Como profesor universitario he dedicado buena parte de mi vida a enseñar a los estudiantes cómo la investigación de operaciones y la inteligencia artificial (IA) son herramientas capaces de transformar la manera en que resolvemos problemas. A través de ejemplos sencillos —optimizar rutas de transporte, planificar inventarios, anticipar escenarios con modelos matemáticos— muestro cómo la ciencia no es un asunto lejano, sino un recurso cotidiano para vivir y trabajar con mayor eficiencia. Sin embargo, al escuchar las reflexiones de mis alumnos, me he dado cuenta de algo fundamental: si estas herramientas funcionan tan bien en la empresa privada y en la vida diaria, ¿por qué no aplicarlas con decisión en el corazón mismo del gobierno?
La política, tal como se practica hoy, está atrapada en dinámicas lentas, burocráticas y, muchas veces, improvisadas. Los proyectos de ley en las asambleas se enredan en discusiones interminables sin una clara planificación de plazos; el Ejecutivo administra recursos públicos sin contar con simulaciones que anticipen riesgos o cuellos de botella. Lo que falta no es conocimiento, sino voluntad de usarlo. Un simple diagrama de Gantt podría permitir que el país entero viera con transparencia los avances y retrasos de cada propuesta legislativa. Modelos de simulación en Python, respaldados por IA, podrían mostrar con claridad qué efectos tendría una política pública antes de aprobarla. La investigación de operaciones ya dispone de metodologías probadas para asignar recursos de manera óptima en áreas críticas como salud, educación o seguridad.
La pregunta, entonces, no es si podemos hacerlo. La verdadera pregunta es por qué seguimos gobernando con intuiciones y tiempos muertos cuando tenemos la ciencia a nuestro alcance para gobernar con eficiencia y responsabilidad.
Hablar de algoritmos en la política no significa deshumanizar las decisiones, sino dotarlas de mayor rigor y transparencia. Gobernar con algoritmos significa dar el salto de la improvisación a la planificación, de la retórica a la evidencia, de la lentitud a la agilidad. Significa, en definitiva, entender que la eficiencia también es un valor democrático, porque ahorrar tiempo y recursos en el Estado es devolverle dignidad al ciudadano.
A mis estudiantes y a las nuevas generaciones les digo con convicción: ustedes dominan las herramientas que pueden transformar un país. No se conformen con aprenderlas para aprobar un examen. Exijan que el conocimiento se convierta en política pública, que los algoritmos y la investigación de operaciones estén al servicio de una gestión pública que no desperdicie tiempo ni oportunidades. El futuro no se construye con discursos vacíos, sino con decisiones informadas, simulaciones claras y planes ejecutados con rigor.
Hoy más que nunca necesitamos un Estado que comprenda que la ciencia no es un lujo ni un adorno académico, sino la herramienta esencial para construir una democracia ágil, transparente y justa. No podemos seguir permitiendo que el país se desgaste en trámites inútiles, en discusiones sin rumbo o en proyectos que se diluyen en la lentitud del tiempo. Lo que exigimos es un Estado que se mueva con la misma eficiencia que demandamos en nuestra vida diaria, porque cada minuto perdido en la burocracia es un minuto arrebatado al bienestar, al progreso y a la esperanza de la gente. Un país que gobierne con inteligencia, con datos y con visión no solo será más eficiente: será también más humano.