San José, 03 abr (elmundo.cr) – La tasa de femicidios cometidos por exparejas sentimentales en Costa Rica se duplicó entre 2022 y 2024, pasando de 0.59 a 1 por cada 100 mil mujeres, según reveló Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, durante el conversatorio “De la indignación a la acción: respuestas ante el femicidio”, organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
En los primeros tres meses de 2025, se registraron 13 femicidios, mientras que en 2022 hubo 25 casos, en 2023 la cifra aumentó a 31 y en 2024 se registraron 30, según datos de Mesa. La experta atribuye esta situación al debilitamiento de las políticas públicas y la institucionalidad, así como a la violencia generalizada en el país.
Mesa cuestionó la negativa del Gobierno a declarar emergencia nacional por los femicidios, una medida que permitiría destinar recursos a la prevención. “¿13 femicidios en menos de tres meses no es una conmoción interna?”, cuestionó Mesa, en referencia a la justificación de la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, sobre los impedimentos legales para la declaratoria.
A pesar de la existencia de una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la ratificación de la Convención de Belém do Pará, Mesa señaló falencias en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
“Como sociedad civil nos preocupa que en los procesos de femicidios no se apliquen los protocolos de investigación y sanción especializados”, agregó.
La Red Feminista también hizo un llamado a disminuir la violencia simbólica, como las manifestaciones públicas que subvaloran la educación en prevención de violencia. Mesa criticó los “discursos machistas, misóginos y de odio, emitidos desde Casa Presidencial”.
Larissa Arroyo, académica del IEM, propuso ampliar las investigaciones sobre violencia de género, sistematizar datos y que las universidades actúen como puente entre el gobierno y la sociedad civil.
Arroyo abogó por una “educación transformadora” que incorpore la perspectiva de género en todos los niveles educativos y capacite a los operadores de justicia.
