Cada día los heredianos se ponen en riesgo al tener que viajar en autobuses en mal estado, con su vida útil vencida y que no cuentan con revisión técnica, ni pólizas de seguro de responsabilidad civil, requisito que establece el artículo 19, de la ley 3503 que regula el transporte público.
Esa situación la sufren los usuarios que utilizan el servicio de transporte remunerado de personas en la ruta 400B Heredia – San José y viceversa, quienes se encuentran muy preocupados pues consideran que se exponen a graves peligros y urgen qué se les brinde un servicio de transporte de calidad tal y como se lo merecen y se supone les garantiza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Ya varios de esos usuarios han acudido a denunciar la situación. Señalan que reiteradamente le han comunicado a la autoridad competente el grave perjuicio y el inminente riesgo que significa para los usuarios de este servicio público, que la empresa prestataria opere con autobuses cuya vida útil feneció desde el 31 de diciembre del 2022.
Por ejemplo, el señor Carlos Retana envío una nota al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, en su condición de presidente del Consejo de Transporte Público (CTP), entidad rectora del sector.
Al igual, Mauricio Sáenz expresó en una denuncia pública que al menos ocho autobuses se encuentran circulando en la ruta pese a que ya están desinscritos, debido a que su vida útil supera los 15 años y por tanto, según el artículo 46 bis de la ley 7600 no pueden prestar servicio.
Juez frena el cambio
Pero a nuestro entender ya el CTP, mediante un acuerdo, hizo lo que le correspondía al dejar por fuera de la operación de dicha ruta a la empresa Busetas Amarillas, debido a una serie de incumplimientos. Así mismo, tal como lo prevé la ley, abrió un concurso que ganó la empresa TUASA, cuyo servicio comparte recorrido con la firma inhabilitada.
TUASA, según se informó en medios de comunicación, ya tiene listas 48 unidades nuevas y amigables con el ambiente para entrar en servicio de inmediato, tal y como lo exigió el concurso del CTP.
Pero por extraño que suene, un juez contencioso, mediante una medida cautelar provisionalísima, impidió que los buses nuevos iniciaran labores y mantuvo en función las pocas unidades descontinuadas y que no tienen ni revisión técnica alegando “el interés de los usuarios”. Obviamente fue Busetas Heredianas la firma qué interpuso esa solicitud en el Juzgado. Lo hizo un sábado y en horas de la noche, una ya acostumbrada forma de actuar para dilatar los procesos de mejora en los servicios públicos, pues acuden al juez de turno extraordinario.
Es este punto en donde todos nos cuestionamos el papel de estos jueces contenciosos y nos preguntamos: ¿tendrán algún interés? ¿Por qué suspenden la acción del CTP, órgano especializado que entendió que las Busetas Amarillas más bien representan un gran riesgo para los usuarios, además de que brindan un pésimo servicio?
Pero el juez dijo “no” e interpretó que las 48 unidades listas para entrar en servicio son las que atentan contra el interés de los usuarios. Y nos reiteramos otra pregunta: ¿Pueden existir jueces que ignoren la realidad del ciudadano de a pie?
Pero el tema va más allá, pues han pasado semanas de semanas sin que el juez falle, dejando a los usuarios indefensos si ocurre algún accidente o desgracia. Quiera Dios que no sea así.
Y por todas estas razones nuestra pregunta final es: ¿Qué está esperando el juez para resolver?
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