Una de las grandes cualidades de un comediante, es la de poder encontrar en su entorno, su complejidad y sus limitaciones, material para su trabajo.
Adolfo Montero Arguedas, conocido como Gorgojo, es sin lugar a dudas uno de los comediantes contemporáneos que mejor ha sabido no solo aprovechar este material de la vida, si no además retratar en sus chistes la realidad costarricense. En uno de ellos una señora le pregunta por qué “Llamarada” tocaba tan mal, él respondía: “para lo que pagan…”. A lo que la señora le replicaba que por qué no cobraba más, para responder: “para lo que tocamos….”. Gorgojo era un gran comediante.
Desde mayo del 2022, después de mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo de funcionarias, diputadas, familias y activistas, se establece la Ley de Reparación Integral de Personas Sobrevivientes de Femicidio como Ley de la República. Y como sucede en la realidad costarricense, un error en la redacción de la Ley, impide que uno de los 5 componentes de la misma, se pueda implementar como corresponde. A saber, el subsidio mensual para los hijos e hijas de las víctimas de femicidio. Es tarea de los comediantes hacer las observaciones pertinentes y de alguna forma hacernos sobrellevar esta dificultad.
Lo que no corresponde es que los políticos, con la excusa de que uno de los cinco pilares no se puede implementar, es privar a las familias sobrevivientes de los otros cuatro. Y más aún cuando el acceso preferente a los servicios del Estado, la prioridad en la guarda crianza de las personas familiares maternas de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, las suspensiones de procesos sucesorios a los imputados de femicidio, y la creación de un espacio de memoria colectiva, público y visible para todas las víctimas de femicidio, han sido simplemente ignorados como derechos de las familias sobrevivientes.
Doña Cindy Quesada Hernández ha sido un gran camaleón moral y una muy mala comediante. Ha prometido públicamente en frente de las familias en tres ocasiones atender la prioridad de atención. Y no ha sucedido nada. Ha dicho que el monto de la reparación debe asignarse con base a un criterio de idoneidad socioeconómica y de mérito académico, volviendo el derecho de la reparación en un acto populista electoral de pornografía de la pobreza. Ha dado su palabra de colaborar en el proceso de más de un año para la enmienda de la Ley, “respaldando” el trabajo de las funcionarias del INAMU, las diputaciones, los expertos y las familias, para luego decir que eso no era lo que ella quería y que no lo va a apoyar. Ha salido públicamente en los medios de la caja de resonancia, a decir que la Ley no sirve y que no se puede ejecutar. Pero peor aún, no se ha dignado a tan siquiera divulgar la Ley y sus alcances en el entorno institucional del Estado Costarricense, para que al menos, los funcionarios conozcan los derechos de las familias cuando estas los soliciten.
Ahora recurre al libretito de convertir su falta de empatía, responsabilidad y capacidad y la glotonería de su ego populista en una guerra cultural, en la que necesariamente hay que hacer tierra arrasada de todo lo que se ha construido antes de ella. A pesar del aumento en la violencia contra las mujeres, a pesar del grado de crueldad de esa violencia, a pesar de la normalización y exaltación de esa violencia. A pesar de la Institucionalización de esa violencia.
Según datos del Observatorio de Género del Poder Judicial, hasta el 2022, más de 517 hijas e hijos han quedado huérfanas y huérfanos como consecuencia de los femicidios ocurridos en el país. ¿Quién responde a estos hijos e hijas? ¿Quién ha dado la cara y ha hecho algo para que las familias reciban la justicia y la reparación en el ejercicio pleno de sus derechos? ¿Dónde está el funcionario público de alto nivel que debe defender estos derechos?
Lamentablemente, para lo que toca…