Innegablemente los costarricenses se encuentren alarmados respecto a la ola de homicidios y delitos violentos que están siendo parte de las noticias diarias, es innegable el hecho de que nuestro país atraviesa una profunda crisis de criminalidad y efectivamente, es urgente hacer algo.
Este servidor como policía y estudiante avanzado en derecho, considera urgente permitir un acercamiento objetivo de la realidad actual y el panorama que nos espera.
En primer lugar, nos quejamos mucho de fiscales y jueces, dejando por fuera el hecho de que como estado de derecho ellos deben actuar apegado a las fuentes del derecho, dicho eso, es urgente una revisión y reforma integral del Código Penal, Código Procesal Penal, entre otros; nuestros diputados siguen sin asumir el tema de la transformación integral de las normas penales de este país.
Por otra parte, y no menos importante nuestra institucionalidad ampliamente burocrática posee el Instituto de Criminología, que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz, en mi opinión gran parte de la responsabilidad de lo que sucede en estos momentos recae en las personas que han integrado dicho instituto los últimos 15 años, pues liberan golondrinas sin ningún pudor.
Aunado a lo anterior, Costa Rica carece de una Política Pública que, de dirección en materia de seguridad ciudadana, gobierno tras gobierno pasan ministros incapaces de gestionar una política pública real, sostenible, que integre todos los cuerpos policiales y articule un norte claro.
Carecemos de una Política Pública en Seguridad que unifique y sea producto de un estudio real y técnico de la realidad costarricense, en detrimento, los jerarcas del MSP, siguen en su ineptitud incapaces de buscar dicha política y en cambio viven trayendo modelos desfasados de sistemas policiales, como el colombiano y estadounidense, sin aceptar que la realidad nuestra es muy diferente.
Esta semana pasada como es sabido, el ministro de Seguridad Lic. Jorge Torres, llega en conferencia de prensa y dice que viene con todo para contener la criminalidad y anuncia con pompa que van a cambiar los roles de servicio de los policías adscritos a la Fuerza Pública, y según él ya el tema de los homicidios y la inseguridad se iba a detener, sin brindar un acercamiento real de los estudios técnicos que avalen tal decisión. Violentando criterios de Salud Ocupacional y el reglamento de servicio de los cuerpos policiales, como si esto fuera el feudo de la DIS.
Mal asesorado por el director general de Fuerza Pública, el ministro hace que el presidente incurra en un error y como nunca antes visto, genera con dicha ocurrencia, que los policías de este país reaccionen y se lancen a las calles.
¿Será que Presidencia desconoce que el ministro Torres y los dos viceministros, mantienen asesores de las administraciones pasadas?, no estaría mal si estas hubieran sido buenas administraciones, pero el desastre que deja Michael Soto y la administración Alvarado Quesada, a nivel de seguridad, supera lo imaginable. Entonces, ¿por qué rodearse de lo peor habiendo tanto profesional idóneo para asesorar puestos tan relevantes?
El ministro dejó de lado el hecho que el policía sigue siendo sujeto de derecho, sigue siendo una persona sujeta de emociones, necesidades y especificidades que solo con el lente del trabajo policial se pueden entender.
Señores no es que no se quiere trabajar, las condiciones actuales no permiten que haya posibilidad alguna de que ese cambio de horario se implemente sin causar una afectación directa en la salud mental y física de los policías. No hay armas suficientes no hay patrullas, no hay recursos.
Actualmente tenemos el recurso de patrullas en condiciones paupérrimas, o ya olvidaron el oficial que falleció el año pasado en Limón, ante fallas mecánicas de una patrulla.
Delegaciones insalubres, hacinamiento, varios años con el salario congelado, un gran número de policías supera los 55 años, ya desgastados por años y años de un trabajo tan agotador como el ser policía, exceso de horas de trabajo, no reconocimiento de la jornada nocturna como corresponde, policías que deben viajar más de dos días porque están destacados a cientos de kilómetros de sus hogares, cientos de casos de desintegración familiar, esa es la realidad diaria de nosotros los policías, pero el ministro y sus asesores heredados del gobierno anterior, no la conocen.
Es inaudito que actualmente después de años y años de malas decisiones, sostengan en puestos claves a directores de Fuerza Pública y viceministros de seguridad, que han sido parte de gobiernos inoperantes, es inaceptable que mientras los policías de a pie, deben ver cómo llegar a sus puestos de trabajo con salarios congelados y por el suelo, a los señores directores y subdirectores regionales de Fuerza Pública, se les asigne un chofer personal y una patrulla policial con combustible pagado por los costarricenses, para que los lleve a sus casas y los traiga en cada jornada, a pesar de que la mayoría devengan salarios superiores a los 2.5 millones de colones.
¿Por qué los directores y subdirectores de Fuerza Pública, tanto a nivel general como regional, poseen un trato especial mientras el resto de policías pasa por condiciones paupérrimas?
Es hora que Costa Rica entera dialogue con los y las policías y conozcan la realidad diaria y lo duro que es trabajar en un país donde los que poseen el poder no quieren aceptar que han errado y optan por poner en manos de la policía un problema tan grande.
Es inaudito que sostengan en sus puestos a directores de Fuerza Pública con procesos disciplinarios activos por casos muy serios y nadie en el alto mando alza la voz. Tenemos directores regionales que a la luz de la política de cero tolerancia de casa presidencial ya deberían haber sido cesados, pero ahí siguen, asumo que el señor ministro no ha informado al presidente sobre todos los casos que se manejan a nivel de CGR, auditoria y disciplinario legal, en contra de algunos miembros del alto mando de seguridad pública.
Políticos como el ministro Torres que no se hacen asesorar de forma correcta y se rodean de directores que viven en una zona de confort con salarios millonarios y lujos pagados por el Estado, vienen a debilitar con sus decisiones a la ya vulnerable y debilitada Fuerza Pública de Costa Rica.
Basta ya de que los que tienen el poder dejen de asumir su cuota de responsabilidad y quieran que el gremio policial en condiciones paupérrimas resuelva un asunto tan complejo y delicado. Basta ya, que los policías de abajo, paguen por la clase política y por las pésimas decisiones de los ministros de turno y sus directores.
Es urgente que, sin mirar banderas y posiciones políticas, la clase política de este país busque soluciones reales a partir de propuestas aterrizadas donde se integren a quienes viven la realidad criminal de cerca, es decir a la tropa policial.
Los problemas de Fuerza Pública no son estrictamente un cambio de horarios, son fenómenos institucionalizados que la debilitan y deterioran desde adentro, desde la administración y la ausencia de compromiso real por los gobiernos de turno.
Mi pregunta sería ¿puede un cuerpo policial con todos los fenómenos que la consumen, asumir de forma integral y patriótica una lucha de frente contra la criminalidad? Yo no lo creo.
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