data del año 1943 y resulta inminente actualizarla, ajustándola a las nuevas exigencias del mercado laboral y a los retos que enfrenta el sistema productivo nacional a raíz de la emergencia del COVID y sobre todo, con el objetivo de armonizar y resguardar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
Las jornadas 4/3 permitirían a las empresas satisfacer picos de demandas de manera contínua, atender altas en sus negocios, sobre todo en aquellos servicios que por su naturaleza no deban ser interrumpidos. A ellos se suman los servicios brindados desde Costa Rica al exterior, cuyos horarios diversos serían una solución inmediata. Cabe resaltar que no es un cambio de jornada, sino que es una modalidad de jornada adicional que se está ampliando para temas excepcionales y resulta necesaria la aclaración para desmitificar el tema del cambio de la jornada.
La principal razón para promover este proyecto es dar un impulso eficaz a la economía nacional, estimular beneficios a la inversión extranjera, lo cual permitiría a las empresas reducir costos en servicios públicos, y a la vez, atraer este tipo de inversión, generando un impacto directo en mayores fuentes de empleo.
Ha sido un tema ampliamente discutido por múltiples actores del sistema productivo nacional, tal es el caso de la Cámara Costarricense de Comercio, que considera de gran importancia la iniciativa del proyecto, pues dentro de sus postulados promueve también de forma excepcional la anualización de la jornada laboral y esto representa una gran oportunidad para los sectores que tienen temporadas altas, tanto en el sector turismo como en el sector comercial. Es necesario aclarar que la ley no pretende establecer jornadas extraordinarias de 12 horas diarias, sino más bien, ampliar la jornada ordinaria distribuyéndola en 4 días hasta alcanzar la jornada semanal establecida entre las partes, cumpliendo a cabalidad lo estipulado en la Constitución Política y Código de Trabajo; permitiendo a las personas trabajadoras atender sus gestiones personales, combinando las actividades laborales con sus requerimientos personales, de familia, educación y recreación.
Promover una política pública sobre la aplicación en algunos supuestos de excepcionalidad de los actuales estatutos de las jornadas laborales, es un beneficio mutuo que permitiría por un lado, cumplir con los requerimientos competitivos que los mercados exigen, elevando las tasas de empleabilidad, siendo una iniciativa importante de reactivación económica y; por otro, para el empleado, significaría una posibilidad de potenciar su crecimiento educativo al disponer de mayor tiempo para su preparación académica y para el disfrute de su familia, conciliando el aspecto laboral con el familiar. Aunado a ello, el trabajador contará con espacios de descanso que podrá disfrutar en actividades de ocio, de carácter personal y será un tiempo del cual pueda disponer a su gusto, enfocado en el bienestar del trabajador.
Este es un proyecto país que impactaría directamente la economía y los beneficios serían múltiples para toda la población, que vería beneficios en su salud mental, pues un dato relevante que proporciona el Informe del Estado de la Nación del año 2018, indica que el costo que producen las “presas” o el congestionamiento vial en el GAM, para las personas que se desplazan a trabajar a un cantón distinto de dónde viven, representa alrededor de un 3.8% del PIB (¢1.4 billones o $2.527 millones).
Un informe de la Contraloría General de la República indica que tardamos entre dos y tres horas de traslado desde nuestras casas hasta los lugares de trabajo, con una jornada de ocho horas -más el traslado, más los costos que esto implica- trabajando cinco días a la semana en jornada de 48 horas semanales; sin embargo, con este proyecto de ley, mantenemos de forma optativa una jornada excepcional 4/3, optimizando el uso del tiempo para los trabajadores, generando una reducción de los costos de las familias, para las empresas, en contaminación y hasta en gastos asociados a los traslados.
Otros estudios han determinado que los costarricenses gastamos hasta 550 horas del año en presas, lo equivalente a casi 23 días al año. Sin duda, este hecho per se, representa un provechoso avance en el aspecto ambiental al regular y ver disminuida la cantidad de vehículos en circulación.
El índice global de competitividad ubica a Costa Rica en un lugar 59, de 141 economías del mundo, sopesando su eficiencia y flexibilidad. Sobre ello, el Consejo de Promoción de la Competitividad, considera que este proyecto constituiría una gran oportunidad para aquellas empresas que podrían generar nuevos procesos y que hoy no lo están haciendo porque no hay una claridad respecto de la legalidad de la jornada excepcional 4/3; el proyecto de ley # 21.182 vendría a solventar el problema, legando seguridad jurídica a acciones que hoy se realizan por la necesaria puesta en marcha de la misma.
A modo de ejemplo, en el año 2019, una empresa multinacional en Japón, que implementó la jornada 4/3, sobre una base de 2600 colaboradores, la productividad aumentó casi en un 40% y los ahorros fueron de un 23% en electricidad, casi un 60% en tinta y un 25% en relación con los días libres que pudieron disfrutar los trabajadores, sin mencionar lo que mejoró en eficiencia operativa la empresa.
El Ministerio de Comercio Exterior, considera que el proyecto sería un instrumento para generar empleo y dinamizar la economía del país, siendo una medida prioritaria su implementación, pues el mismo, actualiza y atiende la realidad económica de empresas y actores comerciales que requieren operar de manera integrada con otros países, utilizando herramientas tecnológicas que coinciden con horarios determinados, incorporando de esta forma, mecanismos flexibles que permiten un mejor desempeño y mejores resultados.
El Estudio de Políticas de Inversión de OCDE también ha indicado que una mayor flexibilidad en la reglamentación laboral sobre las horas de trabajo, podría facilitar las actividades empresariales en el país y que estas modalidades de horarios laborales, podrían beneficiar tanto a los empleadores como a los trabajadores, pues contempla las necesidades de ambos grupos.
Es así como la aprobación del proyecto que promuevo, está enfocado en las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas; de modo tal que aumentaría nuestra competitividad como país, al incluir en un marco normativo moderno que respondería a las necesidades actuales y a las exigencias de un mundo integrado, resguardando a la persona trabajadora en el marco del artículo 58 del texto constitucional.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.
