Todos los estudios de opinión recientes nos dicen que la ciudadanía percibe la inseguridad como el principal problema del país. No hace falta ir a las fichas técnicas de las encuestas para verificar esa realidad. A diario, nuestras familias, vecinos y amigos nos hablan de su miedo al salir a la calle. Nosotros mismos, antes de ir para cualquier sitio, nos encontramos frente al temor de que algo malo nos pueda pasar. Las madres y padres todos los días, cuando sus hijos salen de casa, se preguntan si regresarán a salvo ante el fundado temor de que sean víctimas de una bala perdida o de un asalto.
El miedo se ha apoderado de nuestra vida cotidiana, al tiempo que la violencia y el crimen organizado revelan las fisuras de una sociedad desigual. Hagamos, solo por un momento, la relación entre las cifras y los rostros humanos. El 2023 y 2024 fueron los años con más homicidios registrados en la historia del país, con 905 y 880 respectivamente. Entre las víctimas de 2023, se encuentra un niño de ocho años, quien fue impactado por una bala perdida mientras dormía en su casa ubicada en Zapote. Un caso similar ocurrió en diciembre de 2024 en Alajuelita, cuando un menor de nueve años murió producto de disparos contra su casa.
Los hechos parecen indicar que el 2025 no cerrará muy diferente. En marzo, un bebé de siete meses falleció en San Ramón por impacto de bala. Como respuesta a esta crisis tan dolorosa, el presidente Chaves dijo: “Eso es entre ellos que se matan”, en referencia a los cabecillas del crimen. ¿Iría el mandatario a buscar a las familias de estos niños víctimas y repetir frente a ellos tan lamentable frase?
Mientras el país se desgarra en la violencia y las familias lloran pérdidas de seres inocentes, el Gobierno ha renunciado a la tarea más básica que tiene: proteger la seguridad y la vida de las familias, garantizar que la gente pueda ir a sus trabajos o a visitar a sus seres queridos sin temor de ser asesinados en una balacera. Esto no es un juicio de valor, los hechos lo demuestran. A inicios de este año, el ministerio de Hacienda se negaba a girar los recursos aprobados en el presupuesto nacional para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, la primera línea de combate al crimen organizado; decisión que se revirtió solo ante la presión política. En mayo, vetaron el proyecto de ley que permitiría realizar allanamientos las 24 horas del día, dando así una señal de tranquilidad a la delincuencia. Todo lo anterior al tiempo que los decomisos de droga han venido a la baja desde 2022.
La buena noticia es que aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. No es justo que, mientras la gente compra cada vez más candados y cadenas para proteger sus casas, la delincuencia ande por la libre gracias a la negligencia gubernamental. Requerimos de una agenda de seguridad robusta y articulada entre los tres poderes, sin enfrentamiento ni rencillas absurdas que distraen de la verdadera tarea.
Lo primero es reconocer que nos enfrentamos a una problemática estructural. De acuerdo con el Informe del Programa Estado de la Nación para 2024, uno de los factores que incide en el aumento de la violencia es la desigualdad en el acceso a la educación, vivienda y salud. Este estudio también resalta la normalización cultural de la violencia como forma para resolver conflictos y una exclusión escolar sostenida, lo cual empuja a adolescentes y jóvenes a formar parte de bandas criminales.
A lo anterior se suma la convergencia del narcotráfico con otras actividades ilícita transnacionales como la trata de personas, el tráfico de armas y el aumento de los denominados “préstamos gota a gota”. La inseguridad no es una problemática sencilla, y para devolverle la tranquilidad a la gente necesitamos de soluciones integrales. Por esa razón, dejo sobre la mesa algunas propuestas:
- Volver la mirada hacia los más vulnerables y recuperar la inversión social. No hay seguridad sin prevención. Este Gobierno ha recortado en aproximadamente 100.000 estudiantes las becas Avancemos, mientras que la inversión en educación ha sido la más baja en 10 años. Mantener a los muchachos en las aulas es clave para alejarlos del delito, por lo que es urgente recuperar la inversión perdida durante estos años.
- Fortalecer la coordinación entre poderes y dar herramientas a las fuerzas de seguridad. El ruido y la discusión entre instituciones no nos llevan a ninguna parte. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben trabajar hombro a hombro para corregir las leyes que fomentan la impunidad y hacer reformas que permitan una sanción más eficiente de los delitos.
- Recuperar nuestros espacios públicos. Un Estado presente debe entrar de lleno a las comunidades. Restaurar parques, aceras, bulevares y otros espacios colectivos, con color, iluminación y cultura, es un instrumento clave de prevención ampliamente exitosos en otros países.
Más allá de los números, están las personas. Hoy, familias y comunidades enteras lloran la pérdida de personas inocentes. No podemos fallarles más. Vamos a devolverle la tranquilidad a la gente con determinación e inteligencia.