No puede ser que apenas este 10 de marzo entra a regir la ley del empleo público y, ya todas las instituciones del sector público se declaran otra vez como repúblicas independientes, con las mismas excusas sin fundamento de siempre: que ellos son de otra raza y que son intocables, además exigen ingresos ilimitados con ningún control sobre el uso de esos ingresos y, el resultado ha sido pensiones de lujo, privilegios salariales, salario escolar y una serie de abusos con sus convenciones colectivas, que hasta ahora, un montón de años después la Sala IV ha encontrado que son inconstitucionales.
Está claro que el papel mundial que juega el FMI es muy importante y necesario.
Inclusive podemos hasta afirmar que el FMI es relativamente justo, en el tanto que sabemos que sus financiamientos no pretenden el lucro propio con sus intervenciones.
Pero en el caso de su intervención en Costa Rica, otra vez, ahora en abril 2023, aunque es probable y ojalá que el FMI tenga en mente una variedad de objetivos, necesitamos que entre sus objetivos esté, por sobre todos los demás, el beneficio de nuestro país, el beneficio de todos los costarricenses.
La ley del empleo público no debe permitir excepciones. Claro que hay que mejorar esa ley. No puede ser que rija solo para los nuevos empleados.
En ese sentido y en la situación actual, no necesitamos ni más préstamos ni más impuestos.
Necesitamos por el contrario, urgentemente, por fin, eficiencia y muchos más controles reales del gasto público.
Desde hace muchos años, los costarricenses padecemos de una epidemia de repúblicas independientes y de fugas por todos lados, de los recursos públicos.
Seguimos esperando que las auditorías internas, contralorías y demás instituciones encargadas del control del gasto público, recuerden por fin, que su trabajo es muy importante y necesario para Costa Rica, porque de lo contrario nunca van a alcanzar ni más préstamos ni más impuestos para cubrir tantas y tantas fugas de los recursos públicos.
Tal vez no esté dentro de los objetivos de esta intervención del FMI, pero la solución para Costa Rica no está en más impuestos ni más préstamos. Solamente hay que controlar por fin el gasto público. Hasta la OCDE ha insistido sobre este tema.
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