Iniciativa para fortalecer el CONAPAM

» Por Javier Vega Garrido - Abogado

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (No. 7935) dice que han de garantizarse entre otros derechos y beneficios, los siguientes: igualdad de trato y oportunidades, participación política y productiva en los asuntos que le afecten, estabilidad familiar, autonomía, mitigación de riesgo y seguridad social, acceso a la educación, vivienda u hogares sustitutos, prioridad y flexibilidad laboral, espacios de intercambio, recreación y tutela del Estado -inclusive de instituciones privadas- para su efectiva atención integral.

En estos días una parte de la conversación pública ha pasado por el incuestionable interés de resguardar tales beneficios y derechos de ese fundamental grupo de personas, que ya representa cerca del 14% de la población con probabilidad de duplicarse en 15 años.

Además, de acuerdo con el estudio del INEC de 2024 sobre estimaciones y proyecciones poblacionales, se registra que un 27% de las personas adultas mayores vive en pobreza, solo el 13% está empleada, cerca del 48% no recibe pensión y 37% presenta algún tipo de discapacidad. Estudio disponible en: inec.cr/publicaciones.

La situación apenas descrita es alarmante aunque no ha pasado desapercibida, pues según informó elmundo.cr el 23 de setiembre de 2024, el Gobierno presentó un “… proyecto de ley para fortalecer al CONAPAM”, destacando que lo adscribirían “…al Ministerio de Salud para garantizar una mejor atención a las personas adultas mayores”. Actualmente su rectoría descansa en un consejo nacional agregado a la Presidencia de la República.

El eventual traslado de esa rectoría aprovechará la competencia y experiencia acumulada de dicho Ministerio en el campo de la salubridad, como sede idónea para optimizar la generación de política pública, al alinearla a las recomendaciones de la OCDE sobre esta delicada dimensión socioeconómica.

El proyecto de ley (No. 24.585) lo que busca en resumen es modificar tres artículos de la Ley No. 7935 por su explícita conexidad con la salud pública, de manera que al migrar su regencia a este ámbito se tornaría más robusta y gobernable, al entenderse que el natural y progresivo envejecimiento de las personas no puede resultar ajeno a la estrategia de desarrollo del país, en especial de los sistemas de salud y su sostenibilidad.

Pasa que la longevidad de las personas como eventual logro también constituye un enorme reto, porque la vejez no ha de ser sinónimo de disminución en la calidad de vida, y tampoco de menosprecio de las potencialidades de una población que, pese a su sobreviniente vulnerabilidad, sigue siendo factor de cohesión social, historia, conocimiento y cultura.

Así, desde la exposición de motivos el proyecto del Gobierno señala en lo que interesa, que: “…atendiendo criterios de competencia y especialización en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral; es posible fortalecer y crear nuevas líneas de trabajo para fomentar un envejecimiento saludable y con calidad de vida…”.

La propuesta de reforma identifica el rol articulador del Ministerio de Salud en la llamada Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable (ENES), para concretar un conjunto de acciones afirmativas que tiendan a mejorar la vida de las personas adultas mayores, mediante programas preventivos acordes a sus sensibilidades y que puedan coadyuvar en la conservación funcional por más tiempo.

Para acometer el desafío que ya representa la correcta gestión del envejecimiento saludable de la gente, el proyecto reconoce y apela al máximo rol que se espera desempeñen los gobiernos locales en el impulso de planes que armonicen ese proceso bilógico, con servicios de salud preventivos más eficientes y eficaces, porque serán a mediano plazo más presionados y exigidos a brindar una respuesta efectiva.

Por el interés general de la materia, la finalidad buscada por el proyecto aquí mencionado y su vínculo con el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, ojalá que en la sensitiva Asamblea a los asuntos de las personas adultas mayores, exista voluntad real para debatirlo, mejorarlo si fuera necesario y aprobarlo este año, para que no sea de esos proyectos e iniciativas que siguen sin encontrar terreno fértil en la arena legislativa.

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