El ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión en la historia de Israel y de Oriente Medio. La magnitud de la ofensiva, el impacto psicológico sobre la sociedad israelí y la respuesta militar posterior alteraron profundamente el equilibrio regional.
Pese a esto, reducir lo ocurrido a una nueva guerra entre Israel y Hamás resulta insuficiente. Lo que comenzó como una operación militar terminó acelerando una serie de tensiones políticas, sociales, demográficas e ideológicas que ya estaban presentes dentro de la propia sociedad israelí.
El conflicto ha puesto de manifiesto una realidad incómoda; Israel enfrenta amenazas externas de gran magnitud, pero también desafíos internos que condicionan su capacidad para alcanzar objetivos estratégicos de largo plazo. La discusión ya no gira únicamente en torno a la derrota de Hamás o la contención de Irán, sino sobre la capacidad del Estado para preservar simultáneamente su seguridad, su cohesión social, su carácter democrático y su legitimidad internacional.
Uno de los primeros errores analíticos tras el 7 de octubre consistió en interpretar el ataque únicamente como un acto de terrorismo irracional, porque lo realizado por el grupo islamista estuvo bien planeado, estructurado y aunque haya sido sanguinario, fue premeditado y totalmente intencional.
Ante esto, desde una perspectiva jurídica, Hamás recurrió al terrorismo mediante ataques deliberados contra población civil, toma de rehenes y asesinatos masivos. Sin embargo, reconocer ese hecho no elimina la necesidad de estudiar la racionalidad estratégica detrás de la operación. Los actores armados, incluso cuando emplean métodos terroristas, suelen perseguir objetivos políticos concretos.
La ofensiva no buscaba únicamente causar el mayor número posible de víctimas; aunque esto siempre será un elemento que suma a sus objetivos. El grupo islamista pretendía también provocar una respuesta militar de enorme intensidad, internacionalizar nuevamente la cuestión palestina, dificultar la normalización entre Israel y varios Estados árabes y profundizar las divisiones políticas internas israelíes. En ese sentido, la operación consiguió alterar significativamente el entorno estratégico regional, independientemente del enorme costo humano sufrido posteriormente por Gaza y del deterioro militar experimentado por la propia organización.
La respuesta israelí también abrió un debate sobre los límites del concepto de seguridad. Desde su fundación en 1948, Israel ha construido buena parte de su doctrina nacional sobre la capacidad de disuadir a sus adversarios mediante superioridad militar. Tras el 7 de octubre, esa lógica evolucionó hacia un objetivo mucho más ambicioso: impedir que una amenaza semejante vuelva a repetirse.
El problema es que por más esfuerzos que se realicen, ningún Estado puede garantizar una seguridad absoluta frente a amenazas asimétricas. Intentar eliminar completamente a organizaciones como Hamás o la neutralización definitiva de todos los actores hostiles requeriría campañas militares prolongadas, enormes recursos económicos y un respaldo político internacional difícil de sostener durante años.
Al mismo tiempo, la guerra ha evidenciado que la dimensión militar por sí sola no resuelve problemas políticos de fondo. Aunque las capacidades operativas de Hamás han sufrido un deterioro considerable, la organización no desapareció completamente como actor político y social. La experiencia de otros conflictos demuestra que destruir infraestructura o eliminar dirigentes no garantiza automáticamente la desaparición de una organización cuya base de apoyo también responde a factores políticos, sociales ideológicos e identitarios.
Mientras tanto, la presión internacional sobre Israel ha aumentado conforme avanzó la campaña en Gaza. Las acusaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza, el elevado número de víctimas civiles y la devastación material han deteriorado la imagen internacional del país, incluso entre aliados tradicionales. Esa pérdida gradual de legitimidad constituye otro costo estratégico que influye directamente sobre su margen de maniobra diplomático.
A estas presiones externas se suman profundas fracturas internas, la sociedad israelí nunca ha sido homogénea. Dentro del territorio conviven comunidades con identidades nacionales, religiosas y culturales muy distintas, cuyos intereses no siempre coinciden. Durante décadas, el servicio militar obligatorio funcionó como uno de los principales mecanismos de integración nacional, permitiendo que sectores diversos compartieran una experiencia común.
Ese consenso atraviesa actualmente uno de sus momentos más delicados. La creciente controversia sobre el reclutamiento de la población ultraortodoxa refleja un cambio demográfico de largo alcance. Durante décadas, muchos estudiantes de instituciones religiosas quedaron exentos del servicio militar para dedicarse al estudio de la Torá. Mientras ese grupo representaba una proporción reducida de la población, el sistema resultaba políticamente manejable. Sin embargo, el rápido crecimiento demográfico de la comunidad haredí ha convertido esa excepción en una cuestión estratégica.
Las Fuerzas de Defensa de Israel necesitan mantener un volumen suficiente de efectivos para sostener operaciones prolongadas en múltiples frentes. En simultáneo, una parte importante de la población ultraortodoxa continúa rechazando tanto el servicio militar como una incorporación plena al mercado laboral. Esta combinación incrementa la carga económica y militar sobre el resto de la sociedad israelí, generando tensiones cada vez más visibles.
La dificultad para modificar este equilibrio responde también a razones políticas. Los partidos ultraortodoxos han adquirido un peso decisivo en la formación de gobiernos de coalición. Esto limita considerablemente la capacidad del Ejecutivo para impulsar reformas profundas sin poner en riesgo su propia estabilidad parlamentaria.
Otra transformación significativa afecta la zona de Cisjordania. El crecimiento sostenido de los asentamientos y el aumento de episodios de violencia protagonizados por grupos radicales de los residentes israelíes en la zona han intensificado el deterioro de la situación sobre el terreno. Organizaciones israelíes de derechos humanos, así como diversos organismos internacionales, han documentado durante años agresiones contra comunidades palestinas, destrucción de propiedades y desplazamientos forzados.
Más allá del debate jurídico sobre la ocupación, este fenómeno plantea un problema estratégico para Israel. La expansión constante de asentamientos dificulta cualquier futura delimitación territorial y reduce progresivamente la viabilidad de una solución negociada basada en dos Estados. Al mismo tiempo, la percepción de impunidad frente a determinados actos violentos alimenta nuevas dinámicas de radicalización entre ambas poblaciones.
Detrás de estas políticas también existen diferencias ideológicas profundas dentro del propio sionismo religioso. Mientras algunos sectores consideran que la negociación territorial forma parte de las herramientas legítimas del Estado, otros entienden que la totalidad de Judea y Samaria (Cisjordania) constituye un patrimonio irrenunciable desde una perspectiva religiosa e histórica. Conforme a este lente, cualquier cesión territorial deja de ser simplemente una decisión política para convertirse en una transgresión de carácter espiritual.
Cuando el territorio adquiere una dimensión sagrada, los márgenes para el compromiso disminuyen considerablemente. Las negociaciones dejan de enfrentarse únicamente a intereses nacionales contrapuestos y comienzan a chocar también con convicciones religiosas que no admiten soluciones intermedias.
Esto repercute directamente sobre el futuro de la cuestión palestina. La solución de dos Estados atraviesa probablemente su momento más frágil desde los Acuerdos de Oslo; que, dicho sea de paso, tuvo avances limitados en su tiempo. La fragmentación política palestina, el debilitamiento de la Autoridad Palestina, la permanencia de Hamás como actor relevante; pese a que renunciaron a su rol político recientemente, y la expansión de los asentamientos israelíes reducen cada vez más las posibilidades de establecer un Estado palestino territorialmente viable.
La alternativa de un Estado Binacional tampoco ofrece una salida sencilla. Incorporar plenamente a millones de palestinos alteraría el equilibrio demográfico sobre el que históricamente se ha sustentado la identidad del Estado de Israel como Estado judío y democrático. Mantener un control permanente sin plena igualdad de derechos, por otra parte, incrementaría las acusaciones de discriminación estructural y profundizaría el aislamiento internacional.
En consecuencia, el escenario más probable a corto plazo parece ser la prolongación del statu quo, con un conflicto de baja intensidad interrumpido periódicamente por episodios de violencia de gran escala (como el 7 de octubre), sin avances significativos hacia una solución política definitiva.
Este panorama coincide además con un cambio más amplio en el sistema internacional. Estados Unidos continúa siendo el principal aliado estratégico de Israel, pero su capacidad para imponer acuerdos regionales es menor que hace dos décadas. El gobierno de Washington enfrenta prioridades simultáneas en Europa, el Indo – Pacífico y Oriente Medio, mientras sus propios debates internos reducen el margen político para asumir nuevos compromisos prolongados en la región.
Ese relativo repliegue favorece una mayor autonomía de las potencias regionales. Irán, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel desarrollan estrategias cada vez más independientes, configurando un equilibrio regional mucho más competitivo e incierto que el existente durante la etapa de predominio estadounidense.
En este contexto también resurge el debate sobre la proliferación nuclear. Aunque Israel mantiene desde hace décadas una política de ambigüedad respecto a su arsenal atómico, el avance del programa nuclear iraní y las aspiraciones manifestadas por otros actores regionales elevan el riesgo de una futura carrera armamentística. La posibilidad de que varias potencias de Oriente Medio alcancen capacidades nucleares modificaría profundamente la lógica de disuasión regional y aumentaría los riesgos de errores de cálculo en un entorno caracterizado por conflictos abiertos, rivalidades ideológicas y actores no estatales.
Más allá de la evolución inmediata de la guerra en Gaza, el verdadero desafío para Israel consiste en responder simultáneamente a todas estas presiones. La superioridad militar sigue siendo uno de sus principales activos estratégicos, pero por sí sola no resolverá las fracturas sociales, las tensiones demográficas, las disputas ideológicas ni el desgaste diplomático acumulado durante los últimos años.
El 7 de octubre no creó estos problemas, pero los visibilizó y aceleró su evolución. La capacidad del Estado de Israel para adaptarse a esa nueva realidad determinará no solo el desenlace de la actual guerra, sino también la forma que adoptará el equilibrio político y estratégico de Oriente Medio durante las próximas décadas.
